Los ministros socialistas Montero y Puente cobran 29.000 euros anuales del Congreso por vivienda, a pesar de residir en casas oficiales

Caraduras sin fronteras.

Y en el Gobierno Sánchez, como no podía ser de otra manera.

El periodista Javier Chicote, en una exclusiva para ABC, revela que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, continúan recibiendo unos 29.000 euros anuales del Congreso de los Diputados.

Esta cifra corresponde a una ayuda para vivienda que no tributa, destinada a aquellos parlamentarios electos fuera de Madrid que requieren alojamiento en la capital. Resulta curioso que ambos habiten en casas oficiales proporcionadas por el Ejecutivo, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera necesidad de este complemento económico.

La normativa del Congreso permite esta indemnización a los parlamentarios que mantienen su acta tras asumir un cargo en el Gobierno.

Montero, elegida por la circunscripción de Sevilla, y Puente, por Valladolid, decidieron conservar su estatus como legisladores.

Por ello, reciben 992,31 euros brutos mensuales –lo que suma aproximadamente 13.892 euros anuales distribuidos en 14 pagas–, pero la cifra total mencionada por ABC asciende a 29.000 euros por persona, probablemente incluyendo otros conceptos relacionados con gastos de residencia. Aunque esta práctica no es nueva, contrasta con el discurso oficial sobre austeridad y control del gasto público, especialmente en tiempos de presupuestos ajustados y críticas relacionadas con el incremento de la deuda estatal.

El sistema de indemnizaciones del Congreso fue creado para facilitar el ejercicio del mandato a diputados provenientes de provincias distantes, cubriendo gastos como el alquiler en Madrid. Sin embargo, cuando un parlamentario asciende a un cargo ministerial o se convierte en vicepresidente, el Gobierno les asigna viviendas oficiales ubicadas en zonas privilegiadas como el barrio de Puerta de Hierro o complejos ministeriales. Al no dimitir como diputados tras su nombramiento, Montero y Puente pueden seguir cobrando este plus sin necesidad de justificar su uso concreto. Fuentes parlamentarias apuntan que esta ayuda es libre de impuestos y no requiere facturas, lo que la convierte en un ingreso neto muy atractivo.

No se trata de un caso aislado. El propio presidente Pedro Sánchez, así como otros como Félix Bolaños, también han disfrutado anteriormente derechos similares, aunque Sánchez optó por renunciar a su salario como diputado. La diferencia radica en que tanto Montero como Puente combinan su salario ministerial –que supera los 80.000 euros brutos anuales para un ministro– con dietas y ahora esta ayuda para vivienda. Recientemente, Periodista Digital ha puesto de relieve cómo estos complementos alimentan el debate sobre los privilegios dentro de la clase política, recordando situaciones análogas en legislaturas pasadas donde tanto socialistas como populares fueron criticados por no renunciar a sus actas.

En los últimos días, la controversia ha aumentado coincidiendo con anuncios gubernamentales sobre medidas contra la especulación inmobiliaria. Mientras Montero, al frente del Ministerio de Hacienda, promueve reformas fiscales destinadas a reducir los alquileres en áreas tensionadas, ella misma recibe fondos públicos destinados a un concepto habitacional que parece superfluo. Por otro lado, Puente enfrenta críticas paralelas debido a su gestión en Transportes, especialmente por su negativa a indemnizar retrasos en Renfe, pese a las enmiendas aprobadas en el Congreso.

Repercusiones políticas y económicas

La revelación realizada por Chicote en ABC ha provocado un aluvión de reacciones tanto en redes sociales como entre la oposición política. Desde el Partido Popular ya se habla de “caraduras sin fronteras”, ironizando acerca del hecho de que ministros socialistas predican sacrificio ciudadano mientras acumulan emolumentos considerables. En un momento delicado para el Gobierno, que está negociando la financiación autonómica –con reuniones entre Montero y comunidades para presentar un modelo acordado con ERC– este escándalo merma credibilidad ante los ciudadanos. Comunidades gobernadas por el PP como Castilla y León o Madrid, ven aquí una oportunidad para criticar lo que consideran «maltrato» inverso en el nuevo sistema propuesto.

Desde una perspectiva económica, esos 29.000 euros por persona representan un desembolso público cercano a los 60.000 euros anuales solo para ambos ministros. Si se multiplica esta cifra por otros casos similares potenciales, el coste total para las arcas del Congreso –financiadas por todos los españoles– podría superar varias centenas de miles de euros. Los críticos argumentan que al vivir en casas oficiales valoradas en cientos de miles de euros adicionales, esta ayuda duplica el esfuerzo público sin ofrecer ningún beneficio real a cambio. Además, al ser exenta del IRPF, evade el control fiscal que exige Montero a los contribuyentes privados.

La controversia se suma así a otros frentes abiertos: Puente ha sido cuestionado sobre su falta de aplicación respecto a las enmiendas que obligan a Renfe a compensar retrasos desde 15 minutos; esto podría ahorrar millones a la compañía pública. Mientras tanto, Montero defiende presupuestos con recortes destinados a pensiones o sanidad para equilibrar cuentas públicas pero omite mencionar estos ingresos adicionales recibidos cada año. La oposición reclama más transparencia: ¿por qué no renuncian al acta o devuelven esta ayuda? En medios como El Mundo y Okdiario proliferan voces pidiendo una auditoría general sobre dietas ministeriales.

Para ilustrar mejor este impacto financiero aproximado anual:

Estos datos reflejan retribuciones públicas conocidas y evidencian una brecha significativa entre ellos y un diputado estándar madrileño; además la exención fiscal aumenta aún más la cifra neta recibida mensualmente.