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CORRUPCIÓN EN HACIENDA

Anticorrupción se querella contra el ex ‘tres’ de Montero por cobrar mordidas a cambio de archivar pleitos de Hacienda

Nueve meses de una investigación secreta y en profundidad

Periodista Digital 23 Mar 2026 - 08:32 CET
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Roban todos.

Y a manos llenas.

La Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo la presentación de una querella formal contra José Antonio Marco Sanjuán, quien fuera presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

al, que afecta a Marco Sanjuán y a otros quince implicados, se produce después de nueve meses de una investigación mantenida bajo secreto y coloca al ex alto cargo en el centro de un escándalo de corrupción que ha causado un verdadero revuelo político en el Ministerio de Hacienda, bajo la supervisión de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

Esta querella es una exclusiva del periodista Alejandro Entrambasaguas, quien ha seguido con lupa cada detalle del caso a través de una serie de reportajes investigativos publicados en ‘El Debate’.

Las informaciones reveladas por este medio han sido clave para que la Fiscalía Anticorrupción iniciara diligencias tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias. La investigación judicial se basa precisamente en las revelaciones hechas por este periódico, que destaparon un entramado de presuntos sobornos, pagos en efectivo y mecanismos diseñados para ocultar las operaciones ilegales.

Quién es José Antonio Marco Sanjuán

José Antonio Marco Sanjuán es un funcionario con más de treinta años en la administración tributaria española. Su nombramiento como presidente del TEAC en 2018 fue resultado de una relación cercana y de confianza con la ministra de Hacienda, tanto a nivel político como personal. Antes de asumir este cargo, Marco Sanjuán presidió durante diez años el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, donde ya habría llevado a cabo prácticas corruptas similares. Su perfil técnico y su amplia trayectoria en el ámbito tributario lo hacían parecer un candidato adecuado para liderar un órgano tan crucial encargado de resolver recursos presentados por grandes contribuyentes ante sanciones impuestas por la Agencia Tributaria.

El modus operandi: dinero en sobres y encuentros discretos

De acuerdo con los hallazgos investigativos, Marco Sanjuán participó activamente en la resolución de expedientes tributarios significativos, utilizando su influencia para anular sanciones millonarias impuestas a empresas. El eje central de la investigación se basa en la sospecha de que ciertos procedimientos eran archivados o resueltos favorablemente tras el pago en efectivo. Estos pagos nunca se realizaban mediante transferencias ni otros métodos rastreables, sino exclusivamente en metálico, complicando enormemente su seguimiento.

Uno de los episodios más destacados documentados involucra el pago de cien mil euros por parte de un empresario a Marco Sanjuán a cambio de cancelar una reclamación fiscal. Estas transacciones se llevaban a cabo durante encuentros organizados en la cafetería de un hotel cercano a su despacho oficial, ubicado en la calle Panamá de Madrid. Un lugar discreto, sin cámaras visibles y lo suficientemente neutral como para no levantar sospechas. En uno de esos encuentros, el empresario mencionó que Marco le solicitaba dinero con frases como: «Dinero. Ahora me dice: ¿Cuándo quedamos a tomar un café?» Las citas eran concertadas con cautela para evitar ser seguidos, cambiando frecuentemente los lugares y horarios para no dejar rastro. El ex alto cargo incluso ajustaba sus citas dependiendo si sospechaba estar siendo vigilado.

Un sistema de reparto entre cómplices

Lo más alarmante es que Marco Sanjuán no se quedaba con todo el dinero recibido. En sus conversaciones con el empresario, dejaba caer mensajes como: «Me tienes que dar porque los demás ya han cobrado todos», sugiriendo así que había más personas dentro del Ministerio de Hacienda al tanto o involucradas en estos actos. Esta afirmación refuerza la idea de que existía una operativa organizada y sostenida en el tiempo, lejos del carácter aislado que podría parecer.

Los sobornos no eran incidentales; respondían a una relación prolongada relacionada con diferentes expedientes. El empresario indicó que Marco Sanjuán tomaba constantes precauciones para no ser descubierto, variando horarios y ubicaciones según sus sospechas sobre posibles seguimientos. Estas conductas evidencian un sistema criminal bien estructurado y plenamente consciente del carácter ilegal de sus acciones.

El entramado de testaferros y sociedades instrumentales

Durante su tiempo al frente del tribunal regional en Castilla y León, Marco Sanjuán ya utilizaba métodos más sofisticados para encubrir sus beneficios ilícitos. Los pagos no siempre eran directos; a menudo se canalizaban a través de un entramado empresarial vinculado a Investment Betancunia SL, sociedad perteneciente al propio ex alto cargo. En sus inicios, él mismo emitía facturas directamente a las empresas favorecidas por sus decisiones; sin embargo, con el tiempo esta estrategia evolucionó hacia un esquema donde intervenían terceros.

Dos colaboradores cercanos, Enrique Lahera Tomos y Gonzalo Perdrix Ezequiel, emitían facturas dirigidas a las empresas beneficiadas para luego transferir esos montos hacia la estructura vinculada al número tres del equipo ministerial encabezado por Montero. Este mecanismo permitía distanciar formalmente los pagos del cargo público implicado mientras mantenía intacta la conexión económica. Entre los casos documentados se encuentran empresas como Discomtes Valladolid SL, a la cual se le levantó una multa superior al millón de euros; así como Refinería Olmedo SA, asociada a la azucarera Acor, que recibió una sentencia favorable tras presentar un contencioso frente a Hacienda reclamando 1,2 millones.

La defensa de Montero y la reacción política

La difusión pública sobre estos hechos desató una tormenta política considerable. Marco Sanjuán presentó su dimisión el 25 de junio de 2025, aunque inicialmente intentó resistir ante las presiones crecientes. En una grabación desvelada por El Debate, se escucha al ex alto cargo afirmar: «Lo que no puedo hacer es entregarme como si fuera yo el culpable. No, no, no, lo siento mucho», convencido todavía entonces sobre su capacidad para salir avante. También lanzó una advertencia sutil: «Un día me enteraré de quién ha pasado la información».

A pesar del escándalo inicial, desde el comienzo el Ministerio de Hacienda mostró su respaldo hacia él. La propia María Jesús Montero defendió públicamente su gestión y rechazó cualquier irregularidad al calificar las informaciones publicadas por El Debate como «mentiras y fango». Por su parte, el secretario estatal del ramo fiscal, Jesús Gascón, aseguró ante el Senado que no existían indicios suficientes que justificaran las acusaciones y respaldó abiertamente al hasta entonces presidente del TEAC.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, exigió explicaciones reiteradamente durante varias sesiones en el Congreso. De hecho, mostró a Montero una captura antigua publicada por El Debate preguntándole directamente: «¿Se refería usted cuando dijo que ya han cobrado todos?» Tellado también solicitó responsabilidades políticas por el nombramiento y permanencia continuada de Marco Sanjuán en su puesto.

Las penas que enfrenta

El delito relacionado con cohecho puede acarrear penas privativas de libertad que ascienden hasta seis años; además incluye multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos o desempeñar funciones administrativas. La querella también investiga otros delitos como prevaricación, malversación o tráfico influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) ha estado rastreando durante meses los bienes patrimoniales pertenecientes a Marco Sanjuán tras detectar importantes irregularidades; mientras tanto, el Ministerio Público permanece atento al informe definitivo elaborado por esta unidad desde hace meses.

Lo más revelador es que Marco Sanjuán mantenía registros detallados sobre cuánto dinero había recibido como sobornos e incluso llegó a acordar entregar un piso como parte ilegalmente pactada con otro empresario también con asuntos pendientes ante Hacienda. Un detalle significativo que pone aún más luz sobre la naturaleza sistemática y premeditada detrás sus acciones.

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