El Gobierno no quiere aclarar si la Agencia Tributaria modificó un informe sobre la Infanta

El Gobierno ha eludido precisar si el director de la Agencia Tributaria de Madrid modificó un informe redactado por la delegación autonómica de Cataluña relativo a la infanta Cristina, como denunció en su día la Audiencia de Palma, y ha alegado que, al tratarse de datos tributarios, esa información está sujeta a la reserva de la Ley General Tributaria que impide que sea cedida o comunicada a terceros.

Así se recoge en una respuesta a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien se hizo eco hace unos meses de un auto de la Audiencia de Palma en la que se señalaba que un informe original de la AEAT de Cataluña fechado el 14 de enero de 2013 había sido «visado» por el director de la oficina de la capital tras ser «reescrito con una segunda versión».

Díez subraya que la Audiencia de Palma manifestó en su momento que esta modificación «suscita zonas oscuras, tendiendo a exculpar a la infanta Cristina, al ‘intentar minimizar posibles irregularidades fiscales en comparación con el original'». «De hecho, el segundo informe de la Agencia Tributaria sostiene que ‘esas cuotas defraudadas pueden considerarse como mínimas aunque no han sido siquiera calculadas'», añade la diputada.

UPYD LO VE SOSPECHOSO

«Los magistrados de Palma critican el informe y reprochan a Hacienda que haya realizado una presentación de evidencias parciales, al señalar en su auto que ‘lo que no se entiende es que la Agencia realice un levantamiento parcial del velo’ que revela y pone de manifiesto que ‘la constitución de Aizoon únicamente fue para defraudar’. También añade que ‘el mismo informe reconoce que es provisional e incompleto, y claramente lo es respecto al Instituto Noos, ya que no fija la cuota defraudada'», continúa Rosa Díez.

Por todo ello, la líder de la formación magenta remitió una pregunta escrita al Ejecutivo preguntando si era cierta esta modificación del informe y si es «habitual que Hacienda revise y modifique informes elaborados por las delegaciones autonómicas cuando se remiten a los juzgados». «En caso negativo, ¿por qué se procedió a dicha modificación en este caso?», añadía.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno recuerda que este tipo de informaciones están sujetas a la reserva impuesta por la Ley General Tributaria, que «impide que sea cedida o comunicada a terceros».

Además, subraya que la Agencia Tributaria «colabora activamente con los órganos jurisdiccionales» tanto en procesos de delito fiscal como de otro tipo mediante la designación de funcionarios para actuar como peritos a petición de los tribunales de lo Penal o con actuaciones de auxilio judicial no pericial.