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Bastará que los agentes consideren que "se trata de una actuación 'ilegal'

El Ministerio del Interior deja claro que la Policía podrá incautar cámaras en las manifestaciones

El Departamento de Fernández Díaz asegura que "no se ha impartido directriz o instrucción alguna", pero reitera que está en la Ley de Seguridad Ciudadana

11 Ago 2014 - 07:09 CET
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El Ministerio del Interior advierte de que la Policía puede incautar cámaras de video, de fotos o cualquier otro objeto si los agentes consideran que pueden emplearse para cometer algún acto ilegal.

En una pregunta escrita en la que IU cuestionaba al Gobierno por las directrices «para que la Policía se incaute de cámaras pertenecientes a ciudadanos y borre las imágenes fotografiadas o filmadas por ellos», el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz asegura que «no se ha impartido directriz o instrucción alguna» a este respecto, pero advierte de que «con carácter general» y «de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana», los agentes policiales «podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales».

Precisa Interior que «en aquellos casos en los que se procediera a la intervención de este tipo de material, se informará a la autoridad judicial y se pondrán a su disposición los efectos concernidos».

Incidente en un desalojo en Oviedo

El diputado de IU Gaspar Llamazares se hacía eco de un incidente ocurrido el pasado 21 de mayo de 2014. Según dice, «varios agentes de la Policía entraron en el Centro Social La Madreña (Oviedo) para entregar el requerimiento judicial previo al desalojo del centro social ocupado».

Añade su pregunta que «durante la visita policial se produjo un incidente cuando los agentes exigieron las cámaras de algunos de los miembros de La Madreña, con las que habían sido fotografiados, y borraron las imágenes y vídeos».

En ese sentido, se interesaba acerca de «cuáles son el criterio y las directrices del Ministerio del Interior para que la Policía se incaute de cámaras pertenecientes a ciudadanos y borre las imágenes fotografiadas o filmadas por ellos».

 

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