Piden cárcel e inhabilitación para David Sánchez: un caso que sacude el entorno de Moncloa

El proceso judicial abierto contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escalado un peldaño más en las últimas horas. Las acusaciones populares han solicitado una condena de tres años de prisión, doce años de inhabilitación para empleo o cargo público y la devolución íntegra de todos los salarios que percibió durante su etapa como coordinador de actividades en la Diputación de Badajoz.

La petición se fundamenta en presuntos delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal, todos ellos relacionados con su contratación en 2017 y el ejercicio del cargo hasta 2025.

Este procedimiento se ha convertido en uno de los focos mediáticos y políticos más relevantes del momento, no solo por la gravedad de las acusaciones sino también por el impacto institucional que conlleva afectar al entorno familiar directo del jefe del Ejecutivo. A continuación, desgranamos las claves del caso y las posibles repercusiones políticas y judiciales.

Los hechos bajo la lupa

Según los escritos presentados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, David Sánchez fue contratado en 2017 como “coordinador de actividades de los conservatorios”. Los denunciantes sostienen que esa plaza fue creada específicamente para él, lo que ya supondría un quebranto de los principios básicos que rigen el acceso a la función pública: mérito, capacidad y publicidad. No solo eso; según la acusación, Sánchez habría obtenido el puesto sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran un simple trámite sin valor real y, una vez nombrado, no desempeñó sus funciones con regularidad ni eficacia.

El salario asignado al puesto rondaba los 55.000 euros brutos anuales. La acusación exige ahora que devuelva la totalidad de lo cobrado durante esos años, más los intereses legales correspondientes. Además, no solo se le reclama responsabilidad penal: se pide su inhabilitación para empleo o cargo público durante doce años y una multa diaria durante seis meses por el delito de nombramiento ilegal.

El proceso judicial también implica a otras diez personas, entre ellas Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y secretario regional del PSOE en Extremadura, así como al exasesor de Moncloa Luis Carrero. La acusación considera que Gallardo conocía la irregularidad del procedimiento y participó activamente en la adjudicación del puesto a Sánchez.

Detalles técnicos sobre los delitos imputados

Las penas solicitadas responden a tres delitos principales:

• Tráfico de influencias: se acusa a David Sánchez de utilizar su posición personal y familiar para obtener beneficios profesionales indebidos tanto para sí como para terceros dentro del ámbito institucional.
• Prevaricación administrativa: dictar resoluciones contrarias a derecho a sabiendas, en este caso por la supuesta creación ad hoc del puesto.
• Nombramiento ilegal: designar personas para cargos públicos sin cumplir los requisitos legales ni los procedimientos establecidos.

Estas figuras penales están tipificadas en el Código Penal español y suelen acarrear penas privativas de libertad e inhabilitación prolongada para ejercer cargos públicos.

Un juicio con derivadas políticas

El caso es especialmente sensible porque implica directamente al círculo familiar del presidente del Gobierno. El debate público se ha intensificado desde el procesamiento formal dictado por la jueza Beatriz Biedma el pasado 28 de abril, quien halló “indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo” de las actuaciones investigadas. Además, la magistrada señala que David Sánchez tenía conocimiento previo de que el puesto había sido creado expresamente para él.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar:

• Desde el Gobierno central aseguran estar “absolutamente convencidos” de que este caso “quedará en nada”, sugiriendo que no existen pruebas concluyentes contra David Sánchez.
• Las formaciones personadas como acusación popular incluyen colectivos como Manos Limpias, Vox, Hazte Oír y otros grupos vinculados a la derecha política y al activismo judicial.

El impacto mediático es elevado debido a la relevancia pública tanto del acusado como del resto de implicados. El caso ha reavivado debates sobre transparencia institucional y acceso a cargos públicos.

Próximos pasos judiciales

Ahora será la jueza quien decida si procede abrir juicio oral contra los encausados. En ese caso:

• Se juzgará a once personas por delitos relacionados con corrupción administrativa.
• La fiscalía deberá pronunciarse sobre si respalda o no las tesis expuestas por las acusaciones populares.
• De confirmarse en juicio los hechos descritos en los escritos acusatorios, podría haber consecuencias jurídicas graves para todos los implicados.

Conviene subrayar que aún no existe condena firme ni sentencia; se trata solo del escrito presentado por las acusaciones populares tras meses de investigación judicial.

Una causa con eco nacional

La causa judicial contra David Sánchez marca un hito por su potencial impacto político e institucional en pleno mandato socialista. Más allá del recorrido jurídico inmediato, este asunto refuerza las tensiones entre partidos sobre la gestión ética en las administraciones públicas y la posible instrumentalización partidista del sistema judicial.

En definitiva, estamos ante un procedimiento que pone bajo escrutinio tanto los procedimientos administrativos como el funcionamiento interno de las instituciones provinciales españolas. El desenlace judicial marcará no solo el futuro profesional de los encausados sino también parte del debate político sobre transparencia y buen gobierno en España.