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Culebrón político

Sánchez se rinde ante Puigdemont: cede en todo para salvar tres asientos de su ‘decreto ómnibus’

El PP acusa al PSOE de "entregar la dignidad del Estado" a cambio de mantenerse en el poder

Mario Lima 28 Ene 2025 - 19:25 CET
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Le hubiera salido gratis con el PP, porque Alberto Núñez Feijóo dejó claro desde el primer instante que respaldan sin titubeos la subida de pensiones y y las ayudas para los damnificados por la DANA, pero Pedro Sánchez ha optado por ponerse de rodillas ante Carles Puigdemont y que los separatistas de Junts le ayuden a salir del atolladero en el que se metió solito.

El marido de Begoña ha tenido que claudicar ante las exigencias de Junts para salvar tres asientos de su desquiciado ‘decreto ómnibus’.

Tras una negociación agónica que se prolongó este 28 de enero de 2025 hasta el último minuto de la mañana, el Gobierno Frankenstein ha aceptado tramitar la proposición no de ley que pide someter al presidente a una cuestión de confianza, a cambio del apoyo de los independentistas catalanes a un decreto «troceado», que sólo mantiene las medidas más sociales.

Este pacto in extremis permite al Ejecutivo socialcomunista aprobar asuntos clave como la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte público o las ayudas a los afectados por la DANA.

Sin embargo, el precio político ha sido elevado: Sánchez ha tenido que ceder ante una de las principales exigencias de Puigdemont, demostrando una vez más quién tiene la sartén por el mango en esta legislatura.

El nuevo decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros es una versión light del polémico «decreto ómnibus» tumbado la semana pasada en el Congreso.

Se han eliminado las medidas económicas más controvertidas para centrarse en el escudo social:

Curiosamente, se ha mantenido la cesión del palacete de París al PNV, lo que ha levantado no pocas cejas entre la oposición.

Como dice el refrán, «a río revuelto, ganancia de pescadores».

La cuestión de confianza: ¿espada de Damocles o brindis al sol?

La gran concesión de Sánchez ha sido aceptar que se tramite la proposición no de ley de Junts para someterle a una cuestión de confianza.

Aunque el presidente insiste en que «no ve necesidad» de pasar por ese trámite, lo cierto es que ha tenido que tragar con su mera tramitación parlamentaria.

Esto plantea un escenario inédito y potencialmente explosivo. Si la PNL prospera en el Congreso (previsiblemente en febrero), Sánchez se vería en la tesitura de tener que someterse a una cuestión de confianza o ignorar el mandato de la Cámara.

Ninguna de las dos opciones parece especialmente atractiva para La Moncloa.

Fuentes del Gobierno sugieren que podrían darse la paradoja de que Junts vote en contra de su propia iniciativa si para entonces las relaciones están bien engrasadas.

Como diría Groucho Marx«estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros».

Del aplauso al estupor

Las reacciones no se han hecho esperar.

Desde Junts celebran haber doblegado una vez más al Gobierno Sánchez y demostrado su poder de influencia.

Su portavoz, Míriam Nogueras, ha recordado al PSOE que «gobierna en minoría y necesita nuestros siete diputados».

Un mensaje que en La Moncloa habrán recibido alto y claro.

En el otro extremo, el PP acusa a Sánchez de «entregar la dignidad del Estado» a cambio de mantenerse en el poder.

 Feijóo ha criticado que el presidente esté «más preocupado por regalar palacios que por las pensiones de los españoles».

Los socios habituales del Gobierno mantienen un perfil bajo.

ERC dice no conocer los detalles del acuerdo, mientras que el PNV admite estar al tanto. Podemos, por su parte, celebra que se hayan salvado las medidas contra los desahucios.

Este episodio demuestra la precariedad de la mayoría de Sánchez y augura una legislatura llena de sobresaltos. El presidente tendrá que hacer malabarismos constantes para mantener contentos a socios con agendas tan dispares.

La gran incógnita es qué pasará con los Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes parlamentarias apuntan a que podrían retrasarse hasta después de Semana Santa, lo que supondría «un trimestre perdido» en términos macroeconómicos.

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