Reminiscencias y resabios inquisitoriales

ha debido deteriorarse la Administración de Justicia en nuestro país para que a un ciudadano sirio, de etnia kurda, sin antecedentes -que había solicitado asilo, aunque se le denegara-, se le pueda pedir por un fiscal una pena de tres años y la expulsión a su país de origen, con el riesgo de sufrir desagradables consecuencias, por el simple hecho de haber arrojado un zapato al primer ministro de Turquía, Erdogan, para llamar la atención sobre la represión de su Gobierno respecto a la minoría kurda que vive en aquel país desde hace siglos.

Insatisfecho el fiscal con tal leve petición, solicitó también que se le condenara por «resistencia grave a los agentes de la autoridad», lo que agravaba todavía más la situación, aunque, al parecer, esa resistencia era la normal y mínima que toda persona realiza cuando se la detiene.

Cuando leí la noticia no salía de mi asombro. Pensé que en un país con una mínima sensibilidad y respeto a los derechos humanos, no podía producirse tal petición.

Me vinieron a la cabeza aquellas sabias reflexiones que el gran humanista renacentista Fray Antonio de Guevara expuso en su Relox de príncipes, en las que aconsejaba sobre la conveniencia de que los reinos evitaran la crueldad en la aplicación de las penas:

«Considerando de cuantos males estamos cercados y a cuantas miserias sujetos, no me maravillo de las humanidades que cometemos los humanos, pero me escandalizo de las crudas justicias que hacen nuestro jueces, por manera que con más razón los podemos llamar tiranos que matan por fuerza, que no censores que administran Justicia».

No era contrario Fray Antonio de Guevara a una estricta aplicación de la ley, toda vez que él mismo decía «do los hombres son descomedidos, los que administran justicia han de ser rigurosos».

No obstante, sabedor de las flaquezas humanas, y que con los tiempos los seres humanos cada vez disminuyen en virtud y aumentan en vanidad, temía los excesos que los poderes coactivos podían llegar a causar en el ejercicio de sus funciones, y se lamentaba amargamente de «¡cuántos lugares y reinos han sido perdidos no por los males que los malos en ellos cometieron, sino por las desaforadas justicias que los que la administran han ejecutado!«.

Pero desafortunadamente no se han tenido tales precauciones en este caso. La condena solicitada por el lanzamiento del zapato del ciudadano sirio no se ha quedado en una simple petición del fiscal y en un acto de mera protesta.

Hokman Joma, que así se llama el infortunado, llevaba ya en prisión desde febrero de este año, y ha sido condenado el pasado 29 de junio por el juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla, a tres años de prisión; eso sí, se ha tenido la benevolencia de no condenarle a la expulsión a su país, ni tampoco por la grave resistencia a la autoridad, que no se sostenía, toda vez que según se precisa en la sentencia, la «operación de detenerlo duró tan sólo unos segundos, quedándose quieto una vez se le hizo el barrido correspondiente«.

Para entender las razones de estos hechos, conviene saber que ya desde principios del siglo XIX, los llamados Jóvenes Turcos que gobernaban el decadente Imperio Otomano, desplazaron y represaliaron a cientos de miles de ciudadanos kurdos, en condiciones verdaderamente infrahumanas.

Esta represión, en aras del nacionalismo turco, continuó con Atatürk, afectó a millones de personas y ha seguido, aunque de forma mas suave y democrática, con el Gobierno de Erdogan.

La sentencia es un modelo de cómo se ha deshumanizado la justicia y también del desigual trato que reciben los desheredados de la tierra. Cuesta creer que se hubiera condenado a tres años de cárcel al autor si éste hubiera sido algún activista de la Unión Europea que tuviera detrás el respaldo de cualquier organización política o social.

El caso es que el magistrado ha considerado que el lanzar un zapato al Sr. Erdogan, es un atentado en toda regla y aunque no le haya alcanzado, -si de verdad quería agredirlo no era el instrumento adecuado-, y dado que este delito se perfecciona incluso aunque el «acto de acometimiento no llegue a consumarse», procede aplicarle la pena mínima de tres años.

De esta forma, la condena impuesta al ciudadano sirio-kurdo tiene igual entidad que la aplicada a Farruquito, que causó la muerte de una persona y además huyó sin prestarle auxilio.

Es verdad que el juez no lo tenía fácil salvo que entrara en el fondo del asunto. En parte venía condicionado por la increíble petición del fiscal y su ardor justiciero, más propio de la época medieval o de la administración de Justicia de los ayatollah, que de la de un país civilizado; se le complicaba además por el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que no cabe la tentativa en este tipo de delitos -lo que no deja de ser un sinsentido-, aunque según se manifiesta en la sentencia tampoco la pidió la defensa -si no cabía, de poco servía solicitarla-. Quizás no lo hizo, porque su planteamiento debió ser que este acto no podía considerarse un atentado, sino una mera protesta.

Visto lo anterior, y sin olvidar que si se le absolvía, difícilmente podía justificarse que llevara encerrado cuatro meses -no se entiende tampoco la demora en celebrar el juicio-, el magistrado optó por basar su condena en un argumento incorrecto que ha llevado a esta desmesura.

Dio por probado que el acusado «arrojó el zapato contra el primer ministro Erdogan con la intención de golpearle y transgredir su integridad física o, al menos, con la conciencia de la alta probabilidad de que dicho zapato le alcanzara y transgrediera su integridad«.

En consecuencia, dictó la condena. El planteamiento era erróneo.

Volví a recordar una vez mas al citado Fray Antonio de Guevara cuando dice «escandaliza ver que algunos jueces quieran hacer de la República, lo que hace el sastre a la ropa, a saber, volver lo de dentro fuera, lo de tras adelante, de faldas hacer mangas; lo cual no deberían hacer ni los pueblos consentir«.

Si uno quiere cometer un atentado difícilmente utiliza un zapato y es conveniente saber que en la cultura árabe, el lanzamiento de un zapato es una forma de mostrar desprecio, ya que supone que la persona a la que se le envía está por debajo de la suela, como a ras de tierra.

No sin cierta razón e ironía, acaba de decir en una entrevista el presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Joaquín Sánchez Ugena, que si llega a darle con el zapato al Sr. Erdogan, le cae al kurdo cadena perpetua.

Afirmó, a su vez, que esta sentencia es un puro disparate; y también que aunque la mayoría de los profesionales de la Justicia se esfuerzan al máximo, hay jueces que se creen el no va más y que jamás aceptan hablar ni siquiera con una señora que tiene a su hijo en la cárcel.

Cabría preguntarse cuántos de entre los jueces y fiscales de lo penal visitan las cárceles para conocer las condiciones en que se encuentran y son tratados los presos, dado que en estos establecimientos impera con frecuencia la ley del más fuerte.

Aconsejaba a este respecto Fray Antonio de Guevara la «conveniencia de vigilar y consolar a los cautivos que suelen estar más bien desconsolados; pues si los dioses son piadosos y así nos criaron y nos mandaron ser, ¿por qué nuestros jueces quieren ser crueles?«.

En esta misma entrevista, también le preguntaron su opinión a D. Rafael Belmonte, presidente de los Abogados Jóvenes de Sevilla, cuya respuesta es para ponerle un marco.

Y es que bien podía el magistrado haber traído a colación al famoso tratadista italiano, Cesare Beccaria, que ya a finales del siglo XVIII, en el libro que escribió De los Delitos y las Penas para defender a los ciudadanos de la arbitrariedad y los excesos de los aparatos coactivos del Estado, precisa «las reflexiones precedentes me conceden el derecho de afirmar que la única y verdadera medida de los delitos es el daño causado, añadiendo que no tiene sentido medirlos por la persona ofendida sino por el daño producido«.

Como quiera que en este caso no ha habido daño ni el instrumento era el apropiado, procedía haber considerado estas actuaciones como un mero acto de protesta o de desprecio y por tanto como falta y no delito.

Consciente de todo ello el propio magistrado trata de justificarse y dice que no le queda más remedio que aplicar la pena, añadiendo que debería solicitarse, incluso de oficio, el indulto. No estaría de más que el Defensor del pueblo andaluz lo hiciera, y que pronto el Sr. Hokman Joma quede libre.

Pero esta sentencia es preocupante por sí misma y también por lo que supone.

• El primer problema es que nos muestra cómo se esta imponiendo una deriva autoritaria en la interpretación y aplicación del Código Penal en nuestro país.
• En segundo lugar, resulta preocupante que esta condena no haya provocado un rechazo explícito de las organizaciones de defensa de los ciudadanos ni del Colegio de Abogados de Sevilla, ni de los partidos políticos y organizaciones sindicales.
• Y en tercer lugar, y lo que en el fondo tiene mayores consecuencias, es que esta deriva autoritaria no es un caso aislado.

Últimamente se están produciendo una serie de actuaciones de algunos jueces y fiscales estrellas que vulneran nuestras libertades y derechos, creando una enorme inseguridad jurídica.

Es verdad que nuestro país se ha deslizado peligrosamente por la pendiente de la corrupción. Para eliminarla y luchar contra la delincuencia organizada hay que dotar de suficientes medios a quienes deben combatirlas. Pero el fin no justifica los medios. No todo vale.

No se pueden equiparar las irregularidades urbanísticas, la inmigración ilegal con el narcotráfico y el crimen organizado, ni tampoco el dinero negro-defraudación fiscal, con el dinero sucio proveniente de la droga, las extorsiones y los secuestros; ni las drogas blandas con las drogas duras.

No por acabar con la corrupción hay que acabar con el Estado de Derecho. Nos ha costado muchos años de lucha y sufrimiento conseguirlo; tenemos que impedir que lo destruyan los terroristas, los delincuentes y los corruptos y, en su caso, los Donald Rumsfeld o los fundamentalistas justicieros.

Luchar contra la corrupción y contra la delincuencia no impide respetar los derechos de las personas y defender las garantías jurídicas pertinentes, que es lo que distingue a las sociedades libres de las totalitarias.

Como quiera que somos propicios a pasar de un extremo a otro, algunas de las medidas que se están tomando, el poder casi ilimitado que estamos concediendo a quienes deben aplicarlas, puede que algún día haga que el remedio sea casi tan grave como la enfermedad. No existe progreso económico si no hay seguridad y un clima de confianza.

¿Cómo se pueden declarar ilegales y pretender derribar viviendas de propietarios de buena fe, muchos de ellos extranjeros que vinieron a jubilarse a Andalucía, que ahora se les dice que su licencia es incorrecta y nadie les garantiza la indemnización?

Mucho me temo que no queda munícipe que esté dispuesto a dar una licencia urbanística y casi ninguno que no tema ser imputado, gracias además a esa epidemia que se ha extendido por doquier entre los partidos políticos y similares organizaciones, de denunciarse unos a otros sin ton ni son, con tal de destruir al contrario o aumentar el propio poder.

Proliferan en demasía las imputaciones, raro es el día en el que no se producen detenciones en las que la Policía Judicial actúa en muchos casos con un sensacionalismo, impropio de la serenidad y mesura que deben presidir las actuaciones judiciales.

Recientemente Teodoro León Gross publicaba un artículo en un diario malagueño, que hablada de las «escandalosas detenciones» y criticaba la forma en que algunas de ellas se están produciendo:

«Lo ocurrido durante la operación Malaya da para un máster de garantías procesales vulneradas».

Vino a decir que hay una serie de abusos en la «puesta en escena», de tal forma que ciertas normas parecen que son papel mojado para algunos de los que tienen que aplicarlas, lo que no contribuye al buen funcionamiento de la Justicia sino al descrédito de la misma, toda vez que su razón de ser es el circo mediático.

Podríamos añadir, además, entre otros temas preocupantes, que no es raro que causas con preso se demoren más de lo debido en perjuicio de los reos; y también que se están dando demasiados casos en los que muchas personas -que puede que efectivamente hayan delinquido- han sido detenidas con tal parafernalia, que se ha destruido totalmente su reputación y no se ha tenido respeto alguno con el hecho de que no tenían antecedentes, ni con su trayectoria profesional y empresarial, olvidando cuantas actuaciones anteriores hubieran hecho en beneficio de la comunidad.

En el fondo se les ha impuesto una sanción que no procedía ni esta tipificada: una «enorme pena social», a veces incluso más dolorosa que la de privación de libertad, cuando precisamente la legislación penal prescribe lo contrario; exige ser lo mas cuidadoso y respetuoso en este sentido.

Se está creando un clima de inseguridad jurídica y desconfianza, impropio de una sociedad libre. Da la impresión que vamos hacia un país vigilado, controlado, intervenido, bajo la férula del todopoderoso Gran Hermano, de Orwell.

Uno se pregunta dónde están los colegios profesionales y cómo no toman medidas para evitar estos desafueros. ¿Cómo es posible que el Colegio de Abogados de Madrid no se haya querellado contra quienes intervinieron los teléfonos de los abogados en el ejercicio de su profesión, o por qué no lo hicieron los colegios notariales cuando detuvieron a algunos de sus colegiados por meros indicios en la Costa del Sol?

Puede que entre las distintas razones, una de ellas se encuentre en la respuesta que el Sr. Rafael Belmonte, dio cuando le preguntaron sobre la sentencia del ciudadano kurdo: no opinaba toda vez que sólo conocía el tema por la prensa: impecable y aséptica explicación.

Aunque nada dice al respecto el tan citado Fray Antonio de Guevara, podría, si hubiera conocido esta respuesta, haber añadido otra pertinente reflexión:

«Sería conveniente, contribuiría al bien público y redundaría en beneficio de la profesión, que quienes representan a los jóvenes abogados, vinieran obligados en razón de su cargo, a denunciar las injusticias y defendernos de las mismas, más que a guardar las formas».

Cuando aceptamos que se limiten, sin justificación suficiente, nuestros derechos y libertades perdemos nuestra condición de ciudadanos para alcanzar la de súbditos.

Decía el gran Volney, en las magnifica reflexiones que hizo sobre el declive de los imperios en su libro Las Ruinas de Palmyra, que hay tiranos porque los hombres aceptan ser esclavos y da la impresión de que últimamente no estamos muy dispuestos a luchar por liberarnos de nuestras cadenas.

En un Estado de Derecho, la Administración de Justicia es uno de los grandes pilares de la vida pública. Hay que dotarla de medios y del respaldo suficiente para que puedan cumplir con eficacia su función, pero al mismo tiempo debe exigírseles respeto a los derechos de los ciudadanos, incluso de los que hayan delinquido.

Es evidente que la mayoría de los jueces y fiscales realizan su trabajo en difíciles situaciones, con seriedad y rigor, tratando de aplicar la ley en sus justos términos.

No están además bien remunerados y con frecuencia tampoco reconocidos. Muchos de ellos deben estar preocupados por las derivas que se están produciendo y la proliferación de estrellas en la profesión.

Sucede, sin embargo, que en épocas de crisis o sequía, no suelen brillar los que trabajan seria y calladamente, florecen y suelen medrar los que gustan de narcisismos y vanaglorias y van de justicieros universales por encima del bien y del mal, gozando de la atención o el aplauso de los medios de comunicación sensacionalistas.

Desgraciadamente se está politizando la justicia y judicializando la vida pública y económica, lo que no mejora la Justicia, tampoco enriquece la vida económica, ni hace fructificar el quehacer político.

Quienes gobiernan no deben olvidar que en una sociedad tan compleja como la actual, tan importante es tener una eficaz Administración de Justicia, como dotar a los ciudadanos de seguridad jurídica, y para ello se necesita establecer las formas y procedimientos que permitan «custodiar a quien custodia y vigilar a quien vigila«.

Te pido, lector, si has sido capaz de llegar hasta el final, primero, perdón por tan largo texto y, segundo, que me dejes terminar citando por ultima vez a mi admirado Fray Antonio de Guevara:

«¡Oh, a cuánto se obliga el que de administrar justicia se encarga, porque si tal hombre es recto cumple con lo que es obligado; mas si el tal es injusto, justamente ha de ser de Dios punido y de los hombres acusado!».