El juez Peinado aprieta las tuercas a Begoña: exige todos sus correos oficiales para dárselos a la UCO y adelanta la declaración al 10 de septiembre

El juez Peinado aprieta las tuercas a Begoña Gómez, exigiendo la entrega de todos sus correos oficiales para remitirlos a la UCO, en un movimiento que busca esclarecer las acusaciones en su contra.

Se esperan varios informes de la UCO que podrían sacudir al PSOE y al Gobierno de Sánchez, generando un clima de máxima tensión política.

Apenas terminadas las vacaciones de verano, la Audienciaha agita el tablero político con una nueva oleada de diligencias en el caso Begoña.

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41, ha solicitado a la Secretaría General de Presidencia todos los correos electrónicos “recibidos y enviados” por la esposa del presidente desde julio de 2018.

No se trata de un simple barrido digital: toda la documentación deberá ser analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que tendrá que desentrañar posibles irregularidades en las gestiones vinculadas a la actividad pública y privada de la esposa de Sánchez.

El magistrado no se ha quedado ahí.

También ha adelantado un día —del 11 al 10 de septiembre de 2025— la declaración como imputada de Begoña Gómez, tras aceptar la petición de su defensa por un conflicto de agenda judicial en Tenerife.

La sesión será compartida con su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también investigada en esta pieza separada por presunta malversación de fondos públicos. El cambio tiene más carga simbólica que práctica, pero certifica que el caso avanza contra el reloj político.

A todo eso se suma que Deloitte niega haber accedido al software por el que cobró 75.500€ de la UCM. La empresa que ganó el concurso diseñado por la mujer de Sánchez declara que se limitó a dar asesoría y soporte a la oficina de coordinación.

Qué busca el juez Peinado: correos y nóminas bajo lupa

La decisión judicial exige a Moncloa que remita una copia íntegra de todos los emails gestionados por Gómez desde su cuenta institucional entre el 11 de julio de 2018 —fecha del nombramiento de Álvarez— hasta hoy. El objetivo es doble:

• Investigar si se utilizó infraestructura pública para actividades privadas, especialmente las ligadas a la cátedra universitaria que dirigía Gómez en la Universidad Complutense.
• Determinar posibles irregularidades administrativas en la contratación y funciones desempeñadas por su asistente directa, Álvarez, que habría actuado como secretaria particular en gestiones ajenas a su puesto público.

No es una simple petición rutinaria. El juez solicita también información sobre todos los responsables que hayan ocupado cargos clave en Presidencia desde 2018 y quiénes autorizaron o aprobaron las retribuciones percibidas por Álvarez. De hecho, parte del núcleo probatorio reside en varios correos enviados por esta última a empresas privadas —como Reale Seguros— instando a mantener patrocinios con la cátedra universitaria ligada a Gómez.

Cronología reciente: del caso Koldo al ‘caso Begoña’

La instrucción no se desarrolla en el vacío. El calendario judicial se ha visto sacudido por antecedentes inmediatos:

• Diciembre 2024: Vox presenta querella fundamentada en dos correos electrónicos atribuidos a la asesora Álvarez.
• Agosto 2025: Peinado amplía el abanico de delitos atribuidos a Gómez e incorpora el presunto delito de malversación tras haberlo descartado previamente.
• 3 septiembre 2025: Nueva providencia del juez reclamando emails y documentación financiera; fijación para el 10-S (10 de septiembre) las declaraciones claves.

Mientras tanto, las comparecencias públicas y privadas han estado salpicadas por enfrentamientos entre el Ejecutivo socialista y sectores judiciales, con acusaciones cruzadas sobre intento de control institucional y politización del caso.

El trasfondo político: Moncloa bajo presión

El caso no solo pone bajo los focos a la esposa del presidente sino que incrementa notablemente la presión sobre La Moncloa. El Gobierno —con Pedro Sánchez al frente— ha respondido con una estrategia doble: respaldo personal incondicional hacia Gómez (“al Presidente del Gobierno, enamorado, solo le importa ella”, ironizaba recientemente un columnista) y críticas abiertas hacia lo que consideran una “cacería política” desde sectores judiciales afines a la oposición.

No es casualidad que varios ministros socialistas hayan elevado el tono contra las actuaciones del juez Peinado. El propio magistrado intentó sin éxito que el Tribunal Supremo investigase como imputado al ministro Félix Bolaños —por su papel en la contratación de Álvarez— encontrándose con un portazo tajante del Alto Tribunal ante lo que calificaron como “ausencia absoluta” de indicios.

¿Y ahora qué? Lo que está en juego

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, los escenarios abiertos son múltiples:

• La UCO analizará miles de correos electrónicos para determinar si hubo uso indebido del correo oficial para negocios privados o favores personales.
• El próximo 10-S se celebrará una vista crucial para delimitar competencias e imputaciones formales tanto para Gómez como para su asesora.
• La instrucción podría derivar hacia nuevas ramificaciones si aparecen indicios sólidos en los emails solicitados o si los testigos citados aportan datos relevantes.

En paralelo, continúa la batalla política por controlar el relato: mientras Moncloa denuncia “lawfare” judicial, PP y Vox insisten en reclamar responsabilidades políticas inmediatas.

Curiosidades y datos llamativos

• Es la segunda vez que Begoña Gómez comparece como investigada ante el juez Peinado; anteriormente lo hizo por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción.
• La investigación pivota sobre prácticas similares detectadas en otros escándalos recientes como el caso Koldo, donde también se analizaron comunicaciones electrónicas masivas.
• El requerimiento abarca todos los periodos electorales recientes: desde las generales hasta las autonómicas, pasando por mociones de censura y crisis internas del PSOE.
• Algunos analistas han ironizado sobre el “efecto Streisand” jurídico: cuanto más intenta Moncloa cerrar filas entorno al caso, mayor es el interés mediático y judicial despertado.
• Entre los testigos llamados figura personal clave del Instituto Nacional de Estadística y CNMC, lo cual anticipa nuevas vertientes centradas en contratos públicos.

El pulso entre jueces y Gobierno promete seguir llenando titulares… aunque algunos preferirían seguir hablando del último fichaje del Real Madrid o del precio del aceite virgen extra.