Agua de todos y para todos

El periodista y luego político Indalecio Prieto fue el primero que, siendo ministro, tuteló en 1932 el llamado Plan Nacional de Obras Hidráulicas, idea genuina de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que convirtiese para siempre el agua y su distribución solidaria por toda España en un asunto de Estado.

Sin embargo, varios de sus compañeros socialistas en la II República estaban más por la gresca, el enfrentamiento, la sumisión a los comunistas de la URSS y la secesión de partes fundamentales de España que por abordar un problema nacional de enorme magnitud que en el pasado había generado conflictos locales (“guerras del agua”) por ese bien esencial.

Francisco Franco Bahamonde construyó en la dictadura decenas de pantanos que acabaron con la sempiterna sequia de España y almacenaron el líquido elemento con el que hacer frente con éxito a los periodos de sequía y a la generación de energía eléctrica limpia y no contaminante, gracias a la llamada con acierto “hulla blanca” (saltos de agua), pero no culminó lo que hubiera sido definitivo: la interconexión de las cuencas hidrográficas, la vertebración hidrológica nacional, con el fin de trasvasar agua de donde sobra a donde falta.

En la bendita Transición, cuando la derecha, el centro, la izquierda socialdemócrata y la izquierda comunista se pusieron de acuerdo para perdonar, acordar que “nunca más”, pactar y establecer la democracia bajo una monarquía parlamentaria, se resucitaron muchos de esos planes hidráulicos y se continuaron las obras del trasvase Tajo-Segura iniciadas por Franco en 1969 y culminadas e inauguradas en 1979 por el ministro de obras públicas de UCD Joaquín Garrigues Walker, diputado por Murcia. Después se acordaron otros como el Ebro-Duero y de éste hacia el sureste, y el Júcar-Vinalopó, de los que se realizaron las obras pertinentes con cerca de 4.000 millones de euros de financiación de la UE. Sin embargo, el egoísmo de los independentistas catalanes de ERC, con el sibilino y traidor Jordi Pujol i Soley moviendo los hilos, los empezaron a torpedear, hasta el punto de pedir al disolvente José Luis Rodríguez Zapatero que no los llevase a cabo si quería su apoyo en una futura sesión de investidura.

Y así fue. Zapatero lo incorporó a su programa de gobierno si obtenía la victoria electoral frente a Mariano Rajoy Brey en las elecciones generales de 14 de marzo de 2004. La logró contra pronóstico por una ventaja del 4,9% tras los atentados terroristas en los trenes de cercanías de Madrid llevados a cabo por Al Qaeda y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (11 de marzo de 2004: 193 muertos y 2.000 heridos), y como lo prometido a los independentistas es deuda: el 21 de abril de 2005, a propuesta del Gobierno de Zapatero, el Congreso de los Diputados derogó el trasvase del Ebro al Duero, que tenía previsto terminar e inaugurar el PP si hubiera gobernado, y aprobó además la reforma (achicamiento) del PHN por 188 votos a favor (PSOE, PNV, CiU, ERC y Coalición Canaria), 135 en contra (PP) y tres abstenciones. Contra la opinión de su marido, el inteligente y eficaz Josep Borrell Fontelles, la ministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona Ruiz, aliada con los verdes, se felicitó por la cancelación y sustituyó el trasvase por carísimas desalinizadoras que generan agua dulce a un coste superior al del trasvase (actualmente 1euro y 40 céntimos por metro cúbico de las desalinizadoras, frente a 0,18 céntimos del trasvase), añaden el “efecto devastador” de la salmuera para la vida marítima, no pueden suministrar el cien por cien del caudal del trasvase y no están conectadas entre sí ni a las cuencas fluviales, con lo que solo sirven para las tierras cercanas. Un verdadero despropósito insolidario que consiste en verter cada año al mar agua dulce sobrante de las cuencas del norte, mientras las del centro y el sur se mueren de sed periódicamente con el beneplácito y regodeo de los verdes ecologistas, el resto de egoístas y los independentistas… y la desesperación de los 80 mil agricultores del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que aglutina a 80 comunidades comarcales y locales de Murcia, Alicante y Almería. Como ha dicho con acierto el empresario Vicente Boluda Fos, quitar el agua que es de todos los españoles a los regantes que la necesitan es como poner un impuesto a los que vayan a la playa por carecer de ella en su lugar de residencia.

El centenario Plan Hidrológico Nacional duerme el sueño de los justos y el Ministerio (in) competente solo contempla modestos planes de cuenca dentro de una misma comunidad autónoma. ¡Pobre España!, sin vertebración hidrológica y a pesar de haber fondos económicos europeos para ello. ¿Tiene que venir otro dictador para solucionar un problema que han tenido otros países y han resuelto con rigor y sentido común?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL