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La tragedia del fuego, como antes la de la DANA en Levante, ha puesto de forma descarnada sobre el tablero político una tremenda verdad: la tan alabada España de las Autonomías no funciona.
Es una mierda como el sombrero de un picador.
No solo resulta enormemente cara, fatigosamente lenta y desesperadamente burocrática, sino que sirve para las fiestas, el oropel y el menoreo, pero cuando llegan los desastres se atasca y enseña las costuras.
Le pasa lo mismo que a la Constitución del 78, como deja patente cada día el infame Pedro Sánchez.
Nos parecía esa Constitución un prodigio de la concordia y el diálogo, pero ha bastado que entrase en La Moncloa un amoral como el marido de Begoña, decidido a pasarse el texto por la entrepierna, para que la ilusión saltase en pedazos.
Y con la ilusión, la separación de poderes y la fe de la ciudadanía en la Justicia, el Estado de Derecho y las garantías democráticas.
Parece que Feijóo ha ordenado en Génova 13 que le preparen un prolijo documento, con listado detallado de las leyes aprobadas por el PSOE y sus zarrapastrosos compinches desde que ‘okuparon’ el poder hace ocho años. las leyes que en su opinión que merecen ser derogadas.
Es evidente que el líder del PP tiene claro que no debe ni puede repetir el estúpido error de Rajoy, quien, para no molestar o levantar olas, optó por no tocar un pelo de lo urdido por Zapatero y ni siquiera borró la guerracivilista Ley de Memoria Histórica.
Me parece perfecto que, en cuanto gane las elecciones —y lo hará porque a este paso VOX y PP van a reunir más de 200 escaños en los próximos comicios—, Feijóo eche abajo la Amnistía a los golpistas catalanes, restaure lo podado en el Código Penal sobre la malversación y pulverice insensateces como la Ley Animal o esa que te permite entrar al Registro Civil como Manolo y salir como Mari Puri, con una simple firma y una declaración de voluntad.
Pero no es suficiente.
Hay que revisar, y a fondo, la Constitución, para tapar grietas y blindar el sistema contra la insaciable voracidad del nacionalismo periférico.
Y a la vez que evitamos que España se deshilache, es urgente un retorno a la sensatez, como proclama cada día Santiago Abascal.
El que entra ilegalmente por la frontera comete un delito y debe ser tratado en consecuencia.
Los MENAs, cada uno de los cuales nos cuesta 4.000 euros al mes, cuando un brigadista forestal se juega la vida contra el fuego por 1.500, de vuelta con sus padres. Y al que okupa una casa ajena, una patada en el culo y a la calle.
Hay que dejarse de gilipolleces.
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