El juez excluye a Esperanza Aguirre de la investigación del ‘Caso Púnica’

Esperanza Aguirre demuestra su inocencia y está fuera del caso Púnica.

Tras siete años de investigación, el magistrado Manuel García Castellón mandó al banquillo a un total de 10 personas por su implicación en la presunta caja B del PP madrileño.

Mientras que, por contra, ha decidido archivar a la causa para un total de 71 imputados, incluida la expresidenta regional. De ella dice que no se le puede procesar por falta de indicios.

En un auto de este mismo viernes 14 de octubre, el magistrado sostiene que los hechos investigados en una de las causas más longevas de la Audiencia Nacional serían constitutivos de delito de prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, falsificación, cohecho y tráfico de influencias. Al hilo, atiende el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, y da el primer paso para sentar en el banquillo a ocho personas físicas y dos jurídicas.

Se trata del considerado cabecilla de la Púnica, Francisco Granados; el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez; el informático de la red Alejandro de Pedro; el exconsejero Borja Sarasola; el exdirecetivo de Indra Diego Mora; el que fuera secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda Francisco Lobo Montalbán; la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego; el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás y las firmas de De Pedro, EICO y Madiva.

Por contra archiva la causa para más de 70 imputados, entre los que se encuentran los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González y los antiguos exconsejeros de Educación, Presidencia y Sanidad, Lucía Figar, Salvador Vitoria y Manuel Lamela, respectivamente. Del mismo modo deja fuera de esta pieza novena al cerebro de la Púnica, David Marjaliza, al exconsejero delegado de Indra, Javier de Andrés o al exdirectivo de la agencia pública Informática de la Comunidad de Madrid que denunció irregularidades en el ente, Silvano Corujo. También quedan fuera Juan Miguel Villar Mir y su yerno Javier López Madrid. 

En relación a Esperanza Aguirre, imputada en la causa en 2019, el juez concluye que se benefició de los trabajos de reputación del ‘conseguidor’ de la Púnica, Alejandro de Pedro, pero que no ha podido acreditarse que tuviera conocimiento «ni de la contratación, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaron los trabajos» (con dinero público).

El magistrado destaca una llamada telefónica de Aguirre a su entonces ‘delfín’ Ignacio González el 8 de marzo de 2017 en la que dijo: “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado”. Al respecto dice que la exmandataria pudo «sospechar o intuir» que se habría sobrepasado el límite de gasto electoral y ello plantea la hipótesis de si se situó en lo que se conoce como «ignorancia deliberada», aunque no hay pruebas suficientes para afirmarlo.

«Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los mismos», reza el auto.