Sánchez busca desesperadamente cómplices para llegar a 2027: ofrece a Junqueras el IRPF y a Puigdemont, las balanzas fiscales y la ‘amnistía’

Está desesperado y se nota.

El socialista Pedro Sánchez ha intensificado los contactos con los independentistas catalanes con el objetivo de asegurar su Gobierno hasta las elecciones de 2027.

En un movimiento decisivo, ha planteado al inhabilitado Oriol Junqueras, líder de ERC, la transferencia del 100% del IRPF a la Generalitat.

Al mismo tiempo, mantiene abiertas las conversaciones con el fugado Carles Puigdemont y Junts para acordar cuestiones sobre balanzas fiscales y avanzar en la amnistía política.

Estas negociaciones tienen lugar en un contexto delicado. El presidente es consciente de que sin el apoyo de ERC y Junts, su aritmética parlamentaria se desmorona.

Fuentes cercanas a los separatidyasd han revelado que el esposo de Begoña Gómez y Junqueras continuarán teniendo «más reuniones discretas, siempre que sea necesario» para desbloquear los compromisos pendientes.

De hecho, ya se han llevado a cabo al menos dos encuentros informales previos cuando las conversaciones sobre financiación autonómica se estancaron.

La batalla por el IRPF: la demanda principal de Junqueras

Junqueras exige la cesión total del IRPF antes de sentarse a discutir los Presupuestos Generales del Estado. «Sin el IRPF ni nos sentamos a hablar de Presupuestos», ha subrayado el líder de ERC en charlas recientes. Este impuesto, que genera alrededor de 25.000 millones de euros anuales en Cataluña, es visto por los republicanos como un primer paso hacia lo que ellos denominan «soberanía fiscal».

Los plazos establecidos no se han cumplido. Sánchez prometió esta cesión en 2023 durante su investidura y la especificó en 2024 para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Sin embargo, el acuerdo inicial para comenzar en 2026 se pospuso hasta 2028 por parte del Govern, y ahora ERC presiona para reactivar una propuesta de ley en el Congreso que fortalezca a la Agencia Tributaria Catalana (ATC).

Fuentes indican que la ATC podría recaudar el IRPF y transferirlo inmediatamente al Estado, gestionando así un total aproximado de 40.000 millones junto con otros impuestos.

A su vez, Sánchez y Junqueras han acordado un nuevo modelo de financiación autonómica que entraría en funcionamiento en 2027. Este contempla:

• Un incremento en la participación catalana en el IRPF al 56,5% (frente al actual 50%) y en el IVA también al 56,5%.
• La asignación adicional de 4.700 millones para Cataluña, lo que representa un 23% del total de 20.975 millones que el Estado aportará.
• El respeto al principio de ordinalidad, asegurando que Cataluña se mantenga como la tercera comunidad autónoma en aportación y ascienda al tercer puesto en recepción de fondos.

Otras comunidades como Andalucía (1.846 millones extra) o la Comunidad Valenciana (3.669 millones) también recibirán beneficios, pero Cataluña busca aprovechar todas las ventajas del nuevo sistema, lo que le posiciona entre las más favorecidas. Se eliminarán fondos opacos como Suficiencia o Competitividad y se creará uno climático dotado con 1.004 millones, destinado principalmente a regiones mediterráneas.

No obstante, Sánchez enfrenta críticas por el ‘cuponazo’ catalán, donde cuatro errores clave lo han dejado mal parado:

1. Retrasos en el IRPF: Inicialmente prometido para 2026, ahora se discute contra reloj.
2. Carencia de balanzas fiscales completas: Junts critica la falta de transparencia sobre datos del aeropuerto del Prat o del puerto de Barcelona.
3. Amnistía parcial: Se aplica solo a 500 personas, excluyendo a Puigdemont y exiliados como Lluís Puig o Toni Comín.
4. Incumplimientos diversos: No hay oficialidad del catalán en la UE ni traspaso de competencias sobre inmigración; tampoco se ha desclasificado completamente documentación del CNI relacionada con los atentados de 2017.

Este «cuponazo» ha generado fricciones notables. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se vivieron momentos tensos, ya que la mayoría de comunidades rechazaron este modelo, excepto Cataluña. La ministra María Jesús Montero sostiene que no está diseñado solo para Cataluña, aunque las críticas provenientes del PP y otras autonomías cuestionan esta afirmación.

Puigdemont y las balanzas: otro frente abierto

Con Junts, el Gobierno persigue establecer un modelo claro sobre balanzas fiscales que detalle cuánto dinero sale de Cataluña sin retorno. Puigdemont insiste: «¿Cómo negociamos Presupuestos sin ese cálculo?». Sánchez reconoció incumplimientos en diciembre y trabaja en una metodología «más cercana a la realidad». Además, Junts reclama la publicación urgente de cifras sobre ejecución presupuestaria para 2024 así como datos sobre infraestructuras esenciales.

La amnistía política es una carta importante en esta negociación. Todo depende ahora del fallo del TJUE, previsto para febrero o marzo de 2026. El abogado general europeo mostró una postura favorable, argumentando que no perjudica intereses económicos europeos. Si el tribunal mantiene este criterio (como ocurre en aproximadamente el 80% de los casos), el juez Pablo Llarena del Supremo debería levantar las medidas cautelares contra Puigdemont, permitiendo así su regreso tras ocho años fuera del país. Moncloa confía en que esto apacigüe a Junts y facilite una reunión entre Sánchez y Puigdemont para sellar apoyo a los Presupuestos.

Sin embargo, hay riesgos considerables involucrados. La Comisión Europea catalogó esta ley como «autoamnistía», contraria al Estado derecho. Si el TJUE falla desfavorablemente, las reuniones confidenciales con Junqueras no serían suficientes. Puigdemont podría sentirse presionado por Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols, quien le roba votos según sondeos; esto podría llevarle incluso a forzar elecciones generales antes del otoño de 2026, justo antes de las municipales previstas para 2027. Junts rechaza presentarse a estas generales si Aliança no consolida su presencia localmente antes.