Aldama advierte a Torres: «Debería estar bastante preocupado» por su papel en la trama de las mascarillas

Víctor de Aldama ha vuelto a arremeter contra Ángel Víctor Torres, lanzando una advertencia que no deja margen a la interpretación sobre su inquietud por las posibles repercusiones legales de su implicación en la trama de mascarillas. «Debería estar preocupado, bastante», ha afirmado el empresario bajo investigación, quien no se guarda nada al criticar al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Estas declaraciones de Aldama llegan en un momento especialmente crítico para Torres, quien enfrenta un informe de 347 páginas elaborado por la Guardia Civil, donde se documenta cómo las advertencias técnicas sobre irregularidades fueron desestimadas sistemáticamente bajo presión política durante su gestión como presidente de Canarias.

La tensión entre ambos personajes pone de manifiesto el estado actual de la investigación sobre los contratos de material sanitario adjudicados durante la crisis sanitaria. Aldama, señalado como el «conseguidor» en esta trama, no duda en acusar directamente a Torres de haber priorizado intereses políticos en detrimento del control del gasto público. Además, ha revelado que intentó introducir «800.000 mascarillas falsas» a través de uno de los proveedores, lo que habría desencadenado enfrentamientos posteriores con Koldo García, el asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Según Aldama, esta negativa fue lo que impulsó la exigencia de los «famosos 50.000 euros» que aparecen en el caso de corrupción.

Torres ha intentado justificarse argumentando que sus contactos con Koldo eran por razones relacionadas al interés general y negando cualquier vínculo directo con Aldama. Sin embargo, este último responde sin titubear: «Este señor se ha reído nuevamente ante todos los españoles». Recuerda cómo Torres mintió durante su comparecencia ante la comisión investigadora del Senado al negar cualquier relación con Koldo; ahora se ha demostrado no solo su trato fluido sino también su aparente rol como empleador del mismo.

Aldama va más allá e insiste en cómo se puede apreciar en las grabaciones cómo se intentaba pagar a las empresas involucradas en toda esta trama corrupta. Además ha lanzado una advertencia más amplia tanto hacia Torres como hacia otros miembros del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez: «Voy a seguir diciéndolo: este señor estuvo en Fuenlabrada aquella noche; estuvo en Atocha; lo mantengo firme». Y añade: “Podrá decir lo que quiera y podrá ponerme todas las demandas necesarias; veremos si llegan”. Con eso espera poder pedirle a la UCO recuperar su teléfono incautado en febrero próximo; quizás haya sorpresas tanto para él como para otros miembros del Gobierno.

La intervención política que lo cambió todo

Lo que distingue este caso frente a otras contrataciones irregulares es la intervención directa y activa por parte altos cargos políticos para agilizar los pagos cuando los servicios técnicos habían puesto freno. El 3 de julio de 2020, Torres enviaba un mensaje a Koldo: «Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago. Ya está validado el material». Semanas después, el 14 julio, el entonces presidente canario volvía a comunicarse con García disculpándose por los retrasos: «Me dijeron hace una semana y media que ya te pagaban y luego rollos y rollos. Pero ya estoy en aeropuerto hacia Tenerife y resolveré esto». Torres añadía: «Y lo siento, Koldo, porque esto no es presentable». El 23 del mismo mes le informaba que había «activado el paso último para comprobar lo requerido» y que había «dado el golpe preciso en la mesa para acabar con esto».

Estos intercambios evidencian una coordinación entre Torres y Koldo más allá del contacto ocasional. El viceconsejero Antonio Olivera, figura clave en esta trama, negoció directamente con Koldo el 21 abril, un día antes del acuerdo formal. «¿Es posible que nos quedemos en esta ocasión con 2 millones unidades o la cantidad máxima posible en un vuelo?», preguntaba Olivera; Koldo respondía afirmativamente. Veinte minutos después, Olivera contactaba con Íñigo Rotaeche, director comercial de Soluciones de Gestión: «Íñigo, prepárame oferta con 2 millones, ¿vale?… Negocié con Koldo esa cantidad».

Las voces técnicas que nadie escuchó

Uno de los aspectos más impactantes del informe elaborado por la UCO es que las irregularidades fueron señaladas en tiempo real por funcionarios cuya responsabilidad era proteger el dinero público. El 22 de abril de 2020, una técnica del Servicio Canario de Salud emitió una valoración contundente sobre las mascarillas que se pretendían adquirir a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama. La funcionaria expresaba sus dudas con claridad: «Estamos cubiertos para dos meses con los pedidos realizados. Está fuera de precio de mercado». Cuestionaba incluso si era posible realizar una compra por valor de 12 millones de euros sin pasar por el Gobierno canario.

Finalmente, las mascarillas se adquirieron a un precio unitario de 2,50 euros, cuando el mercado ofrecía precios alrededor de 1,89 euros, generando un sobrecoste superior a 1,5 millones en el primer contrato. A pesar de estas advertencias, la Dirección General de Recursos Económicos ordenó continuar adelante con la operación. Horas después del pronunciamiento técnico, alguien respondía sin rodeos: «Seguimos adelante. Seguro que te diste cuenta de dónde procede la propuesta». Un mensaje que evidenciaba quién realmente estaba dirigiendo las decisiones. El 30 de abril, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias emitió un informe devastador concluyendo que las mascarillas KN95 FFP2 no eran adecuadas para uso médico y que otros modelos tampoco cumplían con los estándares requeridos para Equipos de Protección Individual.

La red de contactos y los negocios conexos

El informe elaborado por la UCO revela que esta trama iba más allá del tema mascarillas. Aldama mantenía una comunicación constante con altos cargos del gobierno canario para gestionar contratos relacionados con test Covid-19. En mayo del año pasado, Javier Serrano, socio cercano a Aldama, escribía en un grupo WhatsApp: «Primer concurso a dedo que nos hacen. Me he presentado. 18.500 euros nos van a adjudicar». Los investigadores han constatado que la propuesta al gobierno canario para contratar a Soluciones había llegado directamente desde el Ministerio Transportes, entonces bajo dirección del José Luis Ábalos. Esto insinúa una coordinación vertical entre el Gobierno central y la administración canaria más allá del ámbito habitual.

Los mensajes analizados también demuestran cómo Víctor De Aldama contactó directamente con Torres el 16 julio ofreciendo test para detectar coronavirus: «Soy Víctor De Air Europa; estuvimos ayer un momento por la tarde», se identificaba Aldama. Aunque el informe no recoge si Torres respondió al contacto directo, resulta significativo que Aldama tuviese su número personal y se atreviese a comunicarse así sugiere una relación previa establecida entre ambos. La Guardia Civil apunta en su informe que los contratos relacionados con las mascarillas «constituirían parte fundamental» del pago mensual en efectivo —10.000 euros— que Aldama venía entregando a Koldo desde octubre del año anterior.