El Gobierno Sánchez crea una ‘Comisión Anticorrupción’ plagada de ministros sospechosos de corrupción

España vuelve a demostrar que la sátira política no necesita guionistas: el Gobierno Sánchez ha anunciado la creación de una Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, una suerte de escoba institucional con la que pretende barrer la suciedad… aunque las migas de pan apunten directamente a la puerta de La Moncloa.

La paradoja es tan gruesa que podría figurar en un manual de humor negro: ministros de un Ejecutivo salpicado por escándalos de enchufismo, contratos amañados y amiguismos descarados serán los encargados de diseñar el plan que, en teoría, debería impedir precisamente esas prácticas. En otras palabras: los zorros han sido nombrados guardianes del gallinero.

Un insulto a la inteligencia colectiva: un club de sospechosos habituales que se otorgan a sí mismos el título de guardianes de la limpieza institucional.

Encabezados por el marido de Begoña.

Una farsa tan descarada que convierte a la política española en un sainete grotesco, donde los mismos que deberían ser investigados se autoproclaman jueces y fiscales de sus propios escándalos.

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El teatro de la regeneración

El decreto de creación de la comisión vende la iniciativa como un “avance histórico en la transparencia” y un “compromiso firme del Ejecutivo contra la corrupción”. Frases huecas que, a la vista de los integrantes, rozan la autoparodia.

Porque ahí están, sentados en la mesa de la supuesta regeneración, los mismos nombres que arrastran denuncias, investigaciones periodísticas y sombras demasiado largas como para ocultarlas bajo la moqueta ministerial. Desde titulares que han tenido que dar explicaciones por contratos inflados en plena pandemia hasta responsables de carteras donde las adjudicaciones a dedo se han convertido en deporte olímpico.

Ministros bajo sospecha

El retrato de familia no deja lugar a dudas. Entre los comisionados se encuentran ministros que han sido señalados por casos de corrupción política o clientelismo descarado, desde la compra de votos en municipios hasta adjudicaciones millonarias a empresas amigas. Muchos de ellos han sobrevivido a portadas incómodas gracias a la disciplina de partido y a la férrea protección del propio Sánchez, que hoy los sienta en la mesa para que redacten un manual contra las prácticas que, precisamente, les persiguen.

La ironía no se detiene ahí: la vicepresidenta encargada de coordinar la comisión fue citada en varias ocasiones por la oposición como responsable política de contratos irregulares; el ministro de Transportes aparece en informes sobre sobrecostes en obras públicas; y el titular de Sanidad aún arrastra las sombras de los pelotazos con mascarillas y material médico durante la pandemia. ¿Estos son los garantes de la limpieza política?

Un plan de papel mojado

Según el documento oficial, la comisión elaborará “estrategias de prevención”, reforzará los mecanismos de control y diseñará códigos de conducta más estrictos. Nada que no se haya oído antes en decenas de planes anticorrupción que acabaron archivados junto con los sumarios judiciales que señalaban a sus propios impulsores.

La experiencia invita al escepticismo: los mismos partidos que redactan códigos éticos los incumplen a la velocidad con que reparten cargos entre familiares y amigos. Y ahora, el Gobierno pretende que los ciudadanos aplaudan mientras los investigados de ayer se convierten en los auditores de mañana.

El espejo de la hipocresía

La contradicción es tan evidente que incluso voces dentro del propio Ejecutivo admiten en privado que la comisión “nace muerta”. Fuera de Moncloa, la oposición ya ha calificado el invento de “tomadura de pelo” y de “lavado de cara para distraer mientras siguen manando los contratos amañados”.

Y es que, mientras se presenta este pomposo “Plan Estatal”, los tribunales siguen desbordados con causas que afectan a dirigentes del propio PSOE y a sus socios de coalición. La corrupción, lejos de combatirse, se institucionaliza cuando quienes deberían estar en el banquillo se sientan a diseñar las reglas del juego.

España, laboratorio del cinismo político

Si algo queda claro tras este episodio es que España se ha convertido en un laboratorio mundial de cinismo político. Aquí un Gobierno investigado por prácticas corruptas puede sacar pecho creando una comisión para combatirlas, y hacerlo sin rubor, sabiendo que una parte de la prensa amiga se encargará de aplaudir y maquillar la farsa.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie, harto de ver cómo se dilapidan sus impuestos en chiringuitos, asesores y contratos inflados, contempla atónito el último invento de Moncloa. Una comisión que, lejos de inspirar confianza, confirma lo que ya se sospechaba: los que deberían estar rindiendo cuentas son los mismos que pretenden impartir lecciones de ética.