¡Pillado! La ley obliga a Sánchez a explicar por qué escondió a su hermano músico en La Moncloa

La situación es impactante.

El presidente del Gobierno, quien ha estado protegido tras años de falta de claridad, se ve obligado por una resolución administrativa a explicar por qué su hermano imputado residió en la Moncloa, cuánto tiempo estuvo allí y quién cubrió los gastos. No se trata de una exageración ni de una retórica de la oposición.

Es lo que establece la resolución 2025-1945 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que ha respaldado la petición para que se esclarezca la controvertida estancia de David Sánchez en la residencia presidencial mientras afirmaba vivir en Portugal por motivos fiscales, tal y como adelanta Antonio Naranjo en ‘El Debate’.

En un momento crítico, debido a los escándalos que afectan a su entorno y a su esposa, el presidente se ve obligado a abandonar su habitual táctica de “son solo informaciones periodísticas” y a presentar, con documentación, un episodio que entrelaza familia, poder y recursos públicos. Todo esto ocurre en un contexto político donde un número creciente de votantes, sobre todo entre los jóvenes y mujeres, expresa un fuerte rechazo hacia la figura de Pedro Sánchez, según análisis recientes.

Qué ha decidido Transparencia y qué exige Moncloa

El CTBG ha censurado a la Presidencia del Gobierno por no responder a las solicitudes de información acerca de la residencia de David Sánchez en el complejo de la Moncloa. Este silencio administrativo, común en este tipo de situaciones, se ha encontrado esta vez con un obstáculo legal: el derecho al acceso a la información pública, consagrado en la Constitución, no puede ser anulado simplemente con un “no respondo”.

La resolución ordena a Moncloa proporcionar, entre otros aspectos:

• Las fechas exactas en las que el hermano del presidente fue acogido en la residencia oficial.
• Quién autorizó esa estancia.
• El detalle sobre las visitas recibidas durante ese tiempo.
• Qué medios de transporte públicos se utilizaron (vehículos oficiales, escolta, etc.) y su coste.
• Los registros de entrada y salida de David Sánchez en el Palacio de la Moncloa durante su estancia.
• Una relación detallada de costes, incluyendo manutención, sanidad, seguridad y cualquier otro gasto asociado.

La clave jurídica radica en que el CTBG enfatiza el “evidente interés público” por conocer cómo se utilizan los recursos del Estado cuando involucran a familiares del presidente. Además, recuerda que la Moncloa no es solo “la casa de la familia Sánchez”, sino una sede institucional financiada por todos los contribuyentes.

El contexto: Badajoz, Portugal y una autocaravana en Moncloa

Este caso no surge sin más. Según las indagaciones periodísticas, David Sánchez se trasladó a la Moncloa a finales de 2021 tras regresar de una excedencia en Tailandia y antes de gestionar su cambio de residencia fiscal a Portugal. Este traslado se formalizó en enero de 2022; mientras alegaba residir en un hotel en Elvas para justificar su nueva tributación, realmente pasaba las noches en Madrid, concretamente dentro del complejo presidencial.

A esta intrincada situación se añaden dos elementos:

• Su controvertido puesto público en Badajoz, dentro del Consorcio López de Ayala, objeto de investigación judicial por posible enchufe.
• Su reciente empadronamiento en Portugal, que coincide con su vida práctica en la Moncloa y está bajo sospecha por un posible uso indebido para pagar menos impuestos.

Como detalle casi anecdótico pero políticamente significativo, el músico dejó estacionada durante dos años una autocaravana propia en uno de los aparcamientos del complejo presidencial. Desde Presidencia intentaron minimizar el asunto argumentando que este lugar es “la residencia familiar” del presidente y que no tenían por qué dar explicaciones sobre quién pernocta allí.

Sin embargo, Moncloa tuvo que reconocer que David Sánchez no cubrió sus gastos alimentarios durante su estancia aunque se negó a desglosar los costos específicos. Precisamente ese desglose –cuánto ha costado realmente al erario público esa hospitalidad institucional– es lo que ahora exige Transparencia.

El intento fallido de ocultar el favor y el giro jurídico

En este entramado encaja también la idea de que el presidente, “el marido de Begoña Gómez”, trató de ocultar los detalles sobre el favor hacia su hermano para disminuir el impacto político ante la tormenta judicial relacionada con el “enchufe” en Badajoz y su empadronamiento portugués. La estrategia fue doble:

• Negarse a proporcionar información tanto a los medios como al Senado, donde respondía a las preguntas opositoras con frases como: “El Gobierno no realiza valoraciones sobre informaciones periodísticas”.
• Invocar la supuesta naturaleza “privada” del hogar presidencial para evitar obligaciones informativas.

El fallo del CTBG desbarata esta defensa. La resolución indica que el silencio administrativo de Moncloa “no puede hacer ineficaz el ejercicio del derecho constitucional al acceso a información pública”. En otras palabras: el presidente no puede convertir la sede del Ejecutivo en un espacio intocable cuando se emplean recursos públicos para beneficiar a un familiar imputado.

Este pulso va más allá del caso específico. La misma lógica se aplica a otros episodios controvertidos:

• Los 122 vuelos en Falcon y quiénes fueron los invitados del presidente.
• Los 45.000 euros gastados durante sus últimas vacaciones en La Mareta, así como quienes le acompañaron.
• Los ocultos 88 días de vacaciones que aún permanecen sin revelar al público.
• El expediente relacionado con el rescate estatal a Plus Ultra mediante SEPI.
• Contratos con aerolíneas encargadas del traslado de inmigrantes.

En todos estos casos hay una tendencia común: opacidad inicial seguida por litigios posteriores y resoluciones que obligan al Gobierno abrir sus archivos. En este contexto, desde el entorno presidencial denuncian una “cruzada espuria” orquestada por ciertos medios mientras estos defienden su derecho fundamental a informar.