Los compinches de Sánchez dan oxígeno al ‘capo’ y el mismo día que los jueces Puente y Pedraz le aprietan el pescuezo

El 10 de julio de 2025 quedará marcado en la agenda política española como uno de esos días en los que la realidad supera a la ficción. Pedro Sánchez, o como irónicamente le llaman en algunos mentideros políticos, “el marido de Begoña”, ha vuelto a demostrar que la supervivencia política en España es un arte que requiere tanto aliados fieles como una piel a prueba de sumarios judiciales. En un contexto donde las alianzas periféricas parecen ser el flotador del Gobierno, el frente judicial se ha encargado de pinchar ese salvavidas con diligencia quirúrgica.

Mientras sus “compinches” parlamentarios —esos socios que han hecho del tira y afloja una disciplina olímpica— le brindaban apoyo en el Congreso, los jueces Leopoldo Puente y Santiago Pedraz han asestado sendos golpes al círculo más próximo del presidente. Todo ello en un clima donde la política nacional parece más un thriller jurídico que una sucesión previsible de debates y votaciones.

El oxígeno parlamentario: socios que atan y desatan

El Gobierno de Sánchez no se entiende sin su constelación de aliados periféricos. Junts, ERC, Bildu y otras formaciones minoritarias se han convertido en el soporte imprescindible para mantener viva la legislatura. Lejos quedan los días del bipartidismo; ahora, la geometría variable lo es todo. El presidente ha optado por atrincherarse con estos socios, garantizando a cambio cesiones competenciales y guiños simbólicos —como la reciente concesión de competencias migratorias a Cataluña— para mantenerlos alineados.

• Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han sido claves para sortear mociones e impulsar leyes polémicas.
• La fragmentación parlamentaria obliga al Ejecutivo a negociar cada votación como si fuera la última cena.
• Las concesiones territoriales, lejos de apaciguar, alimentan el relato de una España dividida y permanentemente tensionada.

Este apoyo, sin embargo, es tan volátil como necesario. En cuanto las investigaciones judiciales salpican al entorno socialista, los aliados periféricos se convierten en observadores expectantes, midiendo hasta dónde pueden o deben llegar.

Los jueces Puente y Pedraz: togados con bisturí

El mismo día en que el Gobierno respiraba gracias a sus apoyos parlamentarios, dos jueces han decidido ajustar la presión sobre el entorno del presidente:

• Leopoldo Puente, magistrado del Supremo, ha citado a declarar a Santos Cerdán —ex número tres del PSOE— tras encontrar “indicios consistentes” de su participación junto al exministro Ábalos y Koldo García en una trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas a cambio de comisiones. La dimisión fulminante de Cerdán horas después no solo evidencia la gravedad del caso sino también el impacto directo sobre el núcleo duro socialista.
• Santiago Pedraz, desde la Audiencia Nacional, mantiene abierta una investigación paralela sobre presuntos fraudes fiscales relacionados con Víctor de Aldama y otros empresarios vinculados al caso Koldo. Pedraz ha sido tajante al rechazar bulos y teorías conspirativas mediáticas, recordando que solo los hechos probados tienen cabida en su juzgado.

Ambas investigaciones han obligado al presidente a anunciar auditorías externas y reestructuraciones internas en el partido. En palabras del propio Sánchez:

“Siempre he estado comprometido con la regeneración política… Es cierto que durante semanas circulaban rumores, pero no existían indicios hasta ahora”.

Una España partida entre trincheras políticas y sumarios judiciales

La simultaneidad entre oxígeno político y asfixia judicial retrata bien el momento español:

• El Ejecutivo está forzado a ejercer malabarismos para mantener su frágil mayoría.
• La oposición denuncia un “Gobierno atrincherado” que gobierna “contra España” mientras cede ante presiones periféricas.
• La judicatura avanza sin prisa pero sin pausa: cada nuevo auto judicial es un golpe para la credibilidad socialista.

No faltan quienes ven en esta pugna un reflejo del desorden institucional. El Tribunal Supremo parece decidido a marcar distancias frente a cualquier tentación gubernamental de influir o relativizar los procesos judiciales. Al mismo tiempo, Sánchez se escuda detrás de auditorías externas y promesas regeneradoras cada vez que un nuevo caso amenaza con hacer estallar su coalición desde dentro.