La DEA ofrece recompensa de $25 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro

La reciente decisión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de ratificar las sanciones y considerar oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional., supone un paso inédito y sin precedentes en la política estadounidense hacia Venezuela. No solo sitúa a uno de los cárteles más infames de América como amenaza geopolítica, sino que implica de lleno al presidente Nicolás Maduro, a altos funcionarios chavistas y, de paso, tensiona aún más la ya colapsada relación bilateral.

No es la primera vez que Washington recurre al lenguaje de la guerra total contra el régimen venezolano, pero esta vez la retórica se traduce en concreto: la DEA ofrece hasta 25 millones de dólares por información que lleva a la captura o condena de Maduro, y cifras similares por sus hombres de confianza, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Se iguala así la caza a la de históricos líderes narcos como “El Chapo” Guzmán o Pablo Escobar. El mensaje equivale a una declaración de enemigo público número uno.

Los argumentos oficiales abundan. Según el Departamento del Tesoro, el Cártel de los Soles, integrado y protegido por estructuras militares y políticas, no solo traficó toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, sino que también colaboró activamente con organizaciones transnacionales violentas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Se le acusa de desestabilizar a la región y de poner en peligro la vida de los ciudadanos norteamericanos. El propio Trump recupera el discurso de la “seguridad nacional” que justifica incluso eventuales acciones extraterritoriales.

Las implicancias de esta narrativa no pueden minimizarse. Convertir en terrorista a un grupo vinculado directamente al Estado venezolano —y, en particular, a su presidente— implica cortar cualquier canal formal de interlocución y legitimar presiones diplomáticas, económicas y, eventualmente, judiciales o militares. Congelamiento de bienes, aislamiento internacional y persecución legal ahora forman parte de la nueva estrategia, en la que la DEA, el Tesoro y la OFAC trabajan al unísono.

Pero esta actuación, que tendría ecos globales si fuera aplicada contra cualquier otro Estado, es percibida por muchos como el capítulo más reciente de una larga historia de confrontaciones. La guerra contra el narcotráfico ha sido, durante décadas, un campo fértil para intereses políticos, ajustes de cuentas y alianzas insospechadas. Las acusaciones de corrupción y colusión entre militares, jueces y legisladores venezolanos con el crimen organizado son de larga data, sí, y los indicios que maneja la justicia de EE.UU. tampoco son simplemente propaganda. No obstante, transformar un entramado de narcopolítica en amenaza terrorista internacional genera riesgos: crea terreno fértil para la manipulación política y dificulta aún más las ya de por sí complicadas soluciones pacíficas al drama venezolano.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿conducirá esta presión extrema al cambio en Venezuela o simplemente afianzará la narrativa del “cerco imperialista” que el chavismo esgrime desde hace dos décadas? ¿Habrá verdadera justicia internacional o se fortalecerán las fronteras entre bandos, criminalizando todo canal de negociación?

El drama del pueblo venezolano es demasiado real como para ser reducido al tablero de una disputa de poder y propaganda. Pero la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, bajo el liderazgo de Maduro, coloca a Venezuela en un punto de no retorno: para la Casa Blanca, la gran amenaza no es solo la cocaína ni la corrupción, sino un Estado narco, dispuesto a convertirse en refugio y colaborador de organizaciones terroristas globales. Y ese es, probablemente, el cambio más peligroso en la narrativa hemisférica desde la época de Noriega o de las FARC.