La Policía denuncia en Bruselas la “inacción” del Gobierno socialista ante el 15-M

Se vía venir. hartos de ser vejados, de recibir órdenes contradictorias y comprobando que los políticos intentan usarles como simples ‘chivos expiatorios‘, los policías levantan la voz.

La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado este 1 de septiembre de 2011 en la Confederación de Policías Europeos de Bruselas la “inacción” del Gobierno socialista ante las protestas de los indignados del Movimiento 15-M.

El sindicato, que aglutina a 45.000 policías municipales, mossos y guardias civiles, pide también que los agentes dependan de órganos judiciales y no de políticos.

“Viendo el caso que nos hace nuestro Gobierno al decantarse claramente de parte de los llamados indignados, más que de su Policía, acudimos a la Unión Europea”, anuncia la UFP en un comunicado titulado Recurrimos a Europa.

Los agentes subrayan, hartos de aguantar vejaciones, que el Gobierno Zapatero y de forma particular su Ministerio del Interior -por intereses electorales y bajo la sombra de Rubalcaba- trata las manifestaciones del 15-M de forma diferente a otras protestas.

“Las marchas no están autorizadas y además somos criticados por algunos estamentos de la sociedad por no aplicar la ley y no hacer diferenciaciones”.

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«No tenemos la culpa de nada, solo de trabajar turnos inacabables, de aguantar todo tipo de vejaciones, doblando servicios y dando seguridad a todos, a los que libremente quieren circular por las calles con todos sus derechos, y a aquellos que se lo impiden un día tras otro, infringiendo claramente la Ley».

PRUEBAS PALPABLES Y ESCRITAS

El trato de favor que el Ministerio del Interior dispensa a los indignados del 15-M ya fue expuesta y detallada hace dos días en Periodista Digital.

Como queda patente en la documentación oficial que reproduce Rodrigo Gavilán en La Gaceta, las órdenes por escrito que los altos mandos policiales dan a sus agentes para que actúen ante protestas ilegales son completamente distintas dependiendo de quién sea el convocante.

La tarde del martes 23 de agosto de 2011 tuvieron lugar en Madrid dos concentraciones ilegales organizadas por diferentes colectivos.

Una la convocó ante el Consulado de Libia la oposición al régimen de Gadafi para celebrar “el día de la victoria”.

La otra tuvo lugar en la plaza de Oriente y tras ella estaba el mov imiento 15-M, que se concentraba para protestar por las “cargas policiales” que según ellos sufrieron durante las marchas anticatólicas acontecidas días antes, durante la visita a España del Papa Benedicto XVI.

Sin embargo, ante estos eventos ilegales de la misma naturaleza, las órdenes escritas que desde el Ministerio del Interior se dieron a los agentes para que actuaran durante su desarrollo fueron radicalmente distintas.

ORDEN DE SANCIONAR

Así, para la concentración de la oposición a Gadafi, el comisario principal jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, José Villar del Saz Martínez, envió el día 23 de agosto de 2011 la orden de servicio número 2164/11, por la cual emplazaba a los miembros de la Primera Unidad de Intervención Policial (UIP), con base en Madrid, a trasladar al lugar de la misma un subgrupo de las unidades de intervención compuesto por dos furgonetas, “en evitación de posibles incidentes”.

Además, en la misiva se les ordenaba “comunicar” a los manifestantes ilegales “que la concentración no está autorizada por la Delegación del Gobierno”.

Si estos continuaban con la protesta pese a las advertencias, los policías debían “identificar a los más caracterizados”, para que la Delegación del Gobierno pudiera imponerles posteriormente la multa que tal comportamiento merece.

CONSIGNA: NO ACTUAR

Esta manera de proceder contra cualquier concentración ilegal que no esté organizada por los indignados contrasta escandalosamente con las órdenes que se dan cuando es el 15-M el que está detrás de las protestas.

Ante la concentración que los indignados convocaron esa tarde del 23 de agosto de 2011, el mismo comisario trasladó por escrito a los agentes, a través de la orden 2166/11, que el dispositivo de seguridad empleado fuera simplemente un equipo a distancia formado por una sola furgoneta, en lugar de movilizar un subgrupo de las unidades de intervención como se hizo ante la movilización contra Gadafi.

Además, las órdenes dadas en esta ocasión consistían en mantenerse alejados de la protesta, algo que en la práctica imposibilitaba identificar a los manifestantes ilegales para que la Delegación del Gobierno les multara, tal como establece el protocolo.