Mazazo jurídico al PSOE por su reglamento para sancionar a periodistas incómodos en el Congreso

En pleno verano político, el Congreso de los Diputados se convierte una vez más en el escenario de una batalla crucial: la libertad de prensa frente al afán regulador del poder legislativo. La propuesta de reforma del Reglamento, impulsada por el PSOE y sus aliados, ha generado un terremoto en el ecosistema mediático y jurídico. El objetivo declarado: sancionar a los periodistas acreditados que, según la Mesa del Congreso, no respeten las normas de “cortesía parlamentaria” o dificulten el trabajo institucional. Pero la realidad es que la iniciativa ha sido interpretada por buena parte de la oposición y del sector periodístico como un intento de amordazar a los medios más críticos con el Gobierno.

La reforma permitiría, entre otras cosas:

• No renovar la acreditación a medios considerados problemáticos.
• Imponer sanciones a periodistas que no sigan las directrices de la Mesa.
• Establecer requisitos adicionales para renovar credenciales.
• Crear un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, integrado por representantes políticos y profesionales, con capacidad para proponer sanciones.

Advertencia seria: los letrados ponen freno

El verdadero mazazo ha llegado este lunes: los letrados del Congreso han emitido un informe demoledor sobre la reforma. La nota técnica, aunque no vinculante, cuestiona abiertamente la “legitimidad” de sus señorías para establecer límites tan restrictivos al ejercicio periodístico. Y lo hacen recordando algo tan básico como el artículo 53 de la Constitución española, que garantiza el derecho fundamental a recibir y difundir información veraz por cualquier medio. Según advierten los letrados, ninguna regulación puede afectar negativamente a esa libertad esencial.

Entre sus recomendaciones más contundentes destacan:

• Las instrucciones del personal parlamentario deben limitarse estrictamente a ordenar el funcionamiento de las ruedas de prensa, sin condicionar la conducta informativa de los medios.
• Para abrir un expediente sancionador no basta con una denuncia política; es imprescindible aportar pruebas objetivas, especialmente grabaciones audiovisuales.
• Se debe establecer un régimen claro de prescripción para las infracciones: seis meses para las muy graves, tres meses para las graves y uno para las leves. Estos plazos empiezan a contar desde el día en que se cometió la supuesta falta.

Una reforma rodeada de polémica

El debate político no ha hecho sino caldearse desde que la reforma echó a andar. El texto salió adelante en ponencia gracias al respaldo del PSOE y sus socios habituales —Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria— mientras que PP y Vox han mantenido una oposición frontal. Consideran que las normas actuales ya otorgan suficiente capacidad a la presidencia del Congreso para mantener el orden interno y que lo único que busca la reforma es silenciar voces incómodas y restringir el pluralismo mediático.

La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, se ha visto en el ojo del huracán tras ser acusada por miembros de la oposición —con Cayetana Álvarez de Toledo al frente— de querer convertir la Mesa en un “tribunal inquisidor” capaz de decidir qué preguntas pueden formularse o qué periodistas tienen derecho a preguntar.

No faltan las voces que recuerdan incidentes recientes protagonizados por algunos informadores digitales —los famosos “pseudoperiodistas”— que han cruzado líneas rojas en su trato con políticos o colegas. Sin embargo, asociaciones profesionales temen que el remedio sea peor que la enfermedad y acabe instaurando una suerte de censura preventiva bajo pretexto de velar por la convivencia parlamentaria.

¿A quién afecta realmente?

Si finalmente se aprueba tal cual está planteada, la reforma permitiría:

• Suspender temporalmente o retirar definitivamente credenciales a periodistas incómodos.
• Prohibir grabaciones si no hay acreditación expresa.
• Obligar a respetar directrices internas cuya interpretación puede ser muy subjetiva.
• Delegar en un consejo mixto (políticos-periodistas) el poder disciplinario sobre los medios.

A día de hoy:

• La tramitación sigue su curso acelerado; se prevé su aprobación definitiva antes del receso estival.
• Las dudas jurídicas expresadas por los letrados abren una incógnita sobre su futura aplicación e incluso sobre eventuales recursos ante el Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, en los pasillos del Congreso ya circula una broma recurrente: ¿Veremos próximamente ruedas de prensa con preguntas previamente aprobadas por notario? Solo faltaría exigir corbata… roja.

Periodista Digital pone pie en pared

Durante los últimos años en Periodista Digital hemos sido testigos —y en muchos casos víctimas— de una ofensiva institucional contra el periodismo incómodo. Ante la constatación de que la libertad de prensa está siendo acorralada por el Gobierno de Pedro Sánchez -vulnerando frontalmente los artículos 20, 14, 25 y 24 de nuestra Constitución Española- desde este medio, hemos registrado en el Parlamento Europeo un manifiesto para proteger un periodismo libre en España.