Ayuso advierte de las nefastas consecuencias de la ‘ley Begoña’: “Es una amnistía preventiva para la familia de Sánchez”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reflexionado sobre la última estrategia del presidente Pedro Sánchez para intentar acabar con los procesos judiciales producto de la corrupción que salpica a su gobierno, a su partido y su círculo íntimo.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, 15 de enero, la popular ha incidido en las acciones impulsadas desde Moncloa para “mantenerse en el poder a costa del estado de Derecho, la unidad nacional, el buen nombre de España, la libertad y la prosperidad de todos los españoles”.

Ayuso ha advertido de las nefastas consecuencias que va a tener la posible modificación del sistema procesal si Pedro Sánchez logra la aprobación de la llamada ‘ley Begoña’ para acabar con las acusaciones populares.

La conocida como ‘ley Begoña’ va a tener consecuencias muy graves que va más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente. Sánchez pretende con esta reforma atar las manos a los jueces usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva”.

La presidenta madrileña estima que esta reforma es una “amnistía preventiva” para la familia del líder del PSOE, así como de su entorno político más cercano, como el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

«Resulta revelador que este proyecto de ‘pseudoley’ limita al máximo los delitos perseguibles por la acción popular como los cometidos por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública o revelación de secretos, justamente de los que se acusa al círculo más íntimo de Sánchez».

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En este sentido, considera que el objetivo de la acción es tan evidente que podría resumirse en un solo artículo:

“Se podría haber resumido en un artículo único que dijese ‘queda terminantemente prohibido ejercer acciones populares contra el presidente Sánchez, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín al sanchismo”.

Pero esta cacicada del jefe del Ejecutivo tiene repercusiones más graves todavía que la dispensa de la corrupción política. De aprobarse, generaría un estado de indefensión para las víctimas de distintos crímenes como en los casos de violencia de género.

“Este proyecto legislativo expulsa a los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, lo que resulta paradójico porque el PSOE se ha personado en infinidad de casos. Veta igualmente a las comunidades autónomas y a sus administraciones, así como a las entidades locales. Así, si este proyecto prospera, la Comunidad de Madrid no se podría personar como por ejemplo en los 28 casos de violencia contra mujeres que se siguen en los juzgados de la región”.

Además, ha señalado que la entidad tampoco podría ejercer ninguna acción en los casos de terrorismo que podrían ocurrir en la región. “Las asociaciones de víctimas no podrían ejercer acciones para perseguir a los terroristas, por ejemplo en casos aún no resueltos de ETA».