Por José María Arévalo

(Danzando al santo en Amusquillo. Óleo de Francisco Prieto Santos -1884-1967-, en el Catálogo de pintura del museo de la Real Academia de la Purísima Concepción, de Valladolid, realacademiaconcepcion.net. 1,10×1,50)(*)
Muy interesantes los sucesos que hemos visto siguieron a la desamortización y recogida de obras artísticas de los conventos vallisoletanos, y que concluyeron con su instalación final en el Colegio de Santa Cruz, donde se formó el Museo que puede considerarse el precedente del actual Museo Nacional de Escultura en el Colegio de San Gregorio. La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, que tuvo a su cargo toda esta gestión, que salvó del pillaje y la destrucción tantas obras magníficas, se vio finalmente desplazada a pesar de todos sus esfuerzos por mantener la competencia. Así lo explica doña Amalia Prieto Cantero en su libro “Historia de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid”, que estamos reseñando -con lo que nos unimos a la celebración del 230 aniversario de que Carlos III admitiera a la Academia vallisoletana bajo su protección, en 1783-, en el siguiente capítulo, que titula “Supresión del Colegio de Santa Cruz y asignación de su edificio a la Junta sobredicha, de clasificación”. Creo vale la pena recoger la detallada narración, para concluir el asunto de la desamortización de Mendizábal y sus consecuencias en nuestra ciudad, con la asignación definitiva a la Comisión Científica y Junta Clasificadora, en vez de a la Real Academia, del edificio de Santa Cruz en 30 de diciembre de 1837.
Comienza doña Amalia la relación señalando que “El funcionamiento de dicho Colegio Mayor -que en aquellos años era irregular- cesó por diciembre de 1837. Su supresión se efectuó independientemente de las disposiciones desamortizadoras ya que fue realizado por acuerdo de las autoridades provinciales y la Junta de Defensa y Armamento. Su edificio y demás pertenencias no tuvieron, por ello, la calificación de Bienes Nacionales por no estar la supresión decretada por Su Majestad ni aprobada por las Cortes y, a consecuencia de ello, quedaron a libre disposición de las autoridades de la provincia. El Jefe Político, como Presidente de la Comisión Científica, aprovechó tal circunstancia y, como a la vez era miembro de la referida Junta de Defensa, en cuanto se enteró de la supresión se preocupó de que, al punto, se adjudicase tal edificio del ya ex-colegio del Cardenal de España a la Junta Clasificadora a fin de que en él se colocasen, previa detenida clasificación, los objetos de arte recogidos en la ciudad y provincia de Valladolid.
La orden de entrega de dicho edificio fue dada el 30 de diciembre de 1837, siendo ocupado el 18 de enero del siguiente año. Fue confirmada la concesión, por Su Majestad, el 18 de enero de 1840, como luego se dirá. Casi a la vez, el 31 de diciembre de 1837, la Academia elevaba al Rey una exposición solicitando, de igual manera, para sus clases y Museo, el mismo palacio de Santa Cruz, pero la solicitud no fue bien encaminada en esta ocasión como tampoco cuando la reiteró en 1838, puesto que no era el Gobierno Central sino el Provincial quien, por entonces, tenía a su cargo dicho edificio. Tampoco la Universidad, que aspiraba a la Biblioteca del ex-colegio y a ciertos locales del mismo, con destino a sus tareas docentes, tuvo éxito en la solicitud que, ya comenzado el indicado año 1838, elevó para que se la asignasen. De nuevo la repitió, con la Academia, más adelante, como se ref1ejaen los Libros de Claustros de dicho centro docente de la referida época.
Trabajos realizados por la Junta Clasificadora
Instalada ya en el edificio del suprimido Colegio Mayor de Santa Cruz, la Junta citada, siguiendo órdenes del Jefe Político, además de proseguir inventariando y recogiendo los objetos de conventos suprimidos que aún no se habían trasladado, se dispuso a realizar una selección de las obras de arte existentes en los depósitos de la capital procediendo, seguidamente, a trasladadas a Santa Cruz. Debió de comenzar este trabajo selectivo con los objetos depositados en San Diego, muchos de los cuales ya habían sido previamente seleccionados por Pedro González Martínez cuando se llevaron a dicho convento por febrero de 1836. Así, pues, el trabajo fue realizado con facilidad y el traslado de las bras de arte al edificio de Santa Cruz pudo efectuarse en seguida, a comienzos de 1838. No tan fácil fue la clasificación de los libros de las bibliotecas monacales depositados, al igual, en el sobredicho convento y en el edificio del que había sido colegio de San Gregorio, los cuales exigieron, a la Sección Científica, una lenta y trabajosa ordenación antes de trasladarlos y unirlos a los de la Biblioteca del Cardenal don Pedro Gonzá1ez de Mendoza que se hallaban en el repetido edificio de Santa Cruz, así llamado por el título cardenalicio que su fundador había tenido.
Debe advertirse que la Academia no había tenido intervención directa en el repetido depósito de San Diego, establecido por mandato del Jefe Político en cumplimiento de órdenes del Gobierno de Madrid.
Reacción de la Academia ante estos trabajos de selección y traslado de objetos artísticos al edificio de Santa Cruz
La Academia, alarmada ante los trabajos que la referida Junta de Clasificación realizaba y temiendo que ésta pretendiera hacerse cargo de las obras de arte depositadas en sus salas y en la iglesia de los Mostenses, acordó tomar medidas para impedido, ya que seguía creyendo que la estaban adjudicadas por disposiciones dadas a lo largo de 1836 y 1837, es decir: los acuerdos de la Junta de la de San Fernando, el decreto de 9 de marzo de 1836, y la Ley de Cortes de 29 de julio de 1837. Para defender su derecho celebró diversas reuniones de Juntas Particulares y ordinarias, desde el 26 de enero al mes de marzo de 1838, en las cuales trató del problema que se plantearía si la Junta Clasificadora intentase sacar de los indicados locales los cuadros, estatuas y demás efectos en ellos depositados. En la reunión del 4 de febrero se examinaron los antecedentes relativos al derecho que creía tener a la posesión de las referidas obras de arte y se vieron los documentos en que se apoyaba su derecho recordando, en sus consideraciones, el contenido del decreto de 9 de marzo de 1836, que afianzaba su certeza de que los objetos de arte depositados en sus salas le habían sido adjudicados de forma definitiva acrecentándose esta creencia al seguir recibiendo los recogidos por la Comisión Recolectora, después de promulgado el decreto citado, lo cual probaba que el Jefe Político, su Presidente, tenía el mismo criterio.
Con detalle examina que ella había organizado un museo, el único de la ciudad, y considera su condición de Academia de Nobles Artes, única en Castilla la Vieja, establecida con la finalidad de promover el estudio del arte mediante enseñanzas públicas sostenidas por ella ininterrumpidamente, las cuales le daban carácter de establecimiento de instrucción pública. Ante esta creencia no se había preocupado de solicitar de las autoridades locales ni del Gobierno la aplicación, a su favor, de tales normas. Pese a que posteriormente se había dado la R. O. de 27 de mayo de 1837 que creaba la nueva Comisión Científica, tal disposición -aunque determinaba que su finalidad era reunir en adecuado edificio que, a la vez, sirviera de biblioteca y museo colocando en él, a su gusto, los objetos artísticos recogidos- sin embargo contenía, en su artículo 8.°, una excepción favorable a la corporación académica asegurándola en la posesión de dichas obras de arte y en el derecho a seguir recibiendo las que en lo sucesivo se recogiesen. Dicho artículo decía:
«No tendrán efecto las presentes disposiciones en la capital del Reino y demás puntos donde los libros y efectos artísticos han sido destinados a bibliotecas y museos ya existentes».
La Academia se muestra disconforme con la Comisión Científica y Artística
Considerados los citados antecedentes se formó en la corporación académica el criterio de que, en Valladolid, no debiera haberse creado la referida Comisión Científica y Artística, al menos para lo relativo a los objetos de las nobles artes, ni se debían sacar para colocados en otro edificio distinto, del que ocupaban ya, los cuadros y estatuas que aquélla había recibido de la anterior Comisión Recolectora. El criterio de legítima posesión le reforzaba con lo dispuesto en la Ley de Cortes de 29 de julio de 1837, que sancionaba lo mandado en el decreto de 9 de marzo de 1836. Mas pese a estas órdenes que parecían solucionar la situación, la Academia vio con sorpresa que la Junta se proponía llevar a cabo la reunión de todos los objetos de arte en el edificio del que fue Colegio Mayor de Santa Cruz. Como este proyecto incluía sacar de sus salas los efectos artísticos que tenía en depósito, acordó poner en práctica algunas medidas que la asegurasen y defendiesen en la posesión de dichas obras de arte.
En primer lugar consideró urgente poseer el inventario de las que Pedro González, como Comisionado de la Academia, había recibido de la Comisión Recolectora y, también, la cuenta de los gastos efectuados en el traslado a sus salas. A fin de activar la redacción de tales datos, ya pedidos al citado Pedro González Martínez en la Junta anterior, comisionaron para que le ayudase al Teniente de Pintura, Francisco Saco ordenando, a ambos, comenzar el trabajo al día siguiente. Y, para que todo se efectuase con seriedad, se acordó también colocar un candado o sobrellave en la puerta de la iglesia de los Mostenses cuya llave guardaría el nuevo comisionado, ya que Pedro González tenía la única existente hasta entonces, la cual le había entregado el Jefe Político. Se le comunicó al repetido Gonzá1ez Martínez que debía presenciar la colocación de tal sobrellave y, si éste mostrase reparos, se autorizó al Secretario de la Academia para que acudiese a la citada autoridad provincial a fin de que designase una persona de su confianza que presenciara el acto. Pedro González se negó, con reiteración, a estar presente a la colocación y, por ello, se pidió al referido Jefe Político que manifestase si debía dejársele a dicho comisionado que continuase teniendo a su cargo aquel depósito o si él, como autoridad, tomaba a su cuidado el que no se sacase del local indicado cosa alguna y ordenaba retirarse al repetido comisionado, el cual, como única explicación de su conducta, dio una respuesta evasiva. Dijo que no podía dar el inventario, ya que por ser uno de los documentos de la anterior Comisión Recolectora había pasado a poder de la nueva Comisión Científica, la cual los tenía en su secretaría y se negaba a entregárselos. Confundía, pues, los términos tergiversando la cuestión. La Academia, extrañada de esta respuesta, le señaló un plazo de seis días para presentar los datos pedidos, lo cual fue inútil, por lo que más adelante le aplicó un correctivo. Por otra parte el Jefe Politico no sólo no había creído oportuno enviar una persona que presenciara la colocación de la sobrellave sino que pidió asesoramiento, sobre este asunto, a la Comisión Científica y a la Junta de Clasificación, dando lugar, con estas gestiones, a que pasasen algunos días aprovechados por dicha Junta para estudiar y clasificar los objetos depositados en los Mostenses y -sin conocimiento de la Academia- trasladar a Santa Cruz los que juzgó de mayor mérito artístico, dejando en la citada iglesia los que consideraba de poco interés, con el propósito de enajenarlos cuando el traslado terminase.
La contestación que al Jefe Político dio la Comisión Científica fue no solo totalmente opuesta a lo que la Academia proponía, sino negación absoluta al derecho que ésta creía tener a la posesión de las obras de arte, aconsejando que se la ordenase entregar las llaves de sus propias salas a fin de clasificar y estudiar los objetos depositados en ellas para llevarlos al edificio en que se iba a instalar el Museo según disponía la R. O. de 27 de mayo de 1837.
Fácil es adivinar la reacción de la Academia defendiendo su derecho de propiedad de tales obras de arte. Por ello su protesta ante el Jefe Político fue inmediata recordándole los antecedentes por los que habían sido depositados, también en los Mostenses, y las disposiciones dadas, que ya se han citado. Con este motivo se inicia una acalorada y apasionada controversia entre la corporación académica y el Jefe Político, que recogen las actas de aquélla, con alegaciones de ambas partes redactadas con la dialéctica y meticulosidad verbal propias de la época, las cuales ofrecen curiosos datos acerca del asunto y de su histaria.
El Jefe Político, como Presidente de la Comisión Científica y Artística, se mostró decidido defensor de ésta y sustentó el criterio de que no podían adjudicarse los objetos artísticos antes de ser clasificados, operación que realizaría la Junta Clasificadora. Después de esta clasificación -no antes-, decía la repetida autoridad política, la Academia podría solicitar de Su Majestad que se la adjudicasen a ella.
La corporación académica pretendía que antes de sacarse los objetas de arte de sus salas se aclarase si debían aplicarse, a su favor, el decreto y Ley de Cortes citadas y que, sobre todo, se dictaminase acerca de si la Comisión Científica y Artística de Valladolid había sido establecida debidamente ya que el artículo 8º de la R. O. de 27 de mayo de 1837 señalaba una excepción que creía afectaba a esta ciudad en donde las objetos artísticos ya se habían aplicado al museo de la corporación académica. Insistía en que dicha Comisión -a su juicio- no debía haberse creado en Valladolid par la sobredicha razón y, de crearse, debiera haberla sido sólo para los efectos científicos tales como bibliotecas, archivos y otros similares, pues los de arte ya estaban adecuadamente destinados y debidamente clasificados, trabajo realizado por Pedro González al colocarlos en las salas de la Academia y, después, al trasladarlos de los Mostenses a San Diego, por toda lo cual podría creerse innecesaria la Junta de Clasificación.
La corporación de Nobles Artes, creyendo conveniente poseer un inventario detallado de los cuadros, estatuas y láminas de cobre recogidos de los conventos y depositados en sus salas, encomendó su redacción al Teniente de la clase de Pintura, Francisco Saco, que le elaboró en breve tiempo ayudado por el Vicesecretaria, Sierra, en el cual consignaran el tamaño de los cuadros, asuntas y procedencias cuando éstas constaban al pie de los mismos, la clase del marco y otros detalles de interés (este inventario, o copia de él, existió durante algún tiempo entre los papeles de la indicada Comisión de Monumentos en donde actualmente no existe).
Como el intercambio de comunicados y sus correspondientes réplicas se hacía larga y apasionante, la Academia se percató de la inutilidad de sus reclamaciones y optó, a reserva de seguir defendiendo sus derechos donde creyera oportuna, par ceder manifestando al Jefe Político que estaba dispuesta a entregar, no las llaves de sus salas -que utilizaba a diario para las clases- sino los objetos en ellas colocados previas las formalidades de rigor. Nada tiene de particular esta resolución si se tiene en cuenta que los miembros de la Junta Seleccionadora habían sido elegidos entre los de la Comisión Científica y Artística y de la Academia. Así la avenencia pudo ser posible en breve tiempo.
Ante esta determinación el Jefe Político trató de desagraviar a la institución académica manifestando, en una declaración, los méritos que ésta tenía, y acordó que se realizase la entrega. Como trámite dispuso abrir un expediente para conocer lo efectuado por las personas que habían tenido a su cargo el inventariar, recoger y trasladar los objetos referidos, los cuales puso a cargo de Pedro Nicanor González, oficial del Gobierno Civil, y señaló el 27 de marzo de dicho año 1838, por la mañana, para que se le entregasen. Al acta acudiría el referido Jefe Político can el escribano del Gobierno, para que éste diera testimonia, y estarían presentes el Presidente de la Junta Clasificadora, Manuel Martínez Lazar, y el Viceprotector de la Academia, Mariano Caballero, con los secretarios de las respectivas corporaciones.
Acto de entrega no realizado
Llegada la fecha señalada se presentaron en el local de la Academia las personas designadas par el Jefe Político y, además, las que en su Junta ordinaria del día anterior había comisionado la corporación académica y algunas otras como Pedro González, que iba en representación de la Clasificadora. En aquella Junta se había acordado que la Academia reiteraría, cuando se hiciese la entrega, la protesta de que la efectuaba «sin perjuicio de reclamar ante la de San Fernando y ante el Gobierno de S. M.» por conducto del Protector (lo era don Manuel Joaquín Tarancón y Monzón, que residía en Madrid; terminó su cargo el 25 de mayo de 1849), que se hallaba en Madrid, exponiendo los hechos y razones alegados por ella a lo largo del asuntO. También había acordado pedir un recibo de los objetos que entregase y testimonio del actO.
Se revisaron, antes de hacerse la entrega, los cuadros, estatuas y demás efectos que serían traspasados utilizando, para ello, el inventario redactado por el Teniente de Pintura, Francisco Saco, y el Vicesecretario, Sierra. Sin embargo la entrega no llegó a realizarse ni tuvieron lugar las formalidades dispuestas en la Junta citada del 26 de marzo porque el comisionado Pedro Nicanor González exigió, de Pedro González Martínez, ciertas formalidades a las que éste no se mostró propicio, siendo tal incidencia la causa de que no se efectuase lo propuesto por el Jefe Político. Los objetos de arte, que sin duda eran los de mayor mérito, continuaron, por ello, en las salas de la Academia hasta 1841.
Siguen los trabajos de clasificación
Mientras tanto la Junta Clasificadora continuó sus trabajos de inventariar, clasificar y recoger los efectos que aún existían en los conventos suprimidos, trasladándolos a Santa Cruz, en donde se organizarían la biblioteca y el museo preceptuados.
Respecto de los libros y objetos de ciencia, aunque es asunto que aquí no se estudia, puede indicarse de pasada que poco después, por R. O. de 22 de septiembre del repetido año 1838 -general para toda la nación-, se hizo cargo de ellos a las Universidades como establecimientos públicos, aunque no como propiedad exclusiva. La entrega no tuvo lugar por entonces. Después de una previa clasificación en el convento de San Diego y, tal vez, en el de San Gregario, pasaron más tarde al edificio del Colegio de Santa Cruz en donde se colocaron en un lugar inmediato a la Biblioteca que fue del cardenal don Pedro González de Mendoza, a la cual se incorporaron, sirviendo de base para la formación de la posterior Biblioteca Provincial.
La Intendencia Provincial de Rentas intenta ocupar el edificio de Santa Cruz. Gestiones para impedirlo
Además de la Academia y de la Universidad que gestionaron la concesión, a su favor, del edificio del suprimido Colegio Mayor -adjudicado a la Comisión Científica y Artística como se ha indicado- aspiró al mismo la sobredicha Intendencia Provincial de Rentas con la finalidad de instalar, en él, todas las oficinas del Estado. Esto ocurría de diciembre de 1838 al mes de agosto siguiente.
Alarmada ante este proyecto la citada Comisión y Junta Clasificadora, ya en amistad con la Academia, pidió a ésta su apoyo para que dicha instalación no se realizase. Con tal motivo la corporación académica reiteró la exposición elevada a Su Majestad en 31 de octubre de 1836 a fin de que los edificios de los conventos suprimidos se dedicasen a fines culturales; y la Comisión Clasificadora dio cuenta al Gobierno y al Jefe Político de los efectos que había ya trasladado a Santa Cruz, los cuales eran unos 7.000 u 8.000 libros, habiendo otros 14.000 preparados para llevarlos al mismo edificio; y gran número de objetos de arte de diversos mérito, peso y tamaño, siendo algunos de difícil y peligroso traslado, inevitable si las referidas oficinas se instalaban en aquel edificio.
La gestión de la Comisión Científica y Junta Clasificadora fue atendida y el edificio de Santa Cruz le fue asignado definitivamente en 30 de diciembre de 1837 confirmando, Su Majestad, la concesión en 1840.”
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(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
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