Sánchez y el gasto militar: una cortina de humo para tapar la corrupción

La maniobra está clarísima.

Pedro Sánchez, ahogado en el fango de la corrupción de su gobierno, de su partido y de su círculo íntimo, ha pasado al ataque para intentar distraer la atención de los chanchullos de los suyos.

Con la cumbre de la OTAN en el horizonte, el presidente ha vuelto a demostrar que no tiene límites para poner sobre la mesa un debate nacional para intentar tapar —al menos momentáneamente— otros incendios. El tema elegido: el ‘cambio de opinión’ sobre el aumento del gasto militar.

Moncloa defiende ahora un “no rotundo” a la exigencia de la Alianza Atlántica de aumentar hasta al 5% del PIB la inversión en Defensa -unos 80.000 millones de euros anuales– limitando su compromiso al 2% y presentando esta postura como una cuestión casi patriótica. El movimiento que, no casualmente, coincide con momentos delicados para el Ejecutivo por investigaciones y casos que afectan a su entorno más cercano.

Un rechazo medido

El rechazo español a la propuesta de elevar el gasto militar hasta el 5% no es nuevo, pero ahora se convierte en bandera. Sánchez ha enviado una carta al secretario general de la OTAN detallando los motivos de su negativa a cumplir con el acuerdo:

Cumplimiento suficiente: España asegura que sus compromisos con la Alianza se cubren con un 2,1% del PIB, según sus Fuerzas Armadas.

Riesgo económico: Aumentar precipitadamente al 5% supondría frenar el crecimiento económico, aumentar deuda y generar presiones inflacionistas.

Estado del bienestar: El presidente advierte que un esfuerzo así obligaría a recortar servicios públicos, subir impuestos a las clases medias y frenar políticas sociales y ecológicas.

Estas razones han sido repetidas con insistencia por los socios parlamentarios más reticentes al gasto militar y ahora son asumidas por Moncloa. No faltan quienes ven en este debate una maniobra para buscar consenso social alrededor de un mensaje fácil y falso: “Defender España sí, pero no a costa del bienestar”.

Detrás del debate sobre porcentajes hay realidades contables menos vistosas pero muy significativas. El Gobierno ya ha comprometido este año 33.123 millones de euros para Defensa —el famoso 2% prometido— recurriendo a transferencias extraordinarias, reasignaciones presupuestarias e incluso fondos europeos no ejecutados. Este esfuerzo no es inocuo: aunque Moncloa asegure que “no se tocará ni un euro” del gasto social, los recortes indirectos ya afectan a otras áreas ministeriales.

¿Cortina de humo o simple casualidad?

No son pocos los analistas que ven en este súbito protagonismo del gasto militar una estrategia para desviar el foco mediático de otros problemas. Con casos de corrupción aún calientes y una opinión pública cada vez más desconfiada, centrar la conversación en “la defensa nacional frente a las imposiciones exteriores” resulta útil para cualquier gobierno acorralado.

La medida puede ser un gesto para contentar a sus socios de extrema izquierda, Sumar, ERC y Podemos, que critican abiertamente cualquier aumento en Defensa —calificándolo de “locura” o incluso “chantaje”. Así, Sánchez conseguiría ganar algo de tiempo para mantener los apoyos ante las duras críticas de sus aliados. Aunque ninguno quiere acabar realmente con la Legislatura porque les conviene un presidente del Gobierno débil y acorralado.