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CiU criticó al PSC por iniciar la venta de estos bonos

Los bonos ‘patrióticos’ se le atragantan a u Mas que tiene problemas para colocarlos

Los nuevos bonos patrióticos de la Generalidad sirven para pagar las emisiones anteriores, ¿dónde está el límite?

10 Abr 2012 - 00:46 CET
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La emisión de bonos de la Generalidad de Cataluña que puso en el mercado el Ejecutivo de José Montilla (PSC) fue criticada por CiU por poner de manifiesto, según los nacionalistas, que los cajones de la Generalidad estaban «pelados». Ahora, los bonos de Mas tardan más en venderse.

Pese a las críticas, el Gobierno autonómico en manos de Mas no duda en poner a la venta dos emisiones de bonos, imitando al Montilla del otoño de 2010. Las críticas de entonces se han convertido en ejemplo ahora.

En la última emisión, la Generalidad ha colocado 880 millones de euros en siete días. En 2010, Montilla colocó 1.000 millones en solo unas horas. Es decir, los mercados responden cada vez peor a los bonos de la Administración autonómica.

Esta segunda emisión de bonos de la etapa de CiU, tras los siete años de tripartito, se está colocando a un ritmo menor incluso que la primera emisión puesta en el mercado por Mas en 2011 —La Generalidad de Cataluña colocará bonos minoristas–. Entonces fueron 2.500 millones.

Como ahora, la emisión de 2011 estaba dirigida a particulares y pequeños inversores. El interés de la Generalidad es del 5% a dos años y al 4,5% a uno —¿Estafa piramidal con los bonos patrióticos catalanes?–.

SIN REDUCIR COSTES INNECESARIOS

Sin embargo, todo indica que las nuevas emisiones de bonos de la Generalidad no sean más que para pagar, en parte, las emisiones anteriores. ¿Dónde estaría el límite?

Mientras tanto, ni el PSC, cuando estuvo al frente de la Generalidad, ni CiU están dispuestos a recortar en temas identitarios o en duplicidades innecesarias. La myaoría de estos casos con altos costes económicos.

Ahí se mantienen, por ejemplo, TV3 con más de 260 millones de euros al año de dinero público, u organismos consultivos como el Síndic de Greuges –el Defensor del Pueblo autonómico– y el Consejo de Garantías Estatutarias –una especie de Tribunal Constitucional autonómico– que tienen un coste innecesario para las arcas públicas.

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