A medida que aumenta la represión de la oposición, el Estado de derecho en Zambia se ve socavado

Desde hace varias semanas, amplios sectores de Zambia han sido sensibilizados por los múltiples acontecimientos que erosionan el Estado de derecho y que, según fuentes informativas fiables y analistas sobre el terreno, constituyen subproductos de un determinado método utilizado por Hakainde Hichilema para llevar a cabo su campaña presidencial: atacar, debilitar y excluir a cualquier actor —individual o colectivo— que se interponga en su camino.

Una de sus mayores víctimas es el empresario Harry Valden Findlay, cuya familia denunció públicamente que todavía no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de representantes oficiales del Estado sobre la situación del detenido y, especialmente, sobre el paradero real de este empresario de Lusaka, después de que hayan transcurrido más de seis días desde su detención ilegal por agentes policiales.

A estas irregularidades debemos añadir otras como, por ejemplo, que, hasta la fecha, los responsables de la ilegítima privación de libertad sufrida por Findlay no lo han presentado ante ningún juez ni han explicado a sus abogados cuáles serían los cargos legales que pesarían contra él, lo que aumenta la profunda angustia que sienten sus familiares.

En su comunicado oficial, el entorno del señor Findlay declaró: «El 9 de agosto de 2026, alrededor de las 18:00 horas, el señor Harry Findlay fue sacado de la custodia policial y trasladado en un vehículo sin distintivos a un lugar desconocido. Hasta el momento, no tenemos ninguna información al respecto».

Por otro lado, distintas fuentes que conocen en detalle la crítica situación en la que se encuentra Harry Findlay advierten de un posible propósito por parte de quienes lo retienen indebidamente: deteriorar gravemente su estado de salud, teniendo en cuenta que este empresario tiene 63 años y que, desde las más altas esferas del poder presidencial zambiano, es señalado como un «rival al que hay que destruir». Asimismo, funcionarios policiales y judiciales se habrían negado a recibir los medicamentos que la familia de Findlay intentó hacerle llegar y que el empresario detenido toma diariamente.

Sin embargo, cabe señalar que estos incidentes relacionados con la persona de Harry Findlay también se observan en otros casos de sufrimiento y persecución de figuras de la oposición.

Por ejemplo, más de 24 horas después de sus secuestros, ocurridos el domingo 9 de agosto, la exembajadora del país ante las Naciones Unidas, Martha Lungu Mwitumwa, y la trabajadora de prensa Hanna Katontoka aún no habían sido liberadas después de que un grupo desconocido de hombres, fuertemente armados y desplazándose en tres furgonetas, las capturara en la capital del país para trasladarlas a un lugar que, hasta el momento, permanece sin revelar.

Cabe señalar que los familiares de estas dos mujeres, que forman parte del equipo de campaña de la alianza opositora «Tonse-Pamodzi Alliance», no recibieron ninguna información vital por parte de la policía.

Además, la policía informó de la detención de más de tres decenas de miembros del equipo de seguridad de la alianza opositora y de los populares artistas Moses Ng’andwe (Chester), Felix Ndangeni Inshila e IDC Light, quienes fueron liberados urgentemente gracias a la intervención de la Zambia Association of Musicians (ZAM).

El exparlamentario Munir Zulu también permanece encarcelado bajo acusaciones del Estado que niega categóricamente. En la misma situación se encuentra el subsecretario general de la «Tonse-Pamodzi Alliance», Kennedy Kaamba, quien tenía la función de prevenir el fraude electoral.

En esta realidad, en la que se intenta asfixiar a la oposición y limitar su margen de maniobra, la sociedad zambiana continúa consternada por el crimen ocurrido el pasado fin de semana, que acabó con la vida de Stelios Sardanis, de 64 años, propietario del complejo turístico Chaminuka Lodge y vinculado al espectro opositor.

Por tanto, nos encontramos ante un escenario que vulnera numerosas normas y disposiciones legales destinadas a garantizar la seguridad de las personas, tanto a nivel nacional como internacional.

Este momento, que, como puede observarse, es extremadamente difícil, pone en jaque el Estado de derecho en Zambia, hace explícita la naturaleza profundamente arbitraria de quienes gobiernan el Estado y, al mismo tiempo, advierte a toda la población de que la libertad de todos y para todos está siendo desmantelada de forma rápida y contundente.

Y los ideólogos y responsables de este plan están a la vista de todos.