La ‘confesión’ de la asistente de Begoña, deja a Sánchez a los pies de los caballos

La política española se ha visto sacudida en las últimas horas por la ‘confesión‘ de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa.

Su testimonio ante el juez Juan Carlos Peinado arroja luz sobre la controvertida relación entre las actividades privadas de la esposa del presidente del Gobierno y el uso de recursos públicos.

Y sobre todo y eso es lo más relevante, desbarata la versión oficial mantenida hasta ahora por el Ejecutivo Frankenstein.

En un giro irónico, este caso que pretende desentrañar la separación entre lo público y lo privado ha terminado por exponer cuán entrelazados están ambos ámbitos en la política española, desde que el Sánchez ‘okupó’ la presidencia con ayuda de proetarras y golpistas.

QUERELLA DE VOX

Esta confesión ha llevado a VOX a presentar una querella contra Álvarez, Begoña y también contra el que el que era secretario general de Presidencia del Gobierno, Francisco Martín, hoy delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

VOX cree que podrían haber incurrido en los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Y centra su querella en lo que considera una utilización «abusiva, espuria y arbitraria» por parte de Álvarez y Gómez de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno y del Gabinete de Presidencia de Gobierno.

Es evidente y eso se explica en el escrito que que la asesora realizaba actividades relacionadas con la actividad profesional privada de la mujer de Sánchez desde su puesto en la Dirección de Programas de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno.

LA CONFESIÓN

 Álvarez afirmó ante el magistrado que sus funciones en Moncloa consistían principalmente en asistir a Gómez en sus asuntos personales, como eventos y conferencias, así como en coordinar su agenda y seguridad.

Sin embargo, lo más llamativo de su declaración fue la revelación de que también realizaba «favores personales» para Gómez en sus proyectos privados, como buscar alumnos para el máster de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía.

Esta información contrasta frontalmente con la postura mantenida por el Gobierno socialcomunista, que hasta ahora había defendido la normalidad y legalidad de las actividades de Gómez.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llegó a comparar la labor de Álvarez con la de asistentes de cónyuges de anteriores mandatarios, asegurando que «no existe ninguna irregularidad» en las gestiones realizadas.

El testimonio de Álvarez sugiere que la línea entre lo público y lo privado se difuminó considerablemente en el caso de Begoña Gómez.

La asesora declaró que fue contratada en julio de 2018 a petición expresa de Gómez para el puesto de directora de Programas de Presidencia en el Palacio de La Moncloa, con un sueldo anual de 49.000 euros.

Este nombramiento, aparentemente destinado a coordinar la agenda institucional de la esposa del presidente, parece haber derivado en una implicación mucho más profunda en los asuntos personales y profesionales de Gómez.

El caso se complica aún más al considerar las actividades de Gómez en la UCM.

 Álvarez admitió haber realizado gestiones relacionadas con la cátedra que Gómez codirigía en la universidad, aunque insistió en que estas acciones eran favores personales derivados de su amistad.

Esta explicación, sin embargo, plantea serias dudas sobre la separación entre las funciones oficiales de una asesora de La Moncloa y las actividades privadas de la esposa del presidente.

La reacción del Gobierno ante estas revelaciones ha sido, cuanto menos, controvertida.

En lugar de abordar directamente las cuestiones planteadas por la declaración de Álvarez, el Ejecutivo ha optado por una estrategia de contraataque, acusando al juez Peinado de prevaricación.

Esta maniobra ha sido interpretada por muchos como un intento de desviar la atención de las irregularidades señaladas.

El caso Begoña Gómez se enmarca en un contexto más amplio de investigación sobre posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

La imputación de Gómez, iniciada en abril de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, ha sido objeto de intenso escrutinio y debate político.

La oposición no ha tardado en reaccionar.

VOX ha denunciado lo que considera un «despliegue de seguridad nunca visto» en torno a la declaración de Gómez, acusando al PSOE de «usar y abusar de privilegios».

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado la actuación del juez Peinado, sugiriendo que su único objetivo era que Gómez «hiciera un paseíllo».

El caso también ha salpicado a otras figuras, como Juan José Güemes, expolítico del PP y directivo del Instituto de Empresa, quien ha sido imputado tras declarar que la contratación de Gómez en el IE no estuvo relacionada con su condición de esposa del presidente.

A medida que se desarrolla esta saga, surgen preguntas incómodas sobre la ética en la administración pública y el uso de recursos estatales. ¿Hasta qué punto es aceptable que un cargo público utilice su posición para beneficiar proyectos personales? ¿Cómo se traza la línea entre lo institucional y lo privado cuando se trata de figuras tan cercanas al poder como la esposa del presidente?

El caso Begoña Gómez no solo pone en tela de juicio la actuación individual de la esposa del presidente, sino que también cuestiona los mecanismos de control y transparencia en las más altas esferas del gobierno. La opinión pública espera ahora respuestas claras y acciones concretas que demuestren un compromiso real con la integridad y la separación entre lo público y lo privado.

Mientras tanto, el juez Peinado continúa su investigación, enfrentándose no solo a la complejidad del caso sino también a la presión mediática y política. La resolución de este asunto promete tener importantes repercusiones en el panorama político español, sea cual sea su desenlace.

Datos sobre el caso

• La investigación se inició a raíz de una denuncia basada en recortes de periódicos, algunos de los cuales el propio denunciante reconoció que podían no ser ciertos.
• El juez Peinado ha permitido grabar en vídeo la comparecencia de Begoña Gómez, una decisión inusual que ha generado controversia.
• La defensa de Gómez argumenta que existe una «gravísima indefensión» en la causa, alegando que «ni sabe de qué se le acusa».
• El caso ha atraído la atención de grupos de extrema derecha, que se han personado como acusación particular.
• La investigación abarca un amplio periodo, desde 2019 hasta la actualidad, buscando rastrear todas las actividades de Gómez desde que su marido es presidente.
• El software creado por Indra para la cátedra de Gómez en la UCM se ha convertido en un punto focal de la investigación, con acusaciones de apropiación ilegal.