Los últimos acontecimientos derivados de la ramificación judicial de la trama Gürtel en Baleares salpican a propios y extraños y, cuando menos, ponen el dedo en la llaga haciéndola sangrar.
El caso Over Marketing, la empresa de Daniel Mercado que presuntamente financió al Partido Popular en su campaña electoral cuando Jaume Matas aspiraba de nuevo al poder, debe ser aclarado cuanto antes. Y no hay nadie mejor para dilucidar qué fue lo que realmente pasó que los ‘populares’, los que están ahora dentro, esos mismos que son ahora cuestionados porque quizás pudieran saber más de lo que callan.
Aunque en su mayoría se han ‘maquillado’ en aras de una nueva imagen, según dicen los malintencionados, no dejan de ser los mismos rostros, al menos en su gran mayoría. Camuflados o aupados a otras esferas del poder, las conexiones son harto evidentes.
Los nombres se conocen y es baladí sacarlos a colación. Por eso nadie mejor que ellos para mirar en los cajones del partido, rebuscar entre las facturas si las hubiera o quedara rastro, y hablar con quienes, también quizás, les dieron un empujón en su día para situarse en la cúspide.
EJERCICIO INDECENTE
En un ejercicio calificado por algunos de «indecente», el mismísimo secretario general del PP, Miquel Vidal, quien sustituyó al para algunos ‘incómodo’ Miquel Ramis, dijo en las últimas horas sin rubor y tras dimitir Rotger que su formación » cumple el código ético, aunque a veces cuesta cumplirlo».
La defensa de Rotger va más allá que una lucha contra viento y marea. La segunda institución de las islas ha ‘naufragado’ tras hacer lo propio a lomos de la dimisión, hace apenas tres meses, el delegado del Gobierno en Baleares y su cuasi homólogo en Menorca -tanto da que su puesto fuera calificado como de director insular del Estado-.
José María Rodríguez ha tenido sin embargo más suerte que Antoni Juaneda, ya que mantiene su cuota de poder en forma de presidente de PP de Palma, aunque el logro haya quedado deslucido para muchos.
Mientras tanto el juez Castro dice que es «prematuro» archivar la imputación de Pere Rotger, que por cierto continuará aferrado a su escaño de diputado. La controvertida contratación que realizó cuando era alcalde de Inca en 2008 con la empresa Over, para realizar un ‘Estudio del clima de opinión ciudadana’ en su municipio, no está aún aclarada.
Podrían ayudar a disipar ésta y otras sombras aquellos que tienen ahora a su alcance el poder hacerlo o, al menos, intentar reintegrar a la ciudadanía, si delito hubiera, todo lo que se cree que ‘voló’ y que supuestamente salió de las arcas públicas para no volver. De paso, a lo mejor, vuelve también la confianza.
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