La TVE de Sánchez oculta el pastón que paga a los tertulianos de la ‘Brunete Pedrete’

Son unos mangantes, además de pesebreros.

Desde el verano de 2018, cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, RTVE ha cambiado radicalmente su política respecto a la transparencia salarial de los colaboradores y tertulianos de sus programas estrella.

Hasta hace poco más de un año, la entidad pública facilitaba sin problemas datos detallados sobre las retribuciones de los analistas más visibles de la cadena, especialmente del conocido como “equipo de opinión sincronizada”, una etiqueta que se aplica a los integrantes de eso que se conoce como ‘Brunete Pedrete’ mediática.

. Ahora, ese acceso se ha cortado en seco: la Corporación se niega a hacer públicas estas cifras, aduciendo motivos operativos y legales poco convincentes para buena parte de la opinión pública.

Este cambio coincide con una profunda renovación en la cúpula directiva de RTVE, aprobada en una votación celebrada en un momento especialmente delicado para el país —al día siguiente de la tragedia de la DANA en Valencia—, lo que ha levantado sospechas sobre las verdaderas prioridades políticas del ejecutivo respecto al control informativo.

No es casualidad que este giro ocurra justo cuando crece el debate sobre el papel de los medios públicos y la necesidad de escrutinio ciudadano sobre el destino del dinero público.

El «equipo de opinión sincronizada»: la alineación política

Dentro del ecosistema mediático español, el término “opinión sincronizada” es ya habitual para referirse a un grupo selecto de tertulianos habituales en TVE que, según críticos y analistas, tienden a justificar o incluso blanquear cualquier acción del Gobierno aunque esta contradiga posiciones previas defendidas por ellos mismos. Figuras como Jesús Maraña, Andrés María Aberasturi o Cristina de la Hoz han llegado a percibir hasta 21.700 euros por temporada por sus intervenciones —datos correspondientes a 2023/2024, antes del reciente apagón informativo—.

La negativa actual a revelar estas cifras contrasta con prácticas recientes: hace apenas un año estos datos se ofrecían sin filtros. El cierre informativo no solo abarca a los analistas más politizados sino también a humoristas y presentadores como Jesús Cintora o colaboradores recurrentes en programas como Malas Lenguas o La Revuelta. Incluso los objetivos mínimos de audiencia (el llamado “share de corte”), que determinan si un programa continúa o es cancelado, son ahora secretos.

Consecuencias para la cultura mediática española

En este contexto emerge una doble lectura. Por un lado, quienes defienden la opacidad argumentan que la competencia feroz en el mercado audiovisual exige mantener ciertos datos bajo confidencialidad para no perjudicar estrategias comerciales. Por otro lado, cada vez más voces reclaman transparencia absoluta cuando se trata del uso de fondos públicos: saber cuánto ganan los tertulianos no es solo un derecho democrático sino también una herramienta para evaluar si existe o no favoritismo político e ideológico dentro del ente público.

El asunto ha llegado incluso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, donde ya se ha anunciado recurso formal para revertir esta política. La petición ciudadana no solo exige conocer los emolumentos actuales sino también los recibidos desde junio de 2018. El argumento es claro: “Es una emergencia democrática saber cuánto dinero público han recibido los palmeros del Gobierno”.

La “Brunete Pedrete”: periodistas amarrados al pesebre monclovita

El debate va más allá del puro dato económico. Buena parte del análisis mediático reciente apunta al fenómeno que algunos han bautizado como “la Briente Pedrete mediática”: profesionales que parecen haber encontrado estabilidad laboral y visibilidad gracias a su alineamiento con el discurso oficialista. En este grupo se incluyen tanto tertulianos habituales como columnistas e incluso presentadores que han hecho carrera defendiendo las líneas marcadas desde La Moncloa.

• Estos periodistas suelen justificar políticas gubernamentales incluso cuando contradicen opiniones propias previas.
• Su presencia recurrente en las parrillas refuerza la sensación social de que RTVE funciona como caja de resonancia para las tesis oficiales.
• El control sobre quién ocupa espacios clave en debates o informativos se percibe cada vez más férreo.

La crítica no es nueva, pero sí adquiere renovada fuerza ante el silencio administrativo impuesto por RTVE respecto a las cifras salariales. Además, algunos comentaristas advierten que incluso dentro del llamado “equipo sincronizado” empiezan a surgir voces disonantes que buscan distanciarse del argumentario gubernamental por razones profesionales o reputacionales.

 ¿Emergencia democrática o estrategia legítima?

El asunto ha sido abordado en sede parlamentaria y ha generado intensos debates políticos. Partidos como PP y Vox han denunciado abiertamente esta falta de transparencia y han calificado la maniobra como un intento deliberado del PSOE y sus socios por controlar el relato nacional y decidir incluso quién puede ser considerado periodista en espacios institucionales clave como el Congreso. Se denuncia lo que denominan una “cultura del masaje” informativo donde cortesía parlamentaria se confunde con blindaje frente a críticas legítimas.

Por su parte, desde sectores progresistas se apunta al carácter estratégico y defensivo ante lo que consideran campañas desestabilizadoras promovidas por medios privados hostiles al Ejecutivo. Sin embargo, las crecientes quejas ciudadanas recogidas por canales oficiales como La Defensora de la Audiencia —donde abundan críticas sobre parcialidad ideológica en programas clave— ponen sobre la mesa una realidad innegable: hay preocupación social creciente por la deriva partidista del ente público.

Recursos legales y presión ciudadana

Mientras tanto, la batalla legal está servida. Organizaciones cívicas y particulares ya preparan recursos ante organismos oficiales exigiendo luz y taquígrafos sobre los pagos realizados desde 2018 hasta hoy. El desenlace marcará no solo el futuro inmediato de RTVE sino también el estándar democrático respecto al derecho ciudadano a conocer cómo se gestiona cada euro proveniente del erario público.

En definitiva, lo que está en juego no es solo un puñado de cifras sino algo mucho más profundo: la confianza social en uno de los pilares informativos esenciales para cualquier democracia avanzada. La presión aumentará mientras persista el bloqueo informativo; y todo parece indicar que las próximas semanas serán decisivas para dilucidar hasta dónde llega realmente ese compromiso con la transparencia tantas veces proclamado desde las instituciones públicas.