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El Gobierno Rajoy aprueba una batería de medidas de regeneración política

Se prohibe a los bancos seguir perdonando deudas a los partidos políticos

Se prohíben completamente las donaciones que tengan su origen en personas jurídicas

Periodista Digital 13 Dic 2013 - 15:04 CET
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El Gobierno ha presentado este viernes, 13 de diciembre de 2013, un paquete legislativo para mejorar la lucha contra la corrupción que incluye medidas como la prohibición de condonar deudas a los partidos políticos y la prohibición de las donaciones de personas jurídicas estas formaciones.

Igualmente, recoge novedades como la de que las personas condenadas por delitos de terrorismo no puedan ser altos cargos de la Administración mientras no se cancelen los antecedentes penales.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha pilotado este plan de regeneración democrática.

En concreto, ha presentado dos anteproyectos concretos: la ley reguladora del régimen económico financiero de los partidos y la ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, dos normas que el Ejecutivo quiere consensuar con los grupos parlamentarios durante el trámite parlamentario.

Como principales novedades en la primera norma se incluye la de prohibir las donaciones de personas jurídicas a los partidos.

«Hasta ahora los partidos podían recibir donaciones procedentes de personas físicas sin limite de 100.000 euros anuales. Ahora se prohíben completamente las donaciones que tengan su origen en personas jurídicas».

La vicepresidenta ha destacado también el hecho de que la futura ley de régimen económico financiero de los partidos vaya a incluir también la «prohibición de condonaciones de deuda por parte de entidades de crédito a los partidos».

En cuanto a la ley reguladora del ejercicio del cargo público, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma establece el conjunto de «obligaciones» de altos cargos.

Entre las novedades destaca el hecho de que las personas condenadas, incluidos los delitos de terrorismo:

«No podrán ser nombrados altos cargos mientras no se le cancelen los antecedentes penales».

 

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