Con una demanda de alto riesgo que proyecta una sombra sobre las perspectivas económicas de España, el fallo más reciente de la máxima corte de Francia proporciona un respiro significativo, sugiriendo que España podría lograr un resultado favorable en su propia batalla legal.
La Corte de Casación de Francia falló recientemente sobre una importante disputa de arbitraje que involucraba a Malasia. Después de seis años de lucha legal, la corte confirmó fallos previos en España, Luxemburgo y los Países Bajos, alineándose definitivamente con Malasia. Esta decisión detiene, al menos en Francia, la ejecución de un polémico laudo de $15 mil millones.
Este fallo llega en un momento en que España enfrenta una demanda aún mayor, presentada en septiembre, que busca $18 mil millones, una suma equivalente al presupuesto de defensa de España para 2023.
Aunque estos casos puedan parecer desconectados al principio, ambos giran en torno a la misma disputa de arbitraje. España se encuentra ahora inmersa en litigios debido a las decisiones de sus tribunales en este caso contencioso. Dado que la reciente decisión de la corte francesa probablemente influirá en el desarrollo de la demanda contra España, es fundamental entender el trasfondo de la controversia en el centro de ambos casos.
Los tribunales españoles y franceses han estado involucrados en una disputa compleja iniciada por representantes de supuestos herederos del extinto Sultanato de Sulu, un antiguo reino filipino que una vez reclamó influencia sobre partes de Filipinas y Malasia. La cuestión central del caso son los derechos sobre los recursos de Sabah, la provincia malasia rica en petróleo y gas.
La disputa se basa en un oscuro acuerdo de 1878 que arrendaba Sabah a dos exploradores coloniales por una pequeña cuota anual. Los herederos argumentan que, a pesar de que Malasia no existía por otros 79 años, sigue estando obligada a honrar estos pagos. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan si el Sultanato de Sulu tenía suficiente control sobre Sabah como para autorizar el arrendamiento en primer lugar. Cabe destacar que el Imperio Español mismo reclamó soberanía sobre el sultanato, pero luchó por ejercerla, lo que ilustra la brecha entre las reclamaciones formales y la autoridad real.
En 2013, Malasia dejó de hacer los pagos tras una invasión fallida de Sabah que dejó 71 muertos. A instancias del abogado británico Paul Cohen y respaldados por la financiadora de litigios Therium, los herederos iniciaron un arbitraje en España, buscando $15 mil millones en daños de Malasia.
Aquí comenzaron los problemas legales de España, cuando el Tribunal Superior de Madrid nombró a Gonzalo Stampa para supervisar el caso. La posterior decisión de Stampa, que otorgó a los demandantes un “laudo final” y ordenó la congelación de los activos de una compañía malasia no relacionada en Luxemburgo, ha desatado una controversia.
Esta controversia no solo trata sobre la validez del laudo, sino también sobre la autoridad de Stampa para emitirlo. El Tribunal de Primera Instancia de Madrid lo había retirado del caso un año antes de su decisión, un fallo que ignoró, lo que llevó a su condena penal por desobedecer su destitución.
Surgieron más dudas sobre la imparcialidad de Stampa al revelarse que cobró más de $2 millones por sus servicios, una tarifa significativamente superior a las normas del sector. Estas preocupaciones sobre posibles motivaciones financieras se intensificaron al saberse que Therium proporcionó $20 millones para iniciar el procedimiento, aprovechando las leyes de financiamiento de litigios de terceros que permiten a los inversores obtener ganancias de los daños otorgados.
Esta práctica ha atraído críticas de expertos legales, incluido el Fiscal General de los Estados Unidos, Keith Ellison, quien advirtió que tales leyes podrían facilitar la corrupción, especialmente en casos de alto riesgo, generando preocupaciones más amplias sobre la equidad en el arbitraje internacional.
Es, por tanto, sorprendente ver a España enfrentando ahora una reclamación de $18 mil millones, no por haber designado a un árbitro aparentemente no calificado, sino por haberlo destituido, una decisión que los representantes de Sulu argumentan constituye una “denegación de justicia”. España ahora se enfrenta a la posibilidad de una responsabilidad sin precedentes por un caso en el que no tuvo participación directa, una carga que ningún gobierno occidental ha asumido previamente.
La demanda, presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un foro generalmente reservado para disputas de inversión, enmarca el problema como un conflicto de inversión entre el estado y privados. Sin embargo, no existen obligaciones de tratado entre España y los demandantes, lo que empaña aún más la legitimidad del caso y la supuesta infracción.
Con la ejecución del laudo de Sulu enfrentando rechazos definitivos en París y La Haya, este último recurso ante el CIADI parece más una maniobra táctica que una auténtica disputa de inversión. Dado el fallo reciente de Francia, España podría estar en una posición sólida para detener este litigio antes de que se intensifique. Así como Francia ha anulado el laudo dentro de su jurisdicción, debilitando posteriores desafíos europeos, España ahora tiene la oportunidad de abordar esta reclamada disputa de inversión antes de que se extienda a otras jurisdicciones.
En última instancia, la defensa legal de España no parte de cero. Está respaldada por una serie de decisiones de cuatro jurisdicciones europeas respetadas que apoyan su caso para remover a Stampa, reforzando la posición de España en esta saga legal en curso.
