El Gobierno Sánchez cancela por miedo al abucheo el funeral de Estado e intenta manipular a las víctimas de la tragedia de Adamuz

Aumenta cada hora el número de víctimas de la tragedia de Adamuz que censuran públicamente la actuación del Gobierno Sánchez, al que consideran culpable del devastador accidente de trenes ocurrido hace ocho días.

Proliferan asimismo en las redes los llamamientos a organizar una concentración en Huelva contra el Ejecutivo, lo que hacía prever un acto de protesta que —en opinión de los gurús propagandísticos de La Moncloa— empañaría el homenaje oficial.

Y al menos dos familiares de víctimas y heridos han expresado abiertamente su rechazo a un funeral de Estado laico como el que estaba previsto celebrarse.

Resulta pasmoso que el Gobierno hurte la verdad y confunda a los afectados y sus familias hasta el punto de suspender el funeral de Estado. Pues lo ha hecho.

La decisión de «posponer la celebración» solo puede entenderse como una maniobra para diferir las previsibles manifestaciones de repulsa que Moncloa quiere evitar a toda costa.

La realidad es que cada vez son más los que hacen directamente responsable a Óscar Puente —el hombre de Sánchez— de una desastrosa incompetencia, acreditada en una negligente imprevisión, una tardía respuesta a la emergencia y unas insuficientes medidas correctivas.

Versión más limpia y con énfasis selectivo (si prefieres menos cursivas/negritas, dime y la ajusto):

Aumenta cada hora el número de víctimas de la tragedia de Adamuz que censuran públicamente la actuación del Gobierno Sánchez, al que consideran culpable del devastador accidente de trenes de hace ocho días.

Proliferan en las redes los llamamientos a organizar una concentración en Huelva contra el Ejecutivo, lo que hacía prever un acto de protesta que —según los gurús de La Moncloa— empañaría el homenaje oficial.

Al menos dos familiares de víctimas y heridos han rechazado abiertamente el funeral de Estado laico previsto.

Resulta pasmoso que el Gobierno hurte la verdad y confunda a los afectados hasta el punto de suspender el funeral de Estado. Y lo ha hecho.

La decisión de «posponer» la celebración solo puede interpretarse como una maniobra para evitar a toda costa las previsibles manifestaciones de repulsa.

La realidad es que cada vez son más los que responsabilizan directamente a Óscar Puente —el hombre de Sánchez— de una desastrosa incompetencia: negligente imprevisión, tardía respuesta a la emergencia e insuficientes medidas correctivas.

Arrastrando los pies

El pasado domingo, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía anunciaron que se aplazaba el homenaje de Estado programado para el 31 de enero en Huelva.

La justificación del Ejecutivo era clara: tras contactar con «una amplia mayoría de las familias de las víctimas», se determinó que «a un número significativo de ellas les sería imposible asistir» al acto.

Desde La Moncloa también añadieron que muchas otras «prefieren que se celebre más adelante». En teoría, esta decisión parecía responder a criterios de sensibilidad y logística. Sin embargo, en los últimos días han surgido testimonios de familiares que cuestionan abiertamente esta versión oficial.

Varios allegados a las víctimas han afirmado públicamente que nunca comunicaron al Gobierno su imposibilidad de asistir.

Algunos incluso han revelado que recibieron llamadas del Ejecutivo en las que manifestaron su firme rechazo no solo a la fecha propuesta, sino al concepto mismo del funeral laico. «Me han llamado del Gobierno y les he dicho que ellos son responsables de la muerte de mi hermano y que no asistiremos ni ahora ni nunca», ha declarado uno de los familiares, evidenciando una frustración creciente desde la tragedia. Esta narrativa contrasta notablemente con la imagen oficial del Gobierno, que se presenta como atento a las necesidades de los dolientes.

El rechazo al funeral laico como factor determinante

Lo que el Ejecutivo ha presentado como un simple inconveniente de agenda parece ser, en realidad, una cuestión mucho más profunda. El rechazo por parte de numerosas familias no se limita a la fecha del 31 de enero; va directamente dirigido hacia el carácter laico del acto. Mientras el Gobierno defendía un homenaje libre de elementos religiosos —una decisión ya polémica en tragedias pasadas como la Dana—, muchos allegados a las víctimas exigían una ceremonia que honrara sus convicciones católicas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las primeras en criticar públicamente esta opción, pidiendo al arzobispo de Madrid que celebrara una misa funeral en la catedral de la Almudena. El Arzobispado respondió afirmativamente, programando la ceremonia para el 29 de enero a las 19:00 horas en la catedral de Santa María la Real de la Almudena. Al mismo tiempo, en Córdoba se llevó a cabo una misa funeral masiva en Adamuz, presidida por el obispo local, monseñor Jesús Fernández, donde se reunieron representantes políticos, familiares y vecinos. Estos actos religiosos han demostrado ser lo que realmente anhelaban los dolientes.

La crítica desde la opinión pública

El columnista Alfonso Rojo ha sido especialmente incisivo en su análisis sobre esta situación, tildando el funeral laico como un «esperpento» similar a «bautizos agnósticos» o «primeras comuniones sin fe». Su crítica no solo aborda el carácter del acto; también cuestiona la lógica misma del Gobierno al intentar imponer una ceremonia desacralizada ante una población mayoritariamente católica. Rojo ha señalado cómo países como Francia, pese a su fuerte tradición laica desde 1905, aún mantienen misas solemnes en funerales estatales presidenciales. En contraste, en Estados Unidos siempre se adaptan las exequias presidenciales a las creencias del fallecido.

La indignación entre los allegados a las víctimas ha trascendido lo privado. Algunos familiares han expresado su intención de formar una asociación para canalizar su frustración y exigir responsabilidades. Esta movilización refleja una creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, alimentada tanto por lo sucedido durante el accidente como por lo que perciben como manipulación emocional por parte del Gobierno.

El patrón histórico de instrumentalización

Este fenómeno no es nuevo. Durante más de dos décadas, el Gobierno ha sido acusado repetidamente de aprovechar tragedias y crisis para movilizar políticamente a la sociedad contra sus opositores. Desde el Prestige hasta el 11-M, pasando por Excalibur y otros episodios críticos como la gestión del covid-19, existe un patrón claro: mientras apela a la «unidad», simultáneamente utiliza el impacto emocional para polarizar aún más el debate político. En relación con Adamuz, el aplazamiento del funeral podría interpretarse como otro capítulo dentro de esta estrategia donde se ajusta la narrativa oficial según conviene a los intereses gubernamentales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha estado particularmente activo tratando temas relacionados con las causas del accidente. Mientras algunos investigadores apuntan a una posible rotura en las vías ferroviarias, Puente ha desmentido categóricamente informaciones que sugieren que había tramos antiguos mezclados con nuevos materiales; calificando tales versiones como «un bulo enorme». No obstante, esta lucha por controlar lo ocurrido ha reforzado la percepción entre muchos ciudadanos sobre cómo al Gobierno le interesa más cuidar su imagen que ofrecer transparencia real.

Ceremonias religiosas como respuesta ciudadana

Mientras el Ejecutivo intenta reorganizar el calendario para homenajes futuros, las comunidades locales han tomado cartas en el asunto por su cuenta. La misa funeral celebrada en Adamuz reunió a un gran número de vecinos y autoridades locales y logró conectar profundamente con el dolor colectivo.

Durante esta ceremonia, el obispo dio gracias a «los buenos samaritanos» locales por su dedicación hacia las víctimas durante los momentos más difíciles tras la tragedia.

La celebración organizada en Almudena por Ayuso representa una alternativa institucional respetuosa con las creencias religiosas presentes entre los dolientes. Ambos actos han generado respuestas emocionales genuinas y han contrastado con lo que muchos consideran frialdad e incomprensión hacia sus sentimientos respecto al funeral pospuesto. Esta dicotomía indica un error estratégico por parte del Gobierno al intentar imponer un enfoque secular cuando gran parte de las familias buscaba consuelo dentro del marco religioso tradicional.

La tragedia ocurrida en Adamuz no solo ha expuesto vulnerabilidades dentro del sistema ferroviario español; también ha sacado a relucir tensiones existentes entre el Gobierno y los ciudadanos.

A medida que avanzan lentamente las investigaciones sobre lo ocurrido y permanecen oscuras algunas causas del accidente, esta percepción generalizada sobre manipulación alrededor de los homenajes solo aumenta desconfianza hacia quienes deberían ofrecer apoyo genuino. Las familias afectadas por este trágico evento no solo lloran sus pérdidas; también experimentan incomprensión ante un Ejecutivo más preocupado por manejar narrativas mediáticas que por acompañar auténticamente su dolor.