La Generalitat quiere utilizar el padrón municipal para su referéndum ilegal

“… ante la utilización fraudulenta del padrón municipal y el intento de instrumentalizar a la ciudadanía a través de unos ayuntamientos que deberían representar a todos los ciudadanos y no solo a los independentistas, los alcaldes del Partido Popular se han negado a ceder el padrón, mientras el PSC –atrapado en sus propias contradicciones- parece no estar dispuesto a volver a ser comparsa del independentismo…”

A medida que avanzan los planes independentistas se va vislumbrando cuáles serán los resquicios sobre los que tratarán organizar el referéndum ilegal (y extemporáneo) de autodeterminación, la última ocurrencia es utilizar el padrón municipal como base de datos con el que validar y legitimar dicha consulta.

Este plan explica el porqué de la obsesión municipalista demostrada por el nacionalismo durante estos últimos años, de ahí la aparición en la escena política catalana de la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) cuyo presidente es el alcalde de Vic y antiguo militante de UDC, Josep M. Vila d’Abadal i Serra.

Naturalmente, ante la utilización fraudulenta del padrón municipal y el intento de instrumentalizar a la ciudadanía a través de unos ayuntamientos que deberían representar a todos los ciudadanos y no solo a los independentistas, los alcaldes del Partido Popular se han negado a ceder el padrón, mientras el PSC –atrapado en sus propias contradicciones- parece no estar dispuesto a volver a ser comparsa del independentismo.

La postura del PP y, sobre todo, la indefinición del PSC, ha encolerizado a Vila d’Abadal porque con ello se desmonta la estrategia ideada para articular un referéndum ilegal disfrazado de formalidad democrática y legitimidad institucional, las declaraciones del alcalde de Vic son una demostración de las profundas incoherencias de los postulados nacionalistas.

Vila d’Abadal ha tachado de “antidemocrático” al PSC (en el caso de que no cedan el padrón) porque “supondría negarse a una consulta legal que estará impulsada por el Gobierno de la Generalitat y legalizada por el Parlamento (catalán)” animando a que cambien de opinión porque “es muy grave no dejar votar a los ciudadanos y éstos no lo entenderían”, imagino que cuando dice “no dejar votar” se referirá a no votar por y para la independencia…

Esto es algo muy habitual en Cataluña, si ejerces tu derecho a opinar libremente, si disientes (aunque sea mínimamente) del discurso oficial impuesto por el nacionalismo, eres tachado automáticamente poco demócrata (o cosas mucho peores), si no quieres llevar a los catalanes a una irresponsable e innecesaria encrucijada política en forma de referéndum eres un traidor.

Si se te ocurre recordar la ilegalidad tanto de la consulta independentista como el proceso paralegal usado por la Generalitat eres un “antidemócrata”, sin embargo, cuando el PSC y el PP se niegan legítimamente a colaborar en el Proceso, el Sr. Vila d’Abadal recurre a una legalidad catalana inexistente para reiterar lo poco demócrata que es el adversario, la clave para el nacionalismo es negar la legalidad vigente, la autoridad y la soberanía nacional, la democracia es solo una excusa con la que mantener engañada a la población.

Imagino que esto también sorprenderá a los ciudadanos del resto de España que lean este artículo, pero en Cataluña se reparten carnets de demócrata en función de tu cercanía al Dogma nacionalista, vivimos en una sociedad cada vez más tolerante y acomodada a los comportamientos totalitarios, una sociedad que reduce los espacios de pluralidad democrática en pos del Bien Superior.

No quiero acabar esta reflexión sin recordar que el organismo encargado de elaborar y gestionar el censo electoral para la consulta es el Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña), organismo que, a pesar de duplicar las funciones del INE (Instituto Nacional de Estadística), cuenta con un presupuesto para este año de 6.781.206 €, como verán este es el sentido último de mantener unas costosísimas e innecesarias instituciones, es, básicamente, porque forma parte de unas “estructuras de Estado” (que pagamos todos los españoles) con las que ejecutar el plan de “construcción nacional”.