¡Sánchez es un presidente ilegítimo en una organización criminal!

En La Retaguardia de este viernes 12 de diciembre, Eurico Campano analiza con Juanma Cepeda y Luis María Pardo las innumerables novedades en materia de corrupción y nuevos casos de acoso sexual en el Gobierno y en el PSOE. Y es que tanto asalto a las arcas públicas por parte de los socialistas obliga a llenar de abogados el programa si se quiere comprender mejor la gravedad de los presuntos delitos cometidos por toda la tropa que Pedro Sánchez ha ido colocando en las instituciones y en su partido.

La situación es bien conocida. Moncloa intenta mantener una imagen de normalidad, mientras el Gobierno se refiere a “casos aislados”. Sin embargo, la UCO irrumpe en empresas públicas, ministerios y entidades vinculadas al PSOE, llevando consigo órdenes de registro y detención. La opinión pública, por su parte, asiste al goteo constante de sumarios bajo secreto, informes policiales y comunicaciones internas que retratan un poder político acorralado por los tribunales y respaldado por una mayoría parlamentaria que se percibe tan ajustada como frágil.

En este panorama, la noción de un “presidente ilegítimo” ha dejado de ser un tema exclusivo de tertulias acaloradas. Ahora se alimenta de una realidad incómoda: la proliferación de causas penales que involucran a cargos actuales y pasados, empresas públicas y aliados del partido en el Gobierno. La cuestión no radica tanto en lo jurídico —Pedro Sánchez ha sido investido conforme a la ley que permite gobernar sin haber ganado las elecciones—, sino en lo político: ¿hasta qué punto la acumulación de estos casos socava la legitimidad práctica de su mandato y lo acerca, ante la mirada ciudadana, a la dirección de una estructura que los investigadores empiezan a calificar como “organización criminal” o “grupo criminal organizado”?

El núcleo del escándalo tiene un nombre: Leire Díez, exmilitante socialista conocida como la “fontanera” del partido por su dedicación a torpedear investigaciones judiciales contra la corrupción del Gobierno y en la que presuntamente ella también habría incurrido. La Audiencia Nacional ha ordenado su detención en una pieza secreta impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, junto al ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, debido a presuntas irregularidades en contrataciones públicas. A ambos se les imputan delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

La investigación, bajo el paraguas de la denominada “operación Leire”, va más allá de estos dos nombres. La UCO ha llevado a cabo 19 registros en diversas provincias —Madrid, Sevilla, Zaragoza, entre otras— centrados en entidades como SEPI, Mercasa, Enusa y empresas privadas con estrechas relaciones con contratos públicos. Entre los delitos investigados se menciona expresamente la organización criminal, lo que pone el foco no solo en acciones individuales, sino también en la existencia de una estructura consolidada para repartir comisiones y manipular contratos.

Un tercer detenido relevante es Antxon Alonso, propietario de Servinabar y socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Según los informes elaborados por la UCO, se indica que Servinabar habría operado como canal para cobrar comisiones asociadas a grandes obras públicas, con entradas aproximadas del 2 % sobre los contratos otorgados a grandes constructoras. Este porcentaje recurrente comienza a sonar menos a casualidad y más a tarifa establecida.

Se sabe que Leire Díez ha estado implicada en maniobras destinadas a desacreditar a mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, buscando neutralizar causas sensibles para el Gobierno. Ahora se sabe que Leire está relacionada con el presidente de la SEPI entre 2018 y 2019, Vicente Fernández, que habría facilitado las operaciones para el cobro y reparto de mordidas relacionadas con contratos públicos bajo sospecha. Junto a todo esto, se investiga si Servinabar actuó como eje central para las comisiones supuestamente asociadas con Santos Cerdán, quien ya había sido mencionado en otras causas por su papel dentro del PSOE.

El panorama que se perfila no es simplemente un desliz administrativo; más bien es el retrato de una red consolidada que une partido, Gobierno y empresas públicas alrededor de licitaciones, adjudicaciones y beneficios económicos.

Empresas públicas, energéticas y el enjambre societario

A medida que avanza la “operación Leire”, otras investigaciones enriquecen este mosaico. La UCO también ha registrado sedes de compañías como Forestalia, Plus Ultra y otras sociedades ligadas a contratos públicos en sectores clave como energía y transporte.

En relación con Forestalia, se investiga lo que parece ser un auténtico “enjambre” societario compuesto por cientos de empresas vinculadas a licencias eólicas y proyectos energéticos ligados a decisiones tomadas por altos funcionarios políticos. La sospecha principal: utilizar esta red para canalizar adjudicaciones millonarias bajo condiciones favorables e incluso encubrir comisiones o retornos irregulares.

Simultáneamente, una empresa pública involucrada en la operación Leire habría comprometido hasta decenas de millones de euros en contratos con Forestalia y sociedades afines. Este esquema conecta con posibles delitos como malversación y prevaricación según apunta la Fiscalía Anticorrupción. La repetición sistemática —mismas empresas, mismos intermediarios, similares porcentajes— refuerza las teorías investigativas sobre una lógica estructural detrás del fenómeno.

En este contexto, las figuras como Teresa Ribera y otros responsables políticos del área energética quedan bajo intenso escrutinio público. Aunque no hay imputaciones directas hasta ahora, se plantea un debate que trasciende lo jurídico hacia cuestiones más amplias sobre responsabilidad política respecto al marco regulatorio que permitió tal negocio con licencias.

Lo que ha quedado claro esta última semana es que las causas no avanzan paralelamente; más bien se cruzan entre sí. La trama relacionada con hidrocarburos que involucra al exministro José Luis Ábalos ha emergido como otro foco significativo dentro del Consejo de Ministros. La UCO ha documentado pagos en efectivo, regalos e influencias adquiridas a cambio de decisiones favorables relacionadas con combustible y logística. Todo esto orquestado por intermediarios que operaban entre despachos ministeriales y empresas del sector.

Según recientes revelaciones, algunos miembros implicados habrían utilizado dinero efectivo para “activar la voluntad” de responsables ministeriales ante decisiones específicas; un eufemismo judicialmente traducido como cohecho. Esta tensión ha alcanzado incluso al propio Consejo de Ministros donde han estallado discusiones internas entre quienes abogan por desvincularse del “abalismo” frente aquellos temerosos ante lo que podría desencadenar un distanciamiento abrupto dentro del PSOE.

Los informes elaborados por la UCO repiten patrones ya observados anteriormente:

• Utilización de intermediarios para negociar condiciones referentes a contratos relacionados con fuel.
• Realización de pagos efectivos así como compensaciones en especie dirigidas a cargos o ex cargos.
• Conexión evidente con empresas públicas y sociedades mixtas actuando como plataformas para contrataciones.

Este caso no solo deteriora aún más la figura ya desgastada de Ábalos tras el conocido “caso Koldo”, sino que refuerza esa percepción generalizada: los ministerios funcionaban como nodos dentro una red donde los intereses económicos difuminaban las diferencias entre lo público y lo privado.