El socialista Sánchez, histérico tras el batacazo del PSOE en Extremadura, maniobra para convocar elecciones generales por sorpresa

Huele a elecciones generales.

Por sorpresa y previsiblemente en la primavera de 2026.

Pedro Sánchez maquina en secreto.

En este tramo final del año, el presidente del Gobierno activa una serie de medidas sociales que parecen una clara señal de precampaña electoral.

Aumentos selectivos para pensionistas, funcionarios y beneficiarios del ingreso mínimo vital impactan a 14 millones de españoles, justo cuando el PSOE enfrenta reveses en las urnas autonómicas y los expertos de La Moncloa sienten un creciente nerviosismo.

La caída en Extremadura, donde el PP ha ganado terreno, ha encendido las alarmas dentro del círculo cercano a Sánchez.

Fuentes del Ejecutivo comentan sobre la desesperación creciente del líder socialista, apodado en algunos círculos como el «marido de Begoña«, debido al cerco judicial que afecta a su esposa.

Este clima de inquietud explica por qué el Gobierno ha incluido la revalorización de las pensiones en un decreto trámite, una estrategia inteligente para protegerla de posibles bloqueos por parte del PP en el Congreso. De este modo, las arcas públicas garantizan un incremento que llegará a millones de hogares antes de que se celebren las elecciones.

Visualicemos la escena: Sánchez, rodeado de sus asesores en La Moncloa, examina encuestas que reflejan un futuro sombrío para 2026.

Las elecciones autonómicas en Aragón, Castilla y León y Andalucía acechan en el horizonte y el Gobierno Frankenstein –un pacto infame de socialistas, independentistas y comunistas– se agrieta.

nadie quiere pagar el pato de las tropelías del marido de Begoña.

El portazo de Junts deja los Presupuestos prorrogados desde 2023, aumentando la presión sobre la familia presidencial. ¿La respuesta? No dimitir, sino contraatacar con cheques electorales disfrazados de generosidad navideña.

Estrategia para preparar el terreno

Este paquete de medidas no surge del azar. Según fuentes filtradas, el Gobierno está impulsando incrementos que afectan directamente a 14 millones de españoles:

• Pensionistas: Revalorización automática mediante decreto, evitando así un debate en el Parlamento donde el PP podría obstruirla.
• Funcionarios: Ajustes salariales que compensen la inflación y fortalezcan la lealtad del sector público.
• Ingreso Mínimo Vital: Aumento para familias vulnerables, un guiño a su base progresista.

Estas acciones son parte de una estrategia para «preparar el terreno electoral», como señalan los analistas. Sánchez es consciente de que un crecimiento económico del 2,9% –un dato oficial del Ejecutivo– es su mejor carta de presentación. Sin embargo, las derrotas regionales lo debilitan. En Extremadura, el PSOE ha perdido fuerza frente a un renovado PP, y los expertos en La Moncloa estiman que sobrevivir hasta 2027 podría resultar en una serie interminable de fracasos autonómicos. Por ello, anticipar elecciones generales podría ser más ventajoso, cuando aún hay votantes que recuerdan las subidas en sus bolsillos.

El toque irónico llega con la situación actual: mientras Feijóo clama por elecciones desde Madrid, Sánchez responde con decretos que parecen extraídos de un manual de magia política. «¿Elecciones? Primero, ¡pensiones para todos!», parece ser el mensaje desde el Palacio de La Moncloa. Esta táctica recuerda maniobras anteriores, como los incrementos del salario mínimo en legislaturas pasadas; sin embargo, ahora están potenciadas ante una palpable desesperación.

Antecedentes de un Gobierno bajo presión

Echemos un vistazo al recorrido hasta esta situación crítica. La legislatura comenzó con la amnistía al procés, un giro inesperado que pasó de ser considerado inaceptable a recibir luz verde casi sin dilaciones. Luego vino la presión judicial: la figura de Begoña Gómez, bajo escrutinio; su hermano implicado y hasta el fiscal general enfrentando condena. A esto se suma el caso Ábalos, cuyo ex colaborador acaba tras las rejas, lo cual supone un duro golpe visual para el sanchismo.

Las encuestas recientes muestran una creciente presión popular. Seis de cada diez españoles piden elecciones anticipadas, aunque muchos creen que Sánchez completará su mandato hasta 2027. Entre los votantes del PP y VOX, un abrumador 90% exige ya urnas. No obstante, el líder socialista se mantiene firme: «Ningún Gobierno convoca elecciones creciendo al 2,9%», repiten sus ministros. Pero la caída en Extremadura cambia las reglas del juego. Los expertos en La Moncloa ven las autonómicas de 2026 como un desafío monumental: un PP estancado pero fuerte, un crecido VOX, y pactos que asfixian al partido socialista.

Aquí entra nuevamente el escenario del llamado Gobierno Frankenstein, dependiente de aliados cada vez más escasos –con Junts marcando distancia–; así es como Sánchez navega cada ley como si caminara sobre una cuerda floja. Ha logrado ganar el 86% de las votaciones en Congreso hasta ahora, pero su desgaste es evidente. La politización judicial, subvenciones a partidos y falta de transparencia electoral –denunciada por informes recientes– alimentan las críticas opositoras. En este contexto complicado, los aumentos sociales son como una tabla salvavidas: benefician a votantes leales y apaciguan críticas sobre la situación del bienestar social.