Extremadura: Guardiola se apresta a aceptar condiciones de VOX, que rechazó airada en la frustrada negociación de los presupuestos

A la fuerza ahorcan.

Y a veces es mejor callar y que piensen que eres tonto, que ponerse a hablar y los otros lo confirmen.

Algo así debe de estar pensando a estas horas los populares extremeños.

María Guardiola, quien ejerce como presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, ha tomado un rumbo más pragmático después de las elecciones del 21 de diciembre de 2025.

El martes, se puso en contacto con Óscar Fernández, candidato de Vox, para explorar un posible acuerdo de investidura.

La conversación fue amigable y ambos acordaron profundizar en un documento de 206 medidas que Vox presentó previamente para negociar los presupuestos de 2026, el cual Guardiola había rechazado por considerar que algunas propuestas infringían la legalidad.

Ahora, el Partido Popular extremeño está trabajando sobre ese mismo documento como base para alcanzar un «gran acuerdo» que priorice la estabilidad regional.

Según Guardiola, no se trata simplemente de repartir cargos, sino de implementar políticas que fomenten el crecimiento y el bienestar de los extremeños. «Pensar solo en Extremadura», repite con firmeza, mientras defiende su autonomía frente a Madrid y solicita lo mismo a VOX.

La gestora del PSOE en Extremadura, encabezada por José Luis Quintana, ha descartado cualquier posibilidad de abstención desde el primer momento.

«Sería un fracaso que Guardiola nos solicitara ayuda; no se la vamos a ofrecer», afirmó Quintana, estrecho colaborador de Pedro Sánchez.

Esta postura cierra las puertas a una alianza tripartita o pacto con los socialistas, como sugirió alguna vez Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y acelera el acercamiento entre Guardiola y VOX.

Las líneas rojas de VOX: ideología de género, migración y ley LGTBI

Vox tiene claras sus exigencias; muchas son consideradas líneas rojas por Santiago Abascal. Entre sus demandas figura la derogación de la ley LGTBI extremeña, aprobada en 2015 bajo el mandato del PP presidido por José Antonio Monago. También solicitan eliminar subvenciones a asociaciones vinculadas con la ideología de género, así como a sindicatos como UGT y CCOO, además de la patronal (Creex) y cooperación internacional.

En cuanto a política migratoria, proponen medidas severas: ayudas contra el fraude en empadronamientos, programas para reintegrar inmigrantes a sus países de origen, eliminación de plazas para menores extranjeros no acompañados y pruebas obligatorias para verificar edades. También rechazan subvenciones que fomenten lo que consideran «inmigración ilegal».

Otras exigencias significativas hacen referencia a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo, que Vox pretende rechazar al considerarlos limitantes para el sector agrícola. Quieren reducir la burocracia en este ámbito, imponer controles sanitarios rigurosos sobre productos provenientes de África y China y eliminar la ecotasa de Almaraz, que aporta 90 millones anuales a las arcas regionales.

Guardiola ya advirtió que algunas propuestas son «inasumibles», pero ahora se muestra dispuesta a estudiar posibles modulaciones. En 2023, cuando Vox formó parte del pacto presupuestario, se recortaron un 10% las subvenciones a sindicatos (de 633.923 euros pasaron a 569.700 euros por entidad). ¿Se repetirá esta dinámica con más cesiones?

Plazos ajustados y el riesgo de nuevas elecciones

El tiempo apremia. Este sábado se publicará el decreto para constituir la Asamblea el 20 de enero. Hay un mes hasta la investidura; si no se logra formar gobierno, habrá nuevas elecciones en Extremadura.

Guardiola está convencida de que es necesario cerrar pronto este acuerdo: «Extremadura no puede detenerse; necesita presupuestos para avanzar». El PP cuenta con 28 escaños y Vox con 11; juntos alcanzan la mayoría absoluta (65). A pesar del recuento del voto CERA que otorgó al PSOE un diputado extra en Cáceres, Guardiola sostiene que «no cambia nada».

Hasta ahora, Vox no ha solicitado ni la Presidencia de la Asamblea ni consejerías; aunque en 2023 pidieron hasta tres y acabaron obteniendo una (Mundo Rural), que dejaron al año siguiente. Con sus actuales 11 diputados, su influencia ha aumentado considerablemente.

Exigencias adicionales: desde impuestos hasta tauromaquia

El documento presentado por Vox abarca una amplia gama de temas. En materia fiscal, proponen rebajas en el IRPF autonómico (15% y 16,5% en tramos altos), así como eliminar impuestos sobre sucesiones y transmisiones o aprovechamiento cinegético en situaciones excepcionales.

En sanidad y educación plantean aumentar el número de médicos rurales, mejoras salariales y eliminar el registro de objetores al aborto; además proponen ayudas a iniciativas pro-vida y natalidad. En cuanto a vivienda: planean construir 5.000 viviendas protegidas hasta 2030. Y respecto a agricultura: quieren impulsar el regadío en Tierra de Barros. En cultura piden también un museo dedicado a la tauromaquia en Mérida.

Guardiola prometió reducir gradualmente la ecotasa (15,5 millones en 2027 hasta llegar a 45 millones en 2029). ¿Aceptará eliminar subvenciones sindicales o derogar la ley LGTBI? Fuentes del PP mencionan «cesiones selectivas», pero Vox insiste en mantener su propuesta integral.

Este tira y afloja recuerda situaciones pasadas: en 2024 lograron pactar unos presupuestos con recortes mínimos. Ahora bien, ante una investidura crucial ¿cederá María Guardiola ante demandas que antes calificó como «bancarrota»?

Para ilustrar las prioridades establecidas por Vox, aquí se presenta una tabla con sus exigencias fundamentales distribuidas por áreas:

Otras propuestas incluyen apoyo a asociaciones pro-vida, creación del museo taurino e implementación de las mencionadas 5.000 viviendas protegidas. La ascensión electoral de Vox es notable: han pasado de obtener 5 escaños inicialmente a contar ahora con 11.

En el PSOE, los miembros gestionando Extremadura consideran esto como un «fracaso» propio; sin embargo su negativa pavimenta el camino hacia una alianza entre populares y voxistas. ¿Lograrán llegar a un acuerdo antes del próximo 19 de febrero?

Para finalizar con algunas curiosidades: es interesante recordar que fue un PP conservador quien impulsó la ley LGTBI extremeña en 2015; hoy VOX busca derrogarla.

En 2023 ya rechazaron su consejería rural por considerarla insuficiente.

Y aunque solo hubo una diferencia mínima (300 votos) salvando así un escaño al PSOE gracias al voto CERA… eso no altera significativamente el panorama actual.

¿Son estas ironías navideñas parte del juego político extremeño? Sin duda despiertan gran interés.