Sánchez ordena a ministros y subalternos marcarse como prioridad quitar a la juez Biedma el caso de su hermano músico

Están histéricos.

Y además de la del fango, que está siempre operativa en La Moncloa, han puesto a toda marcha la ‘máquina’ de los apaños.

Por órden expresa del marido de Begoña.

La política española ha entrado en una fase de máxima tensión tras conocerse que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, será juzgado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha decidido enviarlo al banquillo junto a otras diez personas, entre ellas Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz.

Esta decisión marca un hito histórico en la democracia española: por primera vez un familiar tan directo de un presidente del Gobierno en ejercicio se sentará en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción.

Según fuentes cercanas a Moncloa, la reacción no se ha hecho esperar y el presidente habría ordenado a su equipo priorizar una estrategia para desactivar el caso judicial que amenaza con salpicar directamente a La Moncloa.

La maniobra del Gobierno contra la magistrada

La respuesta del entorno presidencial ha sido fulminante. En menos de 24 horas tras conocerse la apertura de juicio oral, se ha puesto en marcha una ofensiva coordinada contra la jueza Biedma.

El núcleo duro de Moncloa ha activado todos sus resortes mediáticos y políticos para cuestionar la imparcialidad de la magistrada y la legitimidad de su decisión.

La estrategia parece clara: desviar la atención del fondo del asunto —las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez— hacia supuestas motivaciones políticas de la jueza.

Varios ministros, sin mencionarlo explícitamente, han deslizado en sus intervenciones públicas dudas sobre la «extraña celeridad» del procedimiento y han recordado casos de «lawfare» contra dirigentes progresistas.

Lo más llamativo de esta contraofensiva es que se produce cuando la Audiencia Provincial de Badajoz aún no se ha pronunciado sobre los recursos presentados contra el procesamiento.

La defensa del hermano del presidente ha denunciado precisamente esta «contradicción» en un escrito remitido al juzgado, reprochando a la instructora que abriera juicio oral «sin esperar a que la Audiencia Provincial de Badajoz se pronunciara sobre los recursos de apelación pendientes».

El caso que acorrala al «hermanísimo»

Los hechos investigados se remontan a 2017, cuando David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, fue contratado por la Diputación de Badajoz como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, un puesto que posteriormente se reconvirtió en Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Según la jueza Biedma, existen indicios de que la creación de este puesto fue «a petición, seguramente, de persona o personas del entorno» del hermano de Pedro Sánchez que «conocían la necesidad» de éste, quien «en ese momento carecía de trabajo estable». La magistrada va más allá y señala en su auto que el objetivo era que dicho empleo fuera ocupado específicamente por David Sánchez.

Lo más comprometedor para el presidente es que la jueza subraya «la capacidad para influir» en el PSOE de Badajoz que Pedro Sánchez tendría ya desde 2017, año en el que se concedió la plaza a su hermano. «Si David Sánchez, en el momento de la creación y adjudicación del puesto, no conocía a nadie en Badajoz —o, por lo menos, no hay indicios de ello—, lo que sí consta es que su hermano había sido secretario general del PSOE y, como tal, había visitado en diversas ocasiones la provincia», expone la magistrada en su resolución.

El sacrificio del PSOE extremeño

Uno de los aspectos más controvertidos de esta crisis es la situación en la que queda Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz. Según fuentes internas del partido, la dirección nacional estaría dispuesta a «sacrificar» a Gallardo para proteger la imagen del presidente.

La estrategia de defensa del Gobierno parece bifurcarse: por un lado, atacar la legitimidad de la investigación judicial; por otro, distanciar al máximo a Pedro Sánchez de cualquier conocimiento o influencia en la contratación de su hermano. Para ello, sería necesario que toda la responsabilidad recayera exclusivamente en los cargos locales y autonómicos implicados.

Esta táctica ha generado un profundo malestar en el PSOE extremeño, donde muchos militantes consideran que están siendo utilizados como «cortafuegos» para proteger a La Moncloa. El propio Gallardo, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo en esta crisis, comienza a mostrar signos de descontento ante lo que considera un abandono por parte de la dirección nacional.

Los «gurús» de Moncloa y el argumentario contradictorio

La precipitación con la que se ha montado la defensa mediática ha provocado contradicciones evidentes en el discurso oficial. Los asesores de comunicación de Moncloa, conocidos internamente como los «gurús», han distribuido argumentarios que, paradójicamente, acaban dando la razón a la juez en algunos aspectos del caso.

Por ejemplo, mientras se cuestiona la existencia de irregularidades en la contratación, simultáneamente se admite que David Sánchez renunció a su puesto en febrero de este año, en plena investigación judicial, lo que para muchos observadores constituye un reconocimiento implícito de la anomalía de su situación.

Otro elemento contradictorio es la insistencia en que Pedro Sánchez no tenía en 2017 capacidad de influencia en el PSOE de Extremadura, cuando era ya secretario general del partido a nivel nacional y había realizado múltiples visitas a la región. Este argumento choca frontalmente con la realidad orgánica de un partido fuertemente jerarquizado como el PSOE.

Un precedente histórico en la democracia española

El caso del hermano de Pedro Sánchez marca un antes y un después en la historia judicial de nuestra democracia. Como señalan varios juristas, en casi medio siglo de sistema democrático, «militares, ministros, banqueros, folclóricas, aristócratas y hasta la hija de un rey se han sentado en el banquillo de los acusados», pero jamás lo ha hecho «un familiar tan directo, como lo es un hermano, de un presidente del Gobierno en ejercicio».

Esta excepcionalidad explica la virulencia de la reacción gubernamental, consciente del enorme desgaste que puede suponer para la imagen de Pedro Sánchez. El presidente, que llegó al poder tras una moción de censura contra Mariano Rajoy justificada precisamente por casos de corrupción, se enfrenta ahora a la paradoja de ver cómo la sombra de las irregularidades alcanza a su propio entorno familiar.

El tráfico de influencias: la clave del caso

El delito de tráfico de influencias, regulado en los artículos 428 a 430 del Código Penal español, constituye el núcleo de la acusación contra David Sánchez. Según la Real Academia Española, este delito lo comete quien, aprovechándose de su posición, induce a una autoridad o funcionario a adoptar una decisión que favorece a sí mismo o a un tercero.

En este caso concreto, la jueza considera que la contratación de David Sánchez pudo haberse visto favorecida por su vínculo familiar con Pedro Sánchez, que para entonces, en 2017, era secretario general del PSOE tras recuperar el liderazgo del partido en las primarias de ese mismo año.

Lo más comprometedor para el presidente es que, según la magistrada, la creación del puesto de trabajo respondía a la necesidad de David Sánchez, quien «en ese momento carecía de trabajo estable». Además, una vez contratado, presuntamente «no ejerció las funciones propias del cargo», llegando incluso a no acudir regularmente a su lugar de trabajo.

La batalla judicial que se avecina

Aunque la jueza Biedma ha decidido abrir juicio oral, el caso aún debe superar el filtro de la Audiencia Provincial de Badajoz, que debe resolver los recursos presentados contra el procesamiento. Este será el próximo campo de batalla jurídica, donde la defensa de David Sánchez intentará revertir la decisión de la magistrada.

Paralelamente, se espera que la ofensiva política y mediática contra la jueza se intensifique en los próximos días. Fuentes cercanas al Gobierno anticipan una estrategia de «desgaste progresivo» que buscaría cuestionar no solo la imparcialidad de Biedma, sino también la proporcionalidad de su decisión de enviar a juicio a los acusados por unos hechos que, según el argumentario oficial, «carecerían de relevancia penal».

El caso del «hermanísimo», como ya lo denominan en los círculos políticos madrileños, se suma así a otros frentes judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez, como la investigación sobre su esposa Begoña Gómez o el caso que implica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una acumulación de problemas judiciales que amenaza con erosionar gravemente la credibilidad del Gobierno en un momento político especialmente delicado.

¿Sabías que David Sánchez es conocido artísticamente como David Azagra? Este saxofonista profesional ha desarrollado una carrera musical paralela a la polémica por su contratación en la Diputación de Badajoz. Curiosamente, renunció a su puesto en febrero de 2025, justo cuando la investigación judicial entraba en su fase más intensa, aunque mantuvo que su dimisión no tenía relación con el caso.