Sánchez perfila su ‘ley Begoña’ para amordazar a los medios: multas, inspecciones y cierres

Luego de los infames cinco días de ‘reflexión’ de Pedro Sánchez vino la declaración de intenciones del líder del PSOE: acabar con la prensa crítica que señala los escándalos de corrupción de su Ejecutivo, de su partido y de su círculo íntimo.

La cosa perdió velocidad por la posición de debilidad parlamentaria del presidente de Gobierno que le impide aprobar cualquier medida sin hacer concesiones oprobiosas a sus socios del Frankenstein hasta este martes; un año después que se destapara el caso Begoña que señala a la esposa de Sánchez por presunto tráfico influencias y corrupción en los negocios, y que dio pié a la operación de acoso y derribo del presidente de Gobierno y sus terminales mediáticas contra los medios libres y que no se someten al relato de Moncloa.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la normativa para amordazar a la prensa crítica, fundamental para destapar los manejos opacos del Gobierno Sánchez como el mencionado caso que involucra a su mujer o la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

El texto, elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que encabeza Óscar López, tiene cuatro grandes ejes: un registro estatal de medios que realizará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); inspecciones y multas de hasta 600.000 euros y suspensiones temporales a los medios que quebranten la ley. Las inspecciones y multas correrán a cargo de la propia CNMC. Sin embargo, será el propio ministro López el que decida sobre las infracciones ‘muy graves’.

Los argumentos para defender la propuesta son de un cinismo extremo. Por un lado, aseguran que esta normativa promoverá la pluralidad informativa y el buen hacer periodístico. Como no puede faltar, también se escudan en Europa.

También afirman, como ya hicieron en el caso de la amnistía, que hay que incorporar diversos reglamentos europeos a la normativa española. Sin embargo, esta es una burda mentira porque estas normativas comunitarias son de aplicación directa y no conllevan la necesidad de modificar ninguna ley local. Cabe señalar que esto solo sucede con las directivas europeas.

Profundizando en el caradurismo, el Gobierno Sánchez también señala que la CNMC garantiza la independencia del proceso pero dejan por fuera el hecho de que la cúpula ha sido nombrada por los propios socialistas. En 2020 nombraron a la presidenta, y a finales del año pasado, designaron al vicepresidente y cuatro consejeros.

El registro

De acuerdo al anteproyecto, los medios de comunicación de “ámbito estatal” tendrán que ofrecer información sobre su propiedad, sus fuentes de financiación privada o ingresos por publicidad institucional.

En la estructura se establecen otras categorías como prestadores de servicios intermediarios -las plataformas y los motores de búsqueda como Google-, prestadores de servicios de medios de comunicación y proveedores de sistemas de medición de la audiencia.

Otro aspecto llamativo son los controles sobre medios de comunicación que concentren más del 10% de la audiencia en sus respectivos formatos. El texto establece que el ministerio de turno podrá autorizar o prohibir “la concentración de medios de comunicación por sus efectos en el pluralismo y la independencia editorial”. Además, puede modificar de forma arbitraria ese porcentaje.

Inspecciones

El texto otorga completa capacidad a la CNMC para realizar “todas las inspecciones necesarias” a los prestadores de servicios intermediarios.

“Los funcionarios autorizados para llevar a cabo una inspección podrán entrar en los locales (…), examinar los libros y otros documentos (…) precintar todos los locales utilizados con fines relacionados con la actividad comercial, negocio, oficio o profesión del prestador”.

Sanciones de hasta 600.000 euros

El anteproyecto establece un régimen de sanciones que varía en función del tipo de medio y la categoría a la que pertenezca. Señala que las multas por faltas muy graves las impondrá el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que en estos momentos ostenta Óscar López. En el caso de las leves y graves le corresponderá a “la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial”, cargo que ocupa en estos momentos María González Veracruz.

Por ejemplo, para la radio y la prensa escrita establece multas leves que pueden ascender hasta los 50.000 euros. Luego las graves de hasta 100.000 euros y las muy graves que llegan a los 200.000 euros.

En el caso de las televisiones las cifras aumentan. Las leves pueden ser de hasta 100.000, las graves de hasta 300.000 y las muy graves pueden alcanzar 600.000 euros.

Para los prestadores de servicio intermediarios como las plataformas y motores de búsqueda, las sanciones pueden oscilar entre los 30.000 y 600.000 euros o entre el 2 y el 6% de la facturación del ejercicio anterior en función de la gravedad. El texto establece que en caso de cometer dos o más faltas muy graves, puede ser prohibidas por hasta dos años en España.

También se otorga a la CNMC la capacidad suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios sancionado así como el cierre provisional de sus establecimientos, el “precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como aparatos y equipos informáticos de todo tipo”.