A la declaración conjunta de Íñigo Urkullu y Uxue Barkos se le puede aplicar la máxima de «ni una mala palabra, ni una buena acción».
Ambos midieron sus declaraciones para marcar distancias con el teatro montado en Cambo-les Bains con los asalariados internacionales de ETA y muchos personajes de segunda fila. Insistieron formalmente en el reconocimiento a las víctimas, especialmente Urkullu, quien reprochó a ETA que no les pidiera perdón.
Pero tras la hojarasca de buenas palabras se esconden otros mensajes que realmente sustentan lo que puede ser la agenda política común de ambos gobiernos regionales. La comparecencia conjunta representa un mensaje en sí misma, una escenificación de dos de las partes (falta la francesa) de esa Euskal Herria que propugna el nacionalismo panvasquista y, por supuesto, ETA. Los gobiernos cántabro, riojano o castellano-leonés podrían sentirse concernidos por el anuncio etarra, porque el terrorismo también dejó allí su huella asesina.
Pero a Urkullu y a Barkos nunca se les habría ocurrido mancomunar su mensaje con gobiernos no nacionalistas. Lo han hecho conjuntamente para conceder a ETA la victoria política de inaugurar una nueva etapa histórica. Y en la medida en que así lo hacen, niegan al Estado el mérito de lo que ha sido una derrota de los terroristas en toda regla.
Coinciden así con el significado que ETA quiere dar a sus comunicados: gracias a su decisión «unilateral», el País Vasco y Navarra empiezan un nuevo tiempo en el que la territorialidad y el derecho de decidir reaparecerán en los discursos del nacionalismo. Ambos mandatarios se refirieron a su compromiso por la convivencia y la paz, con lo que nadie puede estar en desacuerdo.
Pero cuando el nacionalismo ha hablado de convivencia y paz lo ha hecho para justificar la existencia del conflicto en el que ETA ha buscado su legitimación histórica y social. Por eso, en Cambo-les Bains estaba el PNV, representado por su máximo dirigente, Ortúzar, porque el nacionalismo vasco no es capaz de abandonar la doble moral con la que se ha comportado ante el terror.
No hay que olvidar que el PNV pactó en 1998 el Acuerdo de Lizarra con la ETA que acababa de asesinar a Miguel Ángel Blanco. Este y otros episodios aconsejan desconfiar de las proclamas buenistas del nacionalismo a la hora de interpretar el comunicado de ETA. Acabado el terror de ETA, por mérito del Estado, el nacionalismo vasco necesita nuevos conflictos y los provocará.
La declaración institucional del presidente del Gobierno tras la disolución de ETA fue intachable al señalar que «no hubo ni habrá impunidad con los asesinos», pues los protagonistas de esta fase siguen siendo las víctimas y no de los verdugos, esos con los que el Estado, en nombre de los españoles, aún tiene que ajustar cuentas pendientes.
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