La gran obsesión son las elecciones del 20-N. Las encuestas -incluidas las del oficialista CIS y las que pagan diarios afines como ‘Público‘, ‘El Periódico de Catalunya‘ y ‘El País‘- dan casi por deshaucidado a Alfredo Pérez Rubalcaba.
La única esperanza del maquiavéñico candidato socialista es ya movilizar en masa a ese sector de la izquierda, que desprecia al PSOE y detesta al PP.
Esos votos ‘volátiles‘ están en el 15-M, en los antisistema, los okupas, los fanáticos ‘laicistas’ y yerbas similares. Y pensando en eso, de acuerdo con Rubalcaba, el Ministerio del Interior de Antonio Camacho trata de evitar cualquier tensión con el Movimiento 15-M y los autodenominados indignados.
Por este motivo, tras las cargas de la Puerta del Sol, quiere un trato diferente; un trato privilegiado para los integrantes de estos movimientos que se manifiestan continuamente en el centro de Madrid sin cumplir los trámites legales establecidos.
Según revela Fernando Lázaro en El Mundo, citando fuentes policiales, tras las cargas de la semana pasada, las órdenes oficiales son «aflojar» el control policial contra los indignados.
Incluso por escrito, las Unidades de Intervención Policial (las conocidas como antidisturbios) han sido requeridas para que, pese a que las concentraciones convocadas por estos movimientos no sean legales, no se actúe contra ellos, no se les reclame siquiera las identidades a los que organicen o participen en las algaradas.
EL MINISTRO DE RODILLAS
Todo lo anterior explica, en opinión de los sindicatos policiales, la actitud ‘genuflexa‘ del ministro Camacho y de la Fiscalía, que han abierto experiente a varios agentes y que han dejado durante meses que en la calle se insulta, agreda, escupa y vitupere impunemente a los antidisturbios.
Antonio Camacho argumenta que los excesos policiales «repelen» a todos y afortunadamente también a la policía«, y trata de cubrirse diciendo que sería «injusto» que se juzgase el comportamiento de este cuerpo en los últimos meses por la «extralimitación» de algunos.
Así se ha referido Camacho, en declaraciones a la Cadena Ser, al expediente incoado por falta grave a tres agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) -antidisturbios- por su actuación el pasado día 18 de agosto de 2011 en la Puerta del Sol.
A juicio del ministro, las imágenes grabadas en las que se ve cómo un agente abofetea a una joven y después éste y otros policías propinan en el suelo patadas a un fotógrafo, justifican «sin ningún género de duda» la apertura de dicho expediente disciplinario.
Además, ha recordado que durante los últimos meses los agentes han estado sometidos a jornadas de trabajo muy largas y en condiciones de tensión importante que también se ha visto en imágenes en las que se ve que les han insultado y se ha ejercido fuerza contra ellos.
«En la medida en que son 150.000 agentes, juzguémosles por el buen dispositivo de la visita del Papa, por el esfuerzo que ponen a diario, por ser buenos servidores y exijámosles responsabilidad pero no por la extralimitación de algunos».
Autorización de la marcha laica
Camacho ha defendido también la autorización de la celebración el pasado día 17 de la marcha laica, tras la que hubo enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios por su coincidencia en la puerta del Sol con peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
En opinión del ministro, era «esencial» para nuestra democracia que todos pudieran expresar al mismo tiempo sus ideas, aunque estas sean contrapuestas, tras lo cual ha matizado que los problemas generados a raíz de esta manifestación en Sol fueron ocasionados por «radicales con actitudes violentas«.
LOS SINDICATOS POLICIALES CRITICAN AL MINISTERIO
La decisión del Ministerio del Interior de abrir expediente disciplinario por falta grave a tres agentes por extralimitarse al cargar en la marcha laica no ha sentado nada bien a los sindicatos policiales.
El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha Asegurado que los políticos «nunca son responsables de nada» y que siempre pagan «los que están en la calle y obedecen» órdenes.
Perdiguero ha opinado que la decisión del Ministerio del Interior «demuestra que los políticos nunca tienen la responsabilidad de nada» y que el culpable «siempre es el que está en la calle y hace lo que mandan ellos».
«Por su inacción, por no mandar, por no aplicar la ley… somos nosotros los que al final lo pagamos, a los que sancionan. Eso demuestra al final que, por la desidia de los políticos, lo fácil es sancionar a la buena de dios, aplicar el régimen disciplinario por las presiones sociales de según qué gente».
Además, ha reprochado a los responsables del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Policía que, «a fecha de hoy, nadie haya hecho nunca nada por defender» a los agentes.
«En cuatro meses, con todo lo que hemos aguantado –escupitajos, agresiones– y con 40 agentes heridos, nadie del Ministerio o de la Dirección General nos ha defendido».
Así, ha concluido que esta actitud «demuestra que con unos se corre mucho para sancionar, pero otras veces no se hace».
Cesión a la presión
Felipe Brihuega, secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha apuntado a que el Ministerio que dirige Antonio Camacho «ha cedido ante la presión mediática» y ha recordado que también hubo gente que se «extralimitó» con los agentes.
En su opinión, «no es justificable pero sí es entendible» que en un momento dado haya habido agentes que se hayan podido «extralimitar» como consecuencia de haber «estado sometidos a insultos, vejaciones, escupitajos, etc».
«También la Policía tiene vídeos de personas que se extralimitan con los agentes. Se les escupe o se les mea», ha asegurado Brihuega, al tiempo que ha pedido que también se saquen esas imágenes y que ha preguntado «por qué ante la presión mediática no se defiende a los policías de otra manera».
«Quieren acallar a la opinión pública».
El representante del SUP ha concluido señalando que al Ministerio del Interior «se le ha ido» este tema «de las manos» y, ante la «presión mediática, esto es lo que se le ha ocurrido».
‘Una decisión de cobardes’
Muy contundente también ha sido el vicesecretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, que ha acusado a Interior de tomar «una decisión de cobardes».
«Lo fácil es lo que ha hecho la Policía a instancias del Ministerio y del PSOE, que es quien ha iniciado esta caza de brujas», ha manifestado Nebrera, que ha calificado de «sorprendente» esta decisión «después de tres meses en los que se ha estado vulnerando la Ley de Reunión y Manifestación» en las calles de Madrid, en alusión a las acampadas del movimiento 15-M.
«La Delegación del Gobierno ha permitido que vejen, provoquen e incluso presenten denuncias falsas contra los agentes», ha dicho el representante sindical, que ha lamentado que la autorización del paso de la marcha laica por la Puerta del Sol acabe traduciéndose en esta decisión.
«Duele que unos profesionales que han estado sometidos a una presión tremenda, puedan ser sancionados a causa de unas imágenes», ha añadido el CEP, que estudiará los casos, seguirá el desarrollo de los expedientes y pondrá su gabinete jurídico a disposición de los agentes «para las posibles alegaciones».
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