Otra bofetada a las mentiras de Pedro Sánchez: Francia deroga las Zonas de Bajas Emisiones

Francia acaba de arrear una sonora bofetada a una de las mentiras que más ha repetido el Gobierno para justificar prohibir a la gente circular libremente con sus coches.

En España, en mayo de 2021 y con la abstención del Partido Popular y el voto en contra de VOX, el Gobierno aprobaba la Ley de Cambio Climático por la que, entre otras cosas, se obligaba a que 150 ciudades de más de 50.000 habitantes impidieran a la gente circular libremente con sus coches.

La excusa empleada por el Gobierno fue que la Unión Europea obligaba a establecer esta prohibición, lo cual era falso. Y es que Bruselas sólo establece que la calidad del aire tiene que estar dentro de unos parámetros concretos. Y luego cada país decide de qué forma cumple esos objetivos. Prohibir que las personas se muevan con sus vehículos por determinadas áreas de núcleos urbanos fue un conejo que se sacó de la chistera el Gobierno para avanzar en su agenda ideológica de restringir el uso del automóvil particular.

Este miércoles, el país vecino ha demostrado una vez más que el Derecho comunitario no obliga a cercenar la libertad de movimiento en coche de los europeos y ha asestado un duro golpe a la agenda climática. El Senado francés ha aprobado la derogación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) con un resultado de 224 votos a favor frente a 100 en contra, culminando así un proceso que comenzó en la Asamblea Nacional con una mayoría de 98 votos a favor y 51 en contra.

Lo que hace apenas cinco años se presentaba como un modelo a seguir en políticas urbanas restrictivas de la libertad de circulación se desmorona ahora gracias a una inusitada coalición política: el partido patriótico de Le Pen, los conservadores de Los Republicanos, algunos sectores de la izquierda radical y hasta varios diputados del propio bloque centrista de Macron. Y es que prohibir a la gente moverse con sus coches en razón de su antigüedad, perjudica a las clases menos adineradas que no tienen capacidad económica para comprar un vehículo nuevo.

La propuesta, promovida por el diputado de la Agrupación Nacional Pierre Meurin desde 2022, ha conseguido lo que parecía poco menos que un milagro hace unos meses. Las ZBE, símbolo de la ideología climática desde su implementación en 2019 en ciudades como París, Lyon y Grenoble, desaparecen del marco legislativo. Con su supresión se va también el distintivo ecológico Crit’Air -el equivalente en España a las etiquetas de la DGT-, ese sistema de códigos de colores que clasificaba los vehículos según sus emisiones y que impedía moverse libremente con sus coches a millones de personas.

La ministra francesa de Ecología, Agnès Panier Runacher, intentó salvar al menos las ZBE en París y Lyon,  pero su propuesta fue rechazada. Este revés resalta el considerable rechazo parlamentario hacia una medida que debería contar con apoyo generalizado dentro de una agenda climática. Lo ocurrido en Francia sirve como recordatorio: cuando se prohibe o dificulta un derecho básico como es el de la libertad de movimiento como la excusa del medioambiente, las políticas ambientales son vistas como punitivas para ciertos grupos sociales.

¿Y en España?

En nuestro país, este cambio francés provoca una tensa situación política. El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez mantiene una postura firme a favor de las ZBE como herramienta clave en su política urbana, encaminada a restringir el uso del automóvil particular incluso si se trata de coches eléctricos. No en vano, el propio Gobierno ha publicado en redes sociales que su concepto de movilidad pasa por imponer el transporte público, la bicicleta y la peatonalización y la restricción al máximo del uso del automóvil privado.

Una política que choca claramente con varios artículos de la Constitución Española. El artículo 19 de nuestra Carta magna deja claro que «los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional«. Y el artículo 132.9 reitera que «ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español».