EE. UU. se harta de Sánchez y amenaza con incluir a tecnológicas españolas en la lista negra por el contrato con Huawei

Los actos tienen consecuencias.

La decisión del Gobierno español de adjudicar a Huawei la gestión y almacenamiento de las escuchas judiciales, por valor de 12,3 millones de euros, ha hecho saltar todas las alarmas en Washington.

El contrato, defendido por Interior como la opción más barata, se ha convertido en una bomba diplomática: Estados Unidos amenaza con incluir a las tecnológicas españolas en su lista negra y recortar el intercambio de inteligencia estratégica si España no reconsidera el acuerdo antes de finales de agosto.

Congresistas republicanos como Gus Bilirakis y Richard Hudson, figuras clave en el Comité de Energía y Comercio, han enviado una carta al secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, reclamando una investigación formal sobre el contrato.

«La decisión de España de dar a Huawei acceso a datos sensibles es un riesgo directo para nuestra seguridad compartida».

Y no se quedan ahí: amenazan con sanciones tecnológicas, restricciones comerciales y endurecimiento en los mecanismos de cooperación transatlántica si el informe que prepara la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, confirma los riesgos.

¿Por qué tanto ruido con Huawei?

Desde 2019, Washington prohibió la presencia de Huawei y ZTE en sus redes de telecomunicaciones alegando «riesgos inaceptables» para la seguridad nacional, debido a los vínculos documentados de estas empresas con el Partido Comunista Chino. La administración Trump considera que confiar infraestructuras críticas a entidades bajo influencia del gobierno chino pone en peligro no solo la seguridad interna española, sino también la integridad del intercambio de inteligencia entre aliados.

Los congresistas acusan además a España y la UE de aplicar un “doble rasero”: endurecen la transferencia de datos hacia EE. UU. por motivos de privacidad pero permiten que empresas chinas accedan sin trabas a sectores críticos europeos.

Impacto directo en las empresas tecnológicas españolas

Si Washington cumple sus amenazas, las consecuencias serían inmediatas:

• Exclusión del intercambio de información sensible entre países aliados.
• Sanciones comerciales contra empresas tecnológicas españolas.
• Restricciones para operar en mercados estadounidenses y posiblemente europeos.
• Pérdida de acceso a tecnologías avanzadas estadounidenses, especialmente en IA y cloud computing.

El sector digital español sustenta más de 3 millones de empleos ligados directa o indirectamente al comercio digital con Estados Unidos. Un veto podría tener efectos devastadores no solo para las grandes tecnológicas, sino también para startups e innovadores locales.

La controversia del almacenamiento judicial

El contrato con Huawei contempla la custodia digital de las comunicaciones interceptadas legalmente por Policía y Guardia Civil mediante el servidor OceanStor 6800 V5, una línea de alto rendimiento fabricada por la compañía china. El Gobierno español asegura que cumple las guías del Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC) y el Esquema Nacional de Seguridad; además, defiende que los datos se almacenan en unidades estancas imposibles de filtrar o acceder desde fuera.

Sin embargo, Estados Unidos no se convence: teme que cualquier brecha pueda poner en manos chinas información sensible sobre investigaciones policiales o judiciales europeas.

Europa entre dos fuegos

La postura española choca directamente con las recomendaciones europeas recogidas en el ‘EU Toolbox for 5G Cybersecurity’, que insta a restringir proveedores considerados «de alto riesgo» en infraestructuras críticas. Bruselas y Washington llevan tiempo advirtiendo sobre los riesgos estratégicos asociados a Huawei.

España argumenta que el factor precio fue determinante y que todo se ajusta al marco legal europeo. Pero los hechos recientes —desde la adjudicación del contrato hasta la entrada de Huawei en el SOC 5G español— demuestran que el Ejecutivo ha hecho caso omiso a las advertencias internacionales.

Avances en inteligencia artificial: ¿amenaza o oportunidad?

La polémica llega justo cuando Huawei acelera sus desarrollos en inteligencia artificial (IA) aplicada a infraestructuras críticas. Los últimos modelos OceanStor incluyen capacidades avanzadas para clasificación automatizada y gestión inteligente del almacenamiento judicial, lo que ha convencido al Ministerio del Interior por su eficiencia técnica.

Pero Estados Unidos señala que estos avances podrían facilitar nuevas formas de espionaje digital o manipulación automatizada si están bajo control chino. La IA aplicada a sistemas judiciales y policiales exige garantías adicionales sobre quién controla realmente los algoritmos y los datos.

La rama china y conexiones políticas

El debate no es solo técnico. En España resuenan acusaciones históricas sobre conexiones entre antiguos dirigentes —como Zapatero y Pepiño Blanco— y lobbies chinos interesados en expandir su influencia tecnológica. Si bien no hay pruebas concluyentes sobre corrupción directa vinculada al contrato actual, el clima político está cada vez más polarizado ante cualquier relación estratégica con China.

¿Y ahora qué? Un mes decisivo

A día de hoy, 20 de agosto del 2025, todas las miradas están puestas en Washington. El informe final del Departamento de Comercio estadounidense y el análisis interno dirigido por Tulsi Gabbard marcarán un antes y un después en las relaciones transatlánticas.

Si España no rectifica o no logra convencer sobre la seguridad del sistema adjudicado a Huawei:

• Se esperan restricciones inmediatas al flujo de inteligencia compartida.
• Sanciones comerciales que podrían afectar desde grandes tecnológicas hasta pequeñas startups.
• Reforzamiento del bloqueo digital estadounidense contra proveedores europeos ligados a China.

El pulso entre Madrid y Washington se juega mucho más que un simple contrato: está en juego quién controla las infraestructuras críticas europeas y cómo se gestionan los avances tecnológicos como la IA. En este tablero global cada movimiento cuenta… Y ni Zapatero ni Pepiño podrán salvarnos si los algoritmos deciden cruzar fronteras sin pedir permiso.