La UCI carga contra el Gobierno Sánchez por instrumentalizar el deporte

La Vuelta Ciclista a España 2025 debía ser una fiesta del deporte, un escaparate internacional en el que España mostrara organización, seguridad y prestigio. Pero terminó convertida en un bochorno mundial. Y no por la entrega de los corredores ni por la capacidad de los organizadores, a quienes la propia Unión Ciclista Internacional (UCI) elogió por su profesionalidad en condiciones extremas, sino por la deliberada injerencia de Pedro Sánchez y su gabinete en una competición que debería haber permanecido al margen de la política.

La condena de la UCI ha sido tajante. No se trata de una crítica velada ni de un reproche técnico: es una desautorización frontal hacia un presidente que, en lugar de garantizar la neutralidad del deporte, aplaudió manifestaciones disruptivas que pusieron en riesgo la integridad de ciclistas y empañaron la competición.

La interrupción abrupta de la última etapa en Madrid, las agresiones, intrusiones y ataques sufridos por los corredores son la consecuencia directa de una incapacidad gubernamental que roza la complicidad.

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Cuando la UCI se pregunta públicamente si España está aún en condiciones de garantizar grandes eventos internacionales, no habla del buen hacer de organizadores ni de fuerzas del orden. Habla de la irresponsabilidad de un Ejecutivo que ha dejado a la Vuelta a merced de intereses callejeros y de un relato ideológico.

En palabras del organismo, «los actos reiterados que perturbaron la carrera constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte».

Pedro Sánchez no sólo permitió que esto ocurriera, también lo alimentó con gestos de simpatía hacia los responsables de los disturbios.

Su Gobierno decidió abrazar la consigna política y abandonar la misión de salvaguardar el deporte como espacio de unión, respeto y convivencia. Ese gesto no es menor: equivale a legitimar que una competición internacional sirva de pantalla partidista, aunque el precio sea la seguridad de los corredores y la imagen de España.

La pregunta que deja esta crisis es clara: ¿quién querrá confiar en España para organizar una gran competición tras este desastre? Los ciclistas salieron heridos, los organizadores resistieron y los cuerpos de seguridad contuvieron la ola de ataques, pero lo que queda manchado es el prestigio del país. Y esa mancha tiene un responsable con nombre y apellidos: Pedro Sánchez.

En lugar de ser el anfitrión que garantiza neutralidad y seguridad, el presidente convirtió la Vuelta en escaparate político y entregó a España al descrédito internacional. El daño ya está hecho. Lo peor, quizá, es que ni siquiera parece comprender la magnitud de su error: cuando el deporte debía ser unión y paz, él optó por la división y la propaganda.