Diálogo social y recorte de subvenciones     

Por José María Arévalo Riera

(Manifestación sindical)

Estoy asombrado de la capacidad de criticar a los demás que tienen los políticos. Acabo de leer una discusión entre Moreno Bonilla por el P.P. y el cabeza de Vox en la comunidad andaluza, en que se echan recíprocamente la culpa de no haber conseguido la mayoría absoluta eyn estas últimas elecciones generales, la verdad es que ambos me han convencido con sus argumentos y llego a la conclusión de que los dos tienen razón y que la culpa es de ambos partidos, cada uno ostenta buena parte de la culpa; es decir, entre todos la mataron y ella sola se murió.

Y esa misma sensación me ha dado la polémica sobre la ruptura del llamado “diálogo social” en nuestra comunidad de Castilla y León. El 21 de abril pasado publicábamos en estas páginas el artículo  “Recorte de las subvenciones  a sindicatos y patronal que propugna Vox en CyL” donde dábamos cuenta de cómo empezó la polémica, que puede verse todavía en https://www.periodistadigital.com/tresforamontanos/20230421/recorte-de-las-subvenciones-a-sindicatos-y-patronal-que-propugna-vox-en-cyl-689404848992/

En él recogíamos el comienzo de la polémica con las manifestaciones del consejero de Industria, Empleo y Comercio, Veganzones, de Vox, de que había acuerdo con el PP de reducir el gasto político: “Yo soy un fiel defensor del Diálogo Social. Ya lo dijo nuestro presidente [de Vox], Santiago Abascal, con la frase ‘diálogo social, por supuesto’. El Diálogo Social debe existir, pero dedicándose a lo que realmente debe dedicarse. No puede tratar la financiación de los propios agentes del diálogo social [UGT, CCOO y Cecale de Castilla y León] sino temas como vivienda, dependencia, sector forestal, empleo, prevención de riesgos laborales, educación… He sido coordinador del Diálogo Social en el Consejo Económico y Social (CES) y lo conozco de primera mano. No es normal que los agentes del Diálogo Social participen en las propias medidas que están negociando. La Inspección General de Servicios ya advirtió que no podían ser juez y parte en muchas medidas, como las subvenciones públicas, y hay sentencias del TSJ en este sentido”.  Y añadía que está reflejada en el presupuesto una reducción de 20,3 millones a sindicatos y patronal, dinero que se va a destinar a empresarios y trabajadores para las actuaciones en 2023 e incluso en 2022.

Cambio de criterio

Estábamos, ya digo, en abril, y después, en julio, tras cuatro meses de polémica, aparece en la prensa la noticia de que “Mañueco reactiva el Diálogo Social tras lograr la confianza de sindicatos y patronal. Junta y agentes sociales acuerdan abrir negociaciones en política de vivienda, formación, y competitividad e innovación empresarial para profundizar en nuevos acuerdos tras un año de parón y enfrentamientos.”

Efectivamente El Mundo del 27.07.23 informaba: “el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reactiva el Diálogo Social después de que los sindicatos mayoritarios dieran un voto de confianza al Ejecutivo autonómico para seguir avanzando en esta materia. Este nuevo punto de partida se produce después de un año de parón en este importante órgano para la Comunidad en el que se han sucedido los enfrentamientos, principalmente entre los sindicatos y la parte de Vox. Debido a la reactivación del Diálogo Social CCOO y UGT anunciaron que retirarán las demandas judiciales que han interpuesto por los «incumplimientos». Por su parte, el presidente de la patronal, Santiago Aparicio, aseguró que es el momento de «mirar hacia adelante» y seguir apostando por una herramienta que ha supuesto un gran beneficio para la Comunidad.

A pesar del compromiso, los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, aprovecharon la reunión del Consejo del Diálogo Social celebrada ayer en la sede de la Junta y a la que además del presidente de la Junta, asistió el vicepresidente, Juan García-Gallardo, para solicitar el cese del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, petición que fue rechazada por el propio Fernández Mañueco.

La Junta, CEOE, UGT y CCOO acordaron abrir nuevas mesas de negociación para avanzar en la búsqueda de acuerdos y dar  cumplimiento a los vigentes en nueve materias de diferente tipo. Además, lograron aprobar el IV Acuerdo Marco para la Competitividad y consensuar el futuro Plan de Responsabilidad Empresarial.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y Mariano Veganzones comparecieron juntos para informar del contenido de la reunión con los agentes económicos y sociales, con los que remitieron un comunicado conjunto. En concreto, las partes pactaron impulsar y, en su caso, reorientar mesas en política de vivienda; formación profesional y prevención de riesgos; competitividad e innovación empresarial; responsabilidad social en la contratación pública; transición justa; protección contra incendios forestales; sostenibilidad ambiental; políticas sociales y de juventud, y políticas de educación.

Asimismo, se publicarán «en próximas fechas» las convocatorias de agentes de Igualdad y de Juventud, cumpliendo la III Estrategia de Empleo; se aprobó el IV Acuerdo Marco para la Competitividad, que ha dado pie a nuevos planes de innovación e internacionalización y, a la vez, se consensuó un Plan de Responsabilidad Empresarial, que está listo para aprobarse y supondrá el primero de estas características en la Comunidad.

También, como establecía el orden del día de la reunión, se nombró como secretario de este órgano al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. Esta incorporación fue previamente acordada con los agentes sociales que forman el Diálogo Social, según las fuentes consultadas por este periódico. Es decir, UGT, CCOO y la patronal dieron el visto bueno a que Gago estuviera dentro del organismo. De esta forma el presidente de la Junta incorpora al número dos de la Junta, dentro de esta importante estructura en la Comunidad. Un movimiento del presidente de la Junta que refuerza la posición del Partido Popular en el Diálogo Social al estar dos piezas importantes del Ejecutivo dentro de este órgano: Luis Miguel González Gago, número dos del Gobierno, y Carlos Fernández Carriedo, número tres.

Se trata de un puesto que anteriormente ocupaba el viceconsejero de Empleo nombrado por Vox que estuvo tres meses en el cargo. Ahora el secretario del Consejo del Diálogo Social es el número dos de Gobierno autonómico.

La reunión, según fuentes de la Junta, transcurrió en un clima de «entendimiento» de las partes y con voluntad de diálogo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presidió ayer el encuentro, junto al vicepresidente, Juan García-Gallardo, y los consejeros de Economía y Hacienda e Industria, Comercio y Empleo, Carlos Fernández Carriedo y Mariano Veganzones.

En nombre de los agentes sociales y económicos acudieron el presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, y los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente.

Vox: no hay rectificación

Por su parte, el consejero de Industria, miembro de Vox, defendió el cumplimiento de «todos» los acuerdos alcanzados y la apertura de las mesas previstas por el Diálogo Social, por lo que consideró que hablar de lo contrario, como habían hecho los sindicatos, es partir «de una base errónea». Además, Mariano Veganzones señaló que si se produjera en algún caso se debe recurrir a la Comisión Permanente o al Consejo, como órganos colegiados. «Hasta ahora desde el punto de vista del gobierno de la Junta de Castilla y León no ha habido ningún incumplimiento y como tal el presidente y, como no puede ser de otra manera, es el árbitro del diálogo social, del Consejo del Diálogo Social y en esos términos se ha referido el presidente», dijo.

Agentes sociales

Desde CCOO, Vicente Andrés realizó un balance negativo del último año con diez demandas en los tribunales, querellas ante la Fiscalía y manifestaciones por los reiterados incumplimientos de la Consejería deIndustria, Comercio y Empleo, así como las calumnias vertidas por Veganzones contra las organizaciones sindicales.

Así, Andrés resaltó que mientras en las consejerías gobernadas por el PP se han producido avances, todo lo contrario ha ocurrido con los departamentos en manos de Vox, especialmente en la Consejería de Industria, con un entendimiento nulo e «insultos y acusaciones permanentes contra nosotros por parte del consejero». Aunque Vicente mostró su pesimismo y recalcó que las cosas «no van a ir bien», resaltó su compromiso a retirar demandas judiciales si se cumplen los acuerdos firmados.

No obstante, también argumentó que se hace necesario contar con personas que realmente defiendan el Diálogo Social, «un mecanismo que siempre ha demostrado que beneficia a todas las instituciones». A su vez, indicó que reclamó al presidente de la Junta que «restituya el reconocimiento de los sindicatos» y aseveró que en el caso de que no se produzcan avances «habrá conflictos». En la misma línea se pronunció el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, que aseguró que el primero que no ha cumplido ha sido el presidente de la Junta por haber tardado un año en convocar el Consejo del Diálogo Social, cuando lo pactado es que se celebren dos reuniones cada año.

Frente a los acuerdos con las consejerías de Familia, Hacienda, Educación y Medio Ambiente, Temprano lamentó el incumplimiento de acuerdos que estaban en vigor por parte de la Consejería de Industria.

Además, subrayó que «todos queremos avanzar y siempre estamos dispuestos a negociar, pero las demandas judiciales solo se retirarán si acaban los incumplimientos», aseveró, a la vez que reconoció que harán un esfuerzo por «mirar hacia adelante».

Por su parte, Santiago Aparicio indicó que CEOE llegó a la reunión con la intención de «dejar aparcado todos los insultos y reproches de este año, algo que no nos lleva a ninguna parte, para avanzar en las cuestiones importantes». Además, recalcó su compromiso con el Diálogo Social y CEOE y consideró clave que las tres instituciones estén a favor de empezar de nuevo y dejar atrás lo que ha pasado, «por muy doloroso que sea el mirar al pasado. Tenemos que ser capaces de seguir acordando programas e iniciativas que tanto han beneficiado a los ciudadanos de Castilla y León», apuntó. Por último, Aparicio subrayó que a pesar del trato «casi vejatorio», es el momento de mirar hacia adelante y «darnos otra oportunidad para trabajar».

En fin, llego a la misma conclusión con que inciciábamos este artículo; que todos tienen razón y que la culpa es de ambas partes, cada una ostenta buena parte de la culpa; es decir, entre todos la mataron y ella sola se murió.