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LA DEFENSA DE CARDONA RENUNCIA A SU TESTIMONIO

El alcalde Antoni Pastor se libra por los pelos de declarar en el juicio del caso Scala

Iba comparecer por un presunto desvío millonario de fondos públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico

Renovación Balear 07 May 2013 - 12:24 CET
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El alcalde de Manacor, Antoni Pastor, no declarará finalmente en el juicio del caso Scala, en el que estaba citado en calidad de testigo para ser interrogado este miércoles. La defensa del exconseller de Comercio, Industria y Energía ha renunciado a su testimonio, de modo que no tendrá que comparecer ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

DESVÍO MILLONARIO

Su interrogatorio iba a tener lugar este miércoles junto a los últimos testigos citados a declarar en este juicio por un presunto desvío millonario de fondos públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), y que prevé quedar visto para sentencia este viernes con la exposición, por parte de acusaciones y defensas, de sus conclusiones e informes finales.

En concreto, el nombre de Pastor salió a la luz durante la vista oral cuando la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas, también acusada, manifestó que este organismo pagó un total de 47.742 euros a un empresario mallorquín pese a que éste «no hizo nada», un pago que se llevó a cabo por las «presiones» del exalcalde de Manacor Antoni Pastor «para que se hiciera cuanto antes la contratación».

PERLAS ORQUÍDEA

Durante su comparecencia ante el tribunal encargado de juzgar el caso Scala, la procesada explicó que, aprovechando que Pedro Veny -también inculpado- era directivo de la mercantil Perlas Orquídea, el exvicepresidente del CDEIB Kurt Viaene le comentó que se le podía contratar como consultor para la realización de diversos estudios sobre la perla en Mallorca.

En concreto, en virtud de estos contratos y presuntamente sin servicio alguno a cambio, Veny emitió entre febrero de 2004 y octubre de 2006 hasta cinco facturas contra el CDEIB por un importe total de 47.742 euros, fondos públicos que acabaron en los bolsillos del empresario.

 

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