Cuántos años se tarda en echar a un okupa

Recuperar una vivienda cada vez cuesta más tiempo y recursos.

Actualmente, el plazo medio se ha ampliado hasta alcanzar 20,5 meses, entre los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los de las Audiencias Provinciales. Así lo desvelan los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil se situó en 10,9 meses en 2022, frente a los 9,6 meses de un año antes. En solo cuatro años, el plazo se ha más que duplicado (en 2018, el promedio en el conjunto del país se encontraba en 4,9 meses).

Pero a esos tiempos hay que añadir lo que tardan las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles, que en 2022 registraron una media de 9,6 meses, también por encima de los 8,5 meses de los dos años anteriores y de los menos de 7 meses contabilizados en 2017 y 2018.

En ambos casos, se trata de la cifra más alta de la serie histórica del CGPJ y eleva el plazo medio total en más de dos meses respecto a 2021, tras pasar de 18,1 meses a los 20,5 actuales. Sin embargo, los datos difieren en función de las comunidades autónomas.

Las autonomías más lentas

En regiones como Baleares, Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana, el procedimiento en primera instancia supera los 11 meses e incluso el año, algo que sucede en Andalucía y Murcia. Al otro lado de la tabla están La Rioja, Navarra y País Vasco, con una media inferior a los siete meses.

Si a esos plazos añadimos los promedios autonómicos de las Audiencias, cuatro de esas regiones repiten en lo alto de la clasificación nacional, con periodos superiores a la media. Se trata de Andalucía (22,5 meses), Baleares (23,2 meses), Canarias (23,5 meses) y Castilla y León (31,5 meses). En este último caso, cabe destacar los casi 20 meses que se retrasan las apelaciones de sentencias, lo que más que duplica el promedio nacional. Esto provoca que el plazo total supere los dos años y medio.