Las magistradas Ferrer y Polo, las del voto discrepante en en Tribunal Supremo, también se opusieron a que se condenase a Griñán por los EREs

En el corral sanchista y esperando premio.

Porque el PSOE nunca es desagradecido con quienes le sirven y algo les caerá.

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos con agravante de prevalimiento del carácter público (art. 417.1 CP) —con dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros— ha sacudido las estructuras del poder judicial y ha alterado el paisaje político español.

También en Sala Penal del Tribunal Supremo.

Lejos de la supuesta unanimidad que se asocia al TS, este fallo ha puesto al descubierto una significativa división interna: las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo han presentado un voto particular en contra de la condena.

Ambas juezas, con un perfil izquierdista y una trayectoria destacada en la que siempre han estado en la órbita del PSOE, han decidido distanciarse de la mayoría conservadora, manteniendo una postura favorable a las instrucciones y manejos de Pedro Sánchez que, según argumentan, se ajusta a su interpretación del derecho penal.

No es la primera vez que Ferrer y Polo se convierten en el epicentro de la controversia: ya mostraron su disidencia en el caso ERE, oponiéndose a la prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán.

Esta consistencia doctrinal no es un mero detalle; ha cimentado su reputación como voces críticas dentro de la Sala Segunda.

Votos particulares: el oxígeno de la doctrina alternativa

En el ámbito jurídico español, el voto particular no es simplemente una manifestación de desacuerdo, sino una herramienta formal y legítima para registrar una interpretación diferente.

El caso García Ortiz lo ejemplifica a la perfección. Las dos magistradas han sustentado su discrepancia en criterios técnicos, distanciándose —como insisten sus defensores— de cualquier presión política o mediática.

• Ana María Ferrer, quien hizo historia al ser la primera mujer en acceder a la Sala Segunda del Supremo, ha forjado su carrera sobre un enfoque técnico prudente y la defensa del garantismo penal.
• Susana Polo, reconocida figura en el ámbito judicial, se ha alineado con Ferrer en este y otros asuntos relevantes.

Estos votos no solo son anotaciones al margen; alimentan el cuerpo doctrinal y pueden tener un impacto en futuras resoluciones. En esta ocasión, la división ha sido clara: cinco votos a favor de la condena frente a dos en contra. Curiosamente, Polo era la ponente inicial de la sentencia; sin embargo, al discrepar, pasó la redacción al presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.

Una condena inédita y consecuencias inmediatas

La decisión del Supremo no solo obliga a García Ortiz a dejar su puesto en la Fiscalía General, sino que también le cierra las puertas a un indulto total tras su condena. Aunque la pena impuesta es inferior a lo solicitado por las acusaciones (que pedían hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación), ha sido suficiente para apartarle del cargo y establecer un precedente: es inédito que un fiscal general se siente en el banquillo y sea condenado por el Alto Tribunal.

• No podrá optar a un indulto total, solo parcial, debido a las características del delito y a la firmeza de la sentencia.
• La salida de García Ortiz ha generado un auténtico terremoto dentro de la Fiscalía: sus allegados se encuentran «noqueados, tristes y en ‘shock'», según algunos medios.
• Esta vacante reabre viejas rencillas internas e incrementa el interés del Gobierno por influir en quién será el próximo fiscal general.

El contexto político: candidaturas y maniobras en la Fiscalía

El relevo en la Fiscalía General no es trivial. Diversos análisis apuntan que entre las candidatas favoritas del ministro Félix Bolaños están la número 2 de García Ortiz y la fiscal jefe de lo Penal del Supremo, ambas con un perfil cercano al actual Ejecutivo socialcomunista.

Este dato ha intensificado las sospechas sobre politización dentro del ámbito fiscal y alimentado relatos sobre un supuesto «asalto» institucional por parte del Gobierno.

• Lo sucedido recuerda a recientes polémicas sobre el papel desempeñado por la Fiscalía en causas sensibles para el Ejecutivo y refleja una guerra soterrada por controlar los órganos judiciales.
• Los sectores más críticos con el «sanchismo» han interpretado esta condena como una victoria para la independencia judicial frente a posibles injerencias políticas; mientras tanto, desde posiciones más progresistas se destaca que existe una mayoría conservadora en el Supremo.

Precedentes: el caso ERE y la coherencia garantista

No resulta casual que Ferrer y Polo sean protagonistas con su voto discrepante en este asunto.

Ambas ya mostraron una postura similar durante el proceso por los ERE en Andalucía, oponiéndose a que José Antonio Griñán entrara en prisión, defendiendo así una interpretación menos punitiva del derecho penal ante casos relacionados con corrupción institucional.

Este patrón coherente ha fortalecido su prestigio y convertido sus votos particulares en referencia obligada para quienes defienden una justicia menos expuesta a los vaivenes políticos.

El fallo ha dejado una profunda huella dentro de la Fiscalía. Los colaboradores más cercanos a García Ortiz han recibido esta decisión con asombro y resignación.

La celeridad con que deliberó el tribunal, sumada a la falta de unanimidad y al peso del precedente establecido, han creado un clima de incertidumbre e incluso desánimo entre los fiscales leales al condenado. La posibilidad inmediata de nuevos nombramientos afines al Gobierno mantiene alerta a todo el Ministerio Público.

• Ana Ferrer fue pionera al convertirse en 2014 en la primera mujer integrante de la Sala Segunda del Supremo, rompiendo así un techo cristalino dentro del ámbito judicial.
• El voto particular emitido por Ferrer y Polo no solo tiene naturaleza técnica; se ha transformado casi en una «marca registrada» para quienes disienten desde una perspectiva progresista dentro del Alto Tribunal.
• La condena impuesta a García Ortiz marca un hito sin precedentes para un fiscal general activo; algunos juristas advierten que podría sentar bases para futuras causas mediáticas.
• Aunque esta inhabilitación no puede ser recurrida por vías ordinarias, su defensa ya está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo cual promete mantener vivo este debate durante varios meses más.