La Iglesia y el Gobierno firman un protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sin baremos fijos

En la sede del Defensor del Pueblo en Madrid, se ha firmado un protocolo que abre una nueva puerta hacia la reparación para las víctimas de abusos sexuales en el entorno eclesiástico. En este acto, participaron el ministro Félix Bolaños, el obispo Luis Argüello en representación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Jesús Díaz Sariego de la Confer, y el Defensor Ángel Gabilondo. Este acuerdo pone fin a meses de intensas negociaciones. La iniciativa, que complementa el pacto alcanzado en enero, entrará en vigor el 15 de abril y permitirá la recepción de solicitudes durante un año que podrá ser prorrogado.

Este acuerdo se produce tras un informe emitido por la Audiencia Nacional, que reveló miles de casos de pederastia en la Iglesia desde 1940. Cabe recordar que en 2024, la Iglesia había puesto en marcha el sistema PRIVA, aunque muchas víctimas consideraban insuficiente su control exclusivo por parte eclesial. Ahora, el nuevo mecanismo mixto entre Iglesia y Estado ofrece más opciones: las afectadas podrán elegir entre PRIVA o esta nueva vía estatal. Bolaños celebró la culminación de «décadas de silencio», mientras que Argüello aseguró que se evitarían duplicidades con indemnizaciones anteriores.

El proceso carece de baremos económicos concretos, lo que permite mayor flexibilidad. La víctima inicia su solicitud en el Ministerio de Justicia, que posteriormente remite el caso al Defensor. Este último tiene un plazo de tres meses para analizarlo y proponer reparaciones —que pueden ser económicas, simbólicas, restaurativas o espirituales— dependiendo de la gravedad del caso y lo solicitado por la víctima. La comisión PRIVA emitirá una opinión en dos meses. Si hay acuerdo, se procederá; si no, una Comisión Mixta con asociaciones de víctimas intervendrá durante un mes para mediar. La decisión final corresponde al Defensor del Pueblo, cuya resolución será vinculante para la Iglesia, respaldada por la CEE y Confer si la diócesis no cumple. Las indemnizaciones estarán exentas de IRPF.

Funcionamiento paso a paso

• Solicitud: La víctima acude al Ministerio de Justicia.
• Evaluación: El Defensor del Pueblo realiza su propuesta en 3 meses.
• Revisión: PRIVA emite su informe en 2 meses.
• Media: Se recurre a una Comisión Mixta si hay desacuerdo (1 mes).
• Ejecución: La Iglesia efectúa el pago; el Defensor decide si persiste el impasse.

Este diseño busca evitar rigideces, aunque plantea interrogantes sobre la equidad del proceso. Asociaciones como Aniraz valoran positivamente la supervisión estatal, aunque critican la ausencia de montos mínimos establecidos. Por otro lado, la Iglesia asumirá todos los costes implicados, lo cual es visto por algunos como una carga fiscal pública adicional; esto podría tensar unos presupuestos diocesanos ya debilitados debido a las ventas de bienes.

Las conversaciones se habían estancado desde febrero debido a desacuerdos sobre las cuantías y los mecanismos de supervisión. Para más detalles, consulten la crónica de ABC sobre el sellado del protocolo o el previo pacto en el acuerdo inicial de ABC.

Posibles impactos

Este sistema podría gestionar cientos de casos durante su periodo inicial. Las víctimas que han optado por PRIVA exigen más transparencia; sin embargo, este nuevo texto busca frenar duplicidades innecesarias. En términos políticos, une al PSOE con los obispos en un consenso poco habitual, aunque desde la oposición se reclama una total transparencia.

Por cierto, cabe mencionar que PRIVA ha resuelto apenas un 10% de las solicitudes recibidas desde 2024. El Defensor Gabilondo, exministro socialista, actúa con una neutralidad institucional destacable. En Europa, Francia ha ofrecido indemnizaciones con baremos que alcanzan hasta los 300.000 euros; España ha decidido abordar cada caso individualmente. ¿Se trata esto de prudencia o estamos ante un signo evidente de indefinición?

Desde 2021, más de 2.000 denuncias han sido identificadas por parte de la CEE, pero solo un 1% ha llegado a juicio debido a las prescripciones legales.