Fue en el programa Espejo Público de Antena 3. El presidente del Gobierno era entrevistado por Susanna Griso. Pedro Sánchez dijo: “Las empresas eléctricas cobran a precio caro de la electricidad de gas lo que producen barato con energía renovable».
Sin embargo no se esperaba la respuesta de la periodista. Susanna Griso le espetó que las eléctricas no han presentado ningún beneficio extraordinario en España y que el 80% de la demanda eléctrica está cerrada desde hace años a un precio fijo, así que difícilmente podrían tener un beneficio caído del cielo.
Pasó un segundo como un siglo. El presidente del Gobierno no sabía que decir salvo repetir una y otra vez el mismo falso y falaz mantra. Griso había desenmascarado a un presidente que quería utilizar a las eléctricas como un nuevo señuelo movilizador de su electorado.
El mismo argumento que ha utilizado el Gobierno en Bruselas. Pero esta vez no ha colado. Las aclaraciones de las eléctricas y, sobre todo, la respuesta de Griso a Sánchez ha sentado muy mal en Bruselas.
La Unión Europea no puede admitir que se le mienta. “No es de recibo que el Gobierno de España plantee en la UE que las eléctricas españolas tienen beneficios extraordinarios y luego resulte que es mentira”, señala un funcionario español de la Comisión.
Dicen que a Bruselas ha llegado la mismísima entrevista. Pero, peor aún, cuando las autoridades comunitarias han respondido al Gobierno de España que difícilmente pueden tener beneficios extraordinarios aquellos que ya tenían el 80% de la demanda eléctrica vendida a precios fijos, los representantes del Ejecutivo español enmudecen.
Saben que el problema está en el otro 20%, aquella parte de la demanda eléctrica acogida a la tarifa regulada que solo en el caso de España está indiciada a los precios internacionales y que sólo el Gobierno de España puede reformar como ya ha hecho el de Portugal.
Más a más, las autoridades comunitarias temen que el déficit tarifario que se puede generar derive en más déficit público, más deuda, nueva intervención del BCE y el encarecimiento del coste del dinero, el tipo de interés, que supone añadir al riesgo regulatorio un diferencial mayor para el crédito.
