La Fiscalía del Estado acusará de rebelión a los golpistas catalanes presos

Crudas se le van a poner las cosas a Pedro Sánchez, cuya estrategia frente a los separatistas catalanes se base en tender la mano, dejar correr el tiempo y sonreir con la esperzna de que los mismos que, junto a los proetarras de Bildu, le ayudaron a meterse en la Moncloa, no opten por echarle a patadas de la presidencia del Gobierno (Ussía destroza al Gobierno de Sánchez por plegarse a Torra: «Le han puesto el culo a su disposición y gozo»).

Como subrayan José Manuel Romero y Pablo Ordaz en ‘El Pais’ este 9 de septiembre de 2018, no hay presión que valga (El xenófobo Quim Torra ‘mea en la chepa’ a Pedro Sanchez y el líder socialista dice que llueve).

Los cuatro fiscales encargados de dirigir la acusación pública contra los líderes independentistas siguen convencidos de que en los días previos al 1 de octubre de 2017 y durante la jornada del referéndum ilegal se produjo una «insurrección violenta» que puso en grave peligro el orden constitucional, y que por tanto el Tribunal Supremo los deberá condenar por un delito de rebelión, castigado con penas que van de los 15 a los 25 años de prisión.

La pretensión de la Generalitat de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «oriente» a la Fiscalía General del Estado para que rebaje su petición de condena ha provocado el efecto contrario: una suerte de blindaje del colectivo de fiscales ante cualquier presión política.

Los cuatro fiscales de Sala que dirigirán la acusación —Javier Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado; Fidel Cadena y Jaime Moreno— mantienen un criterio unánime con respecto al delito de rebelión.