(PD).- El derecho a la intimidad le ha ganado la batalla a los derechos de autor. Los aficionados a la descarga de música por internet pueden seguir manteniendo su anonimato amparados por este derecho y burlar el constante acoso de las asociaciones de productores y discográficas que ayer volvieron a recibir un revés, esta vez de parte de la Justicia europea.
El Tribunal Europeo de Justicia dio ayer la razón a las operadoras de telecomunicaciones, en concreto a Telefónica, y dictaminó que no tienen la obligación de identificar o entregar los datos personales de sus clientes cuando estos sean solicitados con el objeto de proteger los derechos de autor.
La sentencia emitida ayer responde al caso por el que la asociación española Promusicae, una agrupación de productores y editores musicales y audiovisuales sin animo de lucro, pidió a Telefónica que revelase la identidad y la dirección de varios clientes que, a través de la conexión a internet por teléfono móvil y con el programa «Kazaa» descargaban e intercambiaban archivos audiovisuales.
Acción civil contra los usuarios
Los miembros de Promusicae, dueños de los derechos de autor de los archivos intercambiados y descargados, habían identificado la dirección IP de estos usuarios, la fecha y la hora de conexión, y pidieron a Telefónica una serie de datos personales con la intención de iniciar una acción civil contra sus clientes.
La representante de las discográficas se tropezó con la negativa de la compañía telefónica, que protegió la identidad de sus clientes basándose en la legislación española, según la cual, la entrega de datos sólo está autorizada en casos de investigación criminal, de seguridad pública y de defensa nacional.
Sin embargo, durante el proceso judicial que Promusicae abrió contra Telefónica en España surgieron dudas sobre la necesidad de obligar a la compañías a revelar sus datos cuando se trate de la apertura de procedimientos civiles.
Tras recurrir al Tribunal de Luxemburgo y conocer su sentencia, que da a las operadoras el derecho a preservar los datos de sus clientes, queda despejada la duda, no sólo para España sino para todos los países de la UE, pero se abre el debate sobre la necesidad de que los Estados miembros interpreten su legislación intentando conciliar los dos derechos en disputa: el derecho a la intimidad y el de la protección de la propiedad intelectual.
La sentencia no deja lugar a dudas de que prevalece el derecho a la intimidad afirmando que, a pesar de que son varias las directivas que obligan a los Estados miembros a garantizar «la protección efectiva de la propiedad intelectual y en particular los derechos de autor», esta protección «no puede, sin embargo, ir en perjuicio de la protección de los datos personales».
Sin embargo, el Tribunal recuerda que el derecho comunitario otorga a los Estados miembros la libertad a establecer ciertas excepciones en la aplicación del derecho comunitario y les invita a hacer una interpretación proporcional de la legislación europea. Y es que, si por un lado las Directivas de propiedad intelectual no obligan a la revelación de datos, por otro, la relativa a la protección de datos personales tampoco excluye que los Estados puedan imponer este deber si se trata de una excepción para proteger los derechos y libertades de otras personas.
Responsabilidad del Gobierno
Así, aunque la sentencia se puede interpretar como un nuevo varapalo a los representantes de la industria discográfica, el Tribunal llama los Estados miembros a hacer una interpretación equilibrada de las directivas que garantice la protección de los distintos derechos fundamentales.
Desde Promusicae la sentencia de ayer fue recibida con menos dolor de lo esperado y su presidente, Antonio Guisasola, afirmó que se trata de un paso adelante en tanto en cuanto deja la puerta abierta para que los Gobiernos incorporen la legislación comunitaria al mismo tiempo que obligan, tanto en procesos penales como civiles, a la entrega de datos de los usuarios de los programas «peer to peer».
«Es imperativo que el Gobierno tome medidas en este sentido similares a las adoptadas ya en Francia o Reino Unido. Esperamos que el Gobierno entienda que es es la única manera de agilizar los trámites para luchar de un modo eficaz contra esta lacra que está destruyendo la industria de la música», afirmó Guisasola en un comunicado de prensa, mientras depositaba toda su esperanza en la capacidad de legislar del Gobierno para obligar a la concesión de datos.
