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«¡No tienen vergüenza!»
Las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, donde perdieron la vida 46 personas en aquel fatídico día, sienten una profunda indignación ante lo que consideran una desvergüenza intolerable por parte de Óscar Puente.
El ministro, con sus declaraciones evasivas, sus intentos de minimizar responsabilidades y su insistencia en culpar a factores externos mientras esquiva cualquier autocrítica seria, ha herido aún más el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos.
A esto se suma la fría indiferencia de Pedro Sánchez, que no ha dedicado ni una sola visita personal a los familiares, no ha asumido públicamente ninguna responsabilidad política y parece haber relegado la tragedia a un segundo plano mediático, como si el luto colectivo no mereciera más que comunicados institucionales vacíos.
Produce especial irritación entre las familias la intervención de Sánchez en el Congreso, donde sacó pecho defendiendo que la vía cumplía «todos los protocolos de control y mantenimiento», alardeando de inversiones millonarias y repitiendo que el sistema ferroviario español es «uno de los mejores del mundo», mientras decía mentiras —o al menos verdades a medias— según denuncian muchos allegados y la oposición, al ignorar posibles negligencias previas, cambios de versión y la falta de autocrítica real.
En lugar de pedir perdón o mostrar humildad ante las víctimas, optó por atacar al PP, acusar de «bulos» y desinformación, y contraponer tragedias pasadas, lo que para las familias supone una provocación intolerable que transforma el dolor en rabia política.
Para ellas, esta combinación de cinismo ministerial y arrogancia presidencial no es solo una falta de empatía: es una segunda victimización que aviva su rabia y su sensación de abandono absoluto por parte de quienes deberían haber velado por la seguridad y, después, por la justicia y la dignidad de las víctimas.
El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero de 2026, es una de las tragedias más graves en la historia reciente del ferrocarril español: un tren Iryo (Málaga-Madrid) descarriló e invadió la vía contraria, colisionando frontalmente con un Alvia (Madrid-Huelva). El balance final es de 46 fallecidos y más de 150 heridos,
Las causas apuntan a problemas en la vía (como grietas o fallos en soldaduras entre tramos antiguos y nuevos), en un tramo que había sido renovado recientemente, aunque persisten debates sobre la responsabilidad del mantenimiento a cargo de Adif (dependiente del Ministerio de Transportes).
Las víctimas y sus familias han expresado públicamente indignación y dolor profundo.
Critican la actitud del presidente Sánchez durante intervenciones o comparecencias relacionadas con la tragedia, describiéndola como inapropiada (incluyendo referencias a risas o falta de empatía aparente, como en declaraciones de familiares que afirman que «estuvo riéndose, como si no tuviese 47 víctimas a sus espaldas»).
Esta percepción se ha amplificado en redes y medios, donde se habla de euforia o ligereza en respuestas políticas ante una catástrofe de esta magnitud.
Respecto a la responsabilidad política:
- El Gobierno (PSOE) ha defendido que el sistema ferroviario español es de los mejores del mundo, ha prometido transparencia, investigación exhaustiva y mejoras en protocolos de seguridad. Sánchez ha advertido contra «bulos» y desinformación que, según él, buscan generar miedo innecesario.
- Óscar Puente (ministro de Transportes) ha sido respaldado por el Ejecutivo, que considera que no hay responsabilidad penal o política directa que exija su dimisión. El Gobierno ha aprobado ayudas económicas rápidas (20 millones de euros en indemnizaciones iniciales) para evitar demoras como en casos anteriores (ej. Angrois).
- Sin embargo, la oposición (PP, Vox y otros) y parte de la opinión pública señalan negligencia en el mantenimiento de infraestructuras por parte de Adif/Renfe, y critican que se exonere a Puente pese a que las vías y su estado dependen de su ministerio. Hay menciones a que los heridos y moribundos quedaron abandonados más de una hora sin atención adecuada, lo que agrava la percepción de culpa gubernamental.
Además, se ha vinculado (en críticas opositoras y redes) la trama Koldo (corrupción con mascarillas) a Adif, alegando que se usó por su «mejor liquidez», lo que genera más desconfianza hacia la gestión de infraestructuras bajo este Gobierno.
El dolor de las víctimas es inmenso y legítimo, y su indignación ante lo que perciben como falta de empatía o asunción de culpas por parte del Ejecutivo (especialmente Sánchez y Puente) es un sentimiento compartido por muchos. La investigación sigue en curso (judicial y técnica), y solo sus conclusiones definitivas podrán aclarar responsabilidades plenas. Mientras, el foco debe estar en el apoyo real a las familias y en evitar que vuelva a repetirse una tragedia así.
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